Muy ligado con lo anterior, esto es, con los derechos colectivos de las trabajadoras y los trabajadores, se encuentra el conflicto suscitado en estos meses a raíz de la dilación en el despacho de la Ley Corta Portuaria, que beneficia a los trabajadores portuarios por el no pago de su media hora de colación desde el año 2005; ello pues desde el gobierno hay voces que advierten que no corresponde el pago de dichas sumas con cargo al erario nacional por tener su origen en un conflicto entre privados, lo que abriría una caja de Pandora frente a pasados y futuros conflictos.
El periodo de instalación de cien días, autoimpuesto por el actual gobierno, va llegando a su fin; lo que implica que los grandes titulares programáticos que adornaron la campaña y esta centuria deben materializarse, si no en proyectos legislativos, al menos ser precisados; tarea que no resulta fácil si se toma en consideración las enormes tensiones existentes al interior de la Nueva Mayoría.
Es siempre más fácil encontrar puntos de convergencia que de división, y hacer de aquellos verdaderos puntales en periodos de crisis, o en este caso de instalación. Así, asistimos a un cierre de filas en torno a los proyectos de reforma al sistema electoral binominal y en materia tributaria, verdaderos caballos de batalla que han permitido a La Moneda articular voluntades al menos en el plano adjetivo o procedimental, poniendo paños fríos a la interna respecto del debate en torno a los aspectos fundamentales del modelo económico y social que impera en nuestro país.
Las tensiones ideológicas, que desde luego pueden percibirse en torno a estos dos proyectos de ley, son ostensiblemente menores en relación a las magnitudes que adquieren en el plano educacional y laboral, lo que mantiene paralizado al gobierno en materias sensibles, obligando a los ministros de turno a realizar contorsiones, maromas y piruetas acordes al gusto de cada actor con el que dialogan, prácticas ya denunciadas por los estudiantes el 8 de mayo y por diversos actores del mundo del trabajo, entre los que se encuentran los trabajadores portuarios.
Todo parece indicar que la política de los consensos está ganando la partida en estos momentos, manifestándose en señales preocupantes para el mundo social y en particular para los trabajadores y trabajadoras.
[cita]Muy ligado con lo anterior, esto es, con los derechos colectivos de las trabajadoras y los trabajadores, se encuentra el conflicto suscitado en estos meses a raíz de la dilación en el despacho de la Ley Corta Portuaria, que beneficia a los trabajadores portuarios por el no pago de su media hora de colación desde el año 2005; ello pues desde el gobierno hay voces que advierten que no corresponde el pago de dichas sumas con cargo al erario nacional por tener su origen en un conflicto entre privados, lo que abriría una caja de Pandora frente a pasados y futuros conflictos.[/cita]
Para quienes trabajamos hace muchos años en el seno del movimiento sindical nos resulta alarmante la exclusión del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo CENDA, de la Comisión Previsional instalada por la Presidenta Bachelet. Académicos de la talla de Manuel Riesco y Hugo Fazio, de dilatada trayectoria y relación con el mundo del trabajo, han quedado desplazados de la principal instancia de debate técnico en torno al sistema de pensiones, lo que asumimos ha sido motivado por su consecuente cuestionamiento al actual sistema de AFPs y su propuesta en torno a un sistema de reparto, solidario y tripartito, que cuenta con un gran respaldo entre las trabajadoras y los trabajadores del país.
Asimismo ha resultado alarmante las derivadas del proyecto de ley de fin al Multi Rut, que lejos de facilitar la interpretación de la ley en materia del concepto de empresa –que ya es negativo– y su relación con el subterfugio, impone más requisitos a trabajadoras y trabajadores para acreditar la existencia de una sola empresa por sobre las individualidades legales determinadas; cuestión denunciada por connotados juristas y que pone en peligro en el plano jurisdiccional los avances en la perspectiva de la protección de los derechos colectivos, que caminan en la línea de la buena doctrina de la Corte Suprema, como ha sido confirmar las facultades de la Dirección del Trabajo en materia de interpretación de la ley y calificación por parte del ente administrativo de relaciones jurídicas subyacentes y existentes de facto.
Muy ligado con lo anterior, esto es, con los derechos colectivos de las trabajadoras y los trabajadores, se encuentra el conflicto suscitado en estos meses a raíz de la dilación en el despacho de la Ley Corta Portuaria, que beneficia a los trabajadores portuarios por el no pago de su media hora de colación desde el año 2005; ello pues desde el gobierno hay voces que advierten que no corresponde el pago de dichas sumas con cargo al erario nacional por tener su origen en un conflicto entre privados, lo que abriría una caja de Pandora frente a pasados y futuros conflictos. Al margen de la responsabilidad de la Administración por la ausencia en el cumplimiento del rol fiscalizador, lo cierto es que no existen instrumentos legales que obliguen a los empleadores a ser parte de negociaciones interempresas o por rama o sector económico; ausencia que ha devenido en un verdadero subsidio a los empresarios en el marco de la total desregulación de la condiciones de la compra y venta de la fuerza de trabajo, constituyendo la verdadera raíz del problema que el gobierno pretende mitigar con proyectos de ley superficiales, como lo son el de fin al MultiRut y la Ley Corta Portuaria.
Las condiciones del escenario político y social obliga a quienes formamos parte técnica de las franjas de trabajadores organizados, así como centros de estudios del trabajo y mundo académico comprometido con las transformaciones de fondo, a constituirnos en una red que permita dar sustento a las demandas de las trabajadoras y los trabajadores, pero asimismo acompañar los procesos de recomposición sindical de cara a la agenda laboral que se viene instalando desde La Moneda, sobre todo cuando comienza a tomar forma el debate del Salario Mínimo y se preparan en la cocina las reformas laborales y previsionales ya anunciadas en el programa de la Nueva Mayoría.
