Para el liberalismo es deber del Estado hacerse cargo de mermar la influencia de las desigualdades arbitrarias sobre sus ciudadanos, por lo que debe brindar las herramientas y garantías necesarias para que las personas puedan hacer que sus decisiones libres sean las que determinen el curso de su vida, en mucho mayor medida que lo que actualmente ocurre.
El liberalismo nos permite elaborar argumentos para afirmar que el actual modelo económico que defienden los grupos conservadores en Chile es injusto y está muy lejos de lo éticamente correcto.
Nunca es tarde, los hechos y movilizaciones del 2011 nos golpearon en la cara diciendo que el modelo de libre mercado a la chilena sólo beneficia a los más poderosos. Un dato que se evidenció en las elecciones pasadas y que en estos días curiosamente enfrenta a los mismos poderosos de siempre, la Nueva Mayoría y la Alianza.
En Chile, hace ya varios años, las elites gobernantes han asumido que el libre mercado es una herramienta eficaz para ordenar las preferencias de las personas y estructurar la oferta y la demanda. Tal creencia resulta ser un grave error porque, en rigor, existen desigualdades intolerables entre las personas, que están dadas claramente por diferencias de procedencia en su mayoría. Esta realidad se ve reflejada en quienes participan de las ganancias de las empresas y del capital y, por otra parte, en aquellos grupos donde la movilidad social está ausente, ya que nacen en un contexto adverso con un horizonte de posibilidades muy reducido.
Para el liberalismo, este tipo de desigualdades son intolerables, y se constituye un deber exigir al Estado que procure mecanismos redistributivos y exigentes pautas de fiscalización del mercado, como una manera de mermar estas tremendas e injustas diferencias, y de esta forma lograr una sociedad más justa.
Pero aquí se presenta el gran problema. En Chile la gran mayoría de quienes están en posición de toma de decisiones, son justamente las mismas elites que concentran el poder y las mismas que se han visto beneficiadas con el modelo, y resulta muy difícil pensar que los incumbentes propongan mecanismos redistributivos suficientes como para contribuir a que la sociedad chilena tienda a aminorar, en una medida satisfactoria, los efectos de las desigualdades arbitrarias.
[cita]Para el liberalismo es deber del Estado hacerse cargo de mermar la influencia de las desigualdades arbitrarias sobre sus ciudadanos, por lo que debe brindar las herramientas y garantías necesarias para que las personas puedan hacer que sus decisiones libres sean las que determinen el curso de su vida, en mucho mayor medida que lo que actualmente ocurre.[/cita]
Nuestra clase dirigente, cooptada por las elites económicas, constituye una gran barrera para el real avance hacia una sociedad más libre y justa, con mecanismos redistributivos y una exigente fiscalización del funcionamiento del libre mercado, esta es la principal demanda que el liberalismo le hace a nuestro sistema político y económico, el que evidentemente en Chile no se ha hecho cargo de paliar los efectos de aquellas desigualdades arbitrarias que no son producto de las decisiones de las personas libres e iguales.
La existencia de grandes y profundas desigualdades arbitrarias en nuestro país, está consolidada en un círculo vicioso de marginación y desventajas latentes, que mantienen a gran parte de los chilenos fuertemente atados a los vaivenes del azar, mucho más de lo que podría admitirse como el resultado normal de la incertidumbre propia de no tener control sobre todo en nuestras vidas.
Para el liberalismo es deber del Estado hacerse cargo de mermar la influencia de las desigualdades arbitrarias sobre sus ciudadanos, por lo que debe brindar las herramientas y garantías necesarias para que las personas puedan hacer que sus decisiones libres sean las que determinen el curso de su vida, en mucho mayor medida que lo que actualmente ocurre.
La principal herramienta para que el Estado ayude a que las personas puedan ser realmente responsables por sus propias vidas, es la adecuada provisión de educación, entendida como un instrumento fundamental en la generación de movilidad social. Los países con mejores tasas de movilidad social son los que tienen educación pública de calidad. Educación de calidad y preferentemente pública que integre a personas social y culturalmente diferentes.
Educación pública como un derecho a ser educado, educación que deje de ser pensada como un bien que se compra y se vende en el mercado y pase a ser entendida más bien como un derecho ciudadano.
La educación evidentemente es un tema que ha dado mucho que hablar estos años y es sin duda la herramienta capaz de producir transformaciones tales como mejorar un modelo económico espurio y un sistema político que requiere, también, urgentes transformaciones, como el sistema electoral, la ley de partidos políticos, la reforma tributaria, entre otras.
