Parece ser que el Gobierno, con el apoyo de Amplitud, está sacando adelante su proyecto de modificación del sistema binominal. Éste consiste, no olvidemos, en aumentar la dotación del Congreso en 35 diputados y en 12 senadores (un 29,2% y un 31,6%, respectivamente), y está acompañado por una fuerte campaña promocional que asegura que tal incremento no generará desembolso adicional alguno, ya que su financiamiento provendrá de la reestructuración del actual presupuesto del Congreso.
No sé si coincidirá usted conmigo, pero para mí este proyecto y el proceso que se ha desarrollado para conseguir aprobarlo, son un verdadero manantial de conocimiento, una invaluable fuente de sabiduría, acerca de cómo funciona nuestra institucionalidad y cuál es la forma de actuar de nuestra clase política. Permítame exponerle algunas de las profundas enseñanzas que nos ha dejado en el breve lapso que dura su trámite.
En primer lugar, nos ha revelado que el cuarto párrafo del artículo 67 de nuestra Constitución, es letra muerta; que no sirve para nada, porque nadie lo respeta ni lo considera.
¿En qué me baso para respaldar tal afirmación? Se lo explico. La citada norma señala textualmente: “No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto”.
La primera pregunta que cabe hacerse al respecto es: la reforma al binominal, ¿conlleva un nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación? Parece evidente, ¿verdad? Desde luego que sí, y bastante grande. Es cosa de tomar nota y sumar: las instalaciones necesarias para recibir a los nuevos parlamentarios ―oficinas para ellos y sus asesores, salas de reuniones, cafeterías, casinos, ampliación de los hemiciclos (¿pueden ampliarse?; ¿caben allí los nuevos parlamentarios?) y estacionamientos, entre otras― no surgen por generación espontánea; tampoco pueden hacerse aparecer mágicamente (de hecho, hasta el momento no se ha reportado que en el gabinete o en el Congreso exista un hechicero o hechicera, salvo que, producto de su atractivo, le brindemos tal calificativo a alguna ministra o parlamentaria). Hay que diseñarlas, construirlas y habilitarlas. El equipamiento del que deben ser dotados todos los recién llegados congresales ―muebles, útiles de escritorio, laptops, celulares, software, etc. (sería muy interesante conocer el detalle completo)―, tampoco cae del cielo como el maná. Aunque a los autores del proyecto les resulte difícil aceptarlo, hay que comprarlo. Y pagarlo, por supuesto. Y todos los gastos asociados a los nuevos parlamentarios ―remuneraciones y asignaciones, seguros, casino, viáticos, pasajes y un largo, pero muy largo, etcétera―, no provienen de la misericordia divina; hay que, por desgracia, solventarlos, y es el Estado quien está obligado a hacerlo. Todo esto representa muchos millones, tanto lo que es inversión (me permitiré, por el momento, excluir de esta columna el debate conceptual de si los chilenos, al solventar las instalaciones necesarias para albergar a los nuevos parlamentarios, estamos realmente haciendo una inversión) como en lo que es gasto mensual.
Lo invito a que analicemos con algo más de profundidad este último concepto (gasto mensual) para determinar la real factibilidad de financiar los nuevos desembolsos mediante reasignación del actual gasto. Para ello es necesario tener presente que, por concepto de remuneraciones y asignaciones, nuestros senadores reciben poco más de $ 25 millones y nuestros diputados, unos $ 22 millones, ambos mensuales. La siguiente tabla muestra una comparación del gasto adicional mencionado ―el que corresponde a los nuevos diputados y senadores― con los presupuestos 2014 del Senado y de la Cámara (están en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-111735_doc_xls.xls) en millones de $:
Ésta, ni más ni menos, es la situación, estimado lector. Mirando las cifras fríamente, ¿les cree usted a nuestras autoridades cuando nos dicen que el financiamiento adicional requerido provendrá de una reasignación del actual gasto?
Veamos si ello es factible: las actuales remuneraciones son intocables, ya que corresponden a los parlamentarios en ejercicio y a personal de planta. Los bienes y servicios de consumo podrían disminuirse, pero en un porcentaje menor (se supone que son bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de ambas instituciones). Además, su monto total es claramente inferior al incremento previsto. La única parte de donde podría salir el financiamiento requerido sería de las asesorías (transferencias), las que tendrían que disminuirse en un 56,4% para conseguir ese propósito. Coincidirá usted conmigo que eso es imposible (es cosa de fijarse en quiénes les prestan asesorías a nuestros parlamentarios para darse cuenta de ello). Y, como resulta evidente, no hay manera, con esta estructura de gasto, de financiar las inversiones (¿?) que requiere la ampliación prevista para ambas cámaras.
De manera que nuestra Presidenta, si de verdad respetara el texto constitucional, debería haber expuesto los montos involucrados en su proyecto: cuánta inversión y cuánto gasto; debidamente acompañados, por supuesto, por las fuentes de donde pretende obtener los recursos necesarios para enfrentarlos (que, como ya vimos, no corresponden a una reasignación del gasto ya que ésta no es posible).
Convendrá usted conmigo, estimado lector, que pedirles a los diputados ―una de cuyas funciones es, precisamente, fiscalizar al ejecutivo― que cumplan con sus obligaciones y exijan que se remedie tan grave omisión es, luego de observar su vergonzoso comportamiento en la aprobación del proyecto de reforma tributaria, perder el tiempo. No tiene sentido. Nada puede lograrse por ahí. Ninguno de los senadores, por su parte, ha alzado la voz para poner el tema sobre la mesa, así que podemos tener la certeza de que no les importa.
De manera que ésa es la triste situación del párrafo cuarto del artículo 67 de nuestra Cata Fundamental: a nadie le interesa. Aunque queda todavía, debo admitirlo, la intervención del Tribunal Constitucional para restablecer el imperio del derecho. Sin embargo, ¿estará a la altura?
¿Y las demás revelaciones? Se las detallo:
Se nos ha revelado lo que, en su fuero íntimo, quienes están en el gobierno piensan acerca de todos los ciudadanos de este país: que somos unos descerebrados, una tropa de cretinos capaces de comulgar con ruedas de carreta sin importar el tamaño que éstas tengan, y que gracias a ello pueden plantear lo que se les ocurra, por falaz y descabellado que resulte, sin consecuencias posteriores. Como en este caso.
También se nos ha revelado (aunque en este caso deberíamos decir que se ha confirmado) que el real aporte que efectúa a nuestro proceso legislativo la Cámara de Diputados, es nulo; que se trata de una institución perfectamente prescindible (le vuelvo a recordar que, aunque parezca increíble, es ella la encargada de fiscalizar al ejecutivo). Y en tal caso, apreciado lector, ¿qué razón justificaría incrementar su tamaño con 35 nuevos miembros? ¿Para qué? ¿Para malgastar aún más dinero? Si actuamos en tal dirección, es porque algo anda demasiado mal en nuestro país.
Otra revelación que ha surgido de este pozo de sabiduría es que Amplitud, que parecía un interesante prospecto político, es más de lo mismo: cero aporte; sólo transacciones destinadas a obtener provecho político para su propio molino. Una lástima.
Se nos ha revelado además, que para la Nueva Mayoría (y para Amplitud y algunos “independientes” también) la palabra del Gobierno está por sobre las consideraciones humanas; que para ellos, cuando la Presidenta habla, cuando ella asegura que el nuevo proyecto no requerirá financiamiento adicional, es como si el Papa saliera a predicar algún dogma: es infalible. La aseveración no requiere demostración (o sea, es un dogma), sólo porque ella lo dice. ¿Qué le parece? Es una prueba fehaciente de la evolución: el ser humano adquiriendo características divinas. En todo caso, qué curioso es constatar cómo líderes aparentemente tan opuestos, son tan semejantes en las mentes de sus fieles seguidores.
Y por último (hay más, pero detallarlas me significa alargar el articulo en demasía) también ha surgido de este manantial del saber el convencimiento de que a la clase política, tanto al gobierno como a la oposición, no le interesa en lo más mínimo el bienestar del país, sino sólo el suyo propio; y que para lograrlo, están dispuestos a recurrir a lo que sea, incluso a propalar falsedades.
¿O le parece, estimado lector, que declarar que el financiamiento de la reforma al binominal provendrá de un reacomodo del presupuesto existente, no es una falsedad? Se lo dejo de tarea. Piénselo.
