En este nuevo escenario postacuerdo tributario, se requiere más que nunca de un mundo social fuerte y con capacidad de presión, que exija las reformas faltantes y que incluso proteja a la reforma educativa de las fuerzas que al interior de la coalición de gobierno bregan por un cambio de estrategia.
Tenía pensado escribir esta columna hace un tiempo, mi idea era decir que lo propuesto hasta ahora por el gobierno en educación representaba un avance cualitativo y que, aunque faltaban elementos claves, como, por ejemplo, un nuevo diseño del sistema público (nuevo en administración y en forma de financiamiento), pensaba que alguien de izquierda ajeno a Nueva Mayoría, como es mi caso, debía reaccionar a la reforma aplaudiendo y defendiendo lo grueso de lo propuesto, y criticando y presionando por lo faltante.
Sin entrar en detalles, el plan de la columna era resaltar, por el lado del lucro, la propuesta de la reforma de no permitir el arriendo, para así evitar que, tal como ocurre en el sistema universitario, los controladores del establecimiento se autoarrienden la infraestructura para retirar utilidades cobrando sobreprecios. Además quería enfatizar la importancia político-ideológica de lograr sacar (no regular) el negocio de un derecho social. Disputa ideológica que, en caso de ganarse, se podría proyectar a otras áreas de las políticas sociales, tales como la salud o previsión social.
En cuanto al copago, el asunto era celebrar la apuesta por el no pago de los derechos. Y, de paso, resaltar que, así como es inaceptable que como sociedad permitamos que la clase media pueda pagar para que sus hijos no estudien con los pobres, cuestión que en buena hora altera la reforma, el mismo razonamiento hace también inaceptable que la elite pueda aislarse del resto del país en los colegios particulares pagados, aspecto no tocado por la reforma. Así, mi estrategia era defender el principio del no pago, aplaudiendo en los casos en el que se aplica y cuestionando los ámbitos en los que la reforma propone que nos sigamos haciendo los lesos.
A su vez, así como pensaba resaltar las propuestas de cómo terminar con el lucro y el copago, creía necesario señalar las importantes falencias que tiene la propuesta para eliminar la selección de estudiantes. El tema era preguntarse por qué, si queríamos abandonar 30 años de experimento neoliberal en educación, íbamos a proponer un sistema «a la chilena», experimentando nuevamente al implementar un sistema de selección aleatorio pero realizado por los colegios. Por qué no, simplemente, avanzar hacia un sistema centralizado, recogiendo la amplia experiencia internacional de sistemas en los que se conjuga eficientemente la no discriminación de estudiantes, la equidad y el respeto a las preferencias de los padres.
[cita]En definitiva, pensé que, aunque lo sucedido con el acuerdo para la Reforma Tributaria nos daba la razón a quienes hemos insistido en la capacidad de la Concertación (y eventualmente de la Nueva Mayoría) de diluir cualquier reforma sustantiva al modelo social y económico heredado de la dictadura, en política hay algo más importante que tener la razón, y esto es hacer todo lo que uno pueda para lograr equivocarse cuando la predicción es la derrota.[/cita]
Por último, iba a señalar que no nos podíamos quedar a medio camino. Que la positiva orientación de estas reformas requería ser complementada con una profunda transformación al sistema público. El que no sólo debe desmunicipalizarse, rompiendo la correlación entre los recursos del municipio y la calidad de la educación impartida, sino que además debe romper con la lógica –propia del sistema de vouchers– de competencia por los alumnos. Un nuevo sistema donde el Estado abandone la neutralidad en la asignación de sus recursos y dé un financiamiento estable y cuantioso al sector público para que éste recupere su matrícula y se transforme en el paradigma de calidad.
La idea era rematar mi columna diciendo que el escenario estaba abierto. Que así como podíamos retroceder lo avanzado, también podíamos ganar esta disputa política, logrando además una propuesta de cambio profundo al sistema público. Que, dado este campo de disputa, me parecía una estrategia innecesaria, e incluso peligrosa, relativizar la importancia de lo avanzado, como una forma de reforzar la presión por conseguir las importantes omisiones. Que tal estrategia no se hacía cargo del avance político que ha tenido la derecha y los sectores conservadores de Nueva Mayoría en su afán de debilitar el apoyo de los apoderados a las ideas de la reforma, ideas que, más allá de las omisiones, son y han sido parte del planteamiento del mundo social. Que la derrota de esas ideas, era también nuestra derrota.
Iba a escribir esta columna y vino el acuerdo del Senado por la Reforma Tributaria.
Mi primera reacción fue pensar que este nuevo consenso era sólo un adelanto de lo que pasaría en educación. Así, después de unas conversaciones en alguna casa del barrio alto, se permitiría el arriendo de colegios, el copago se acabaría en 50 años, se le daría más autonomía a los colegios en el proceso de selección y escucharíamos frases como «este es un gran acuerdo», «lo hacemos por el bien y la estabilidad de Chile», etc. Entonces, pensé que esto nos daba la razón a quienes nunca hemos creído que Nueva Mayoría sea un proyecto con capacidad transformadora. Y que, en este nuevo contexto, tenía poco sentido escribir la columna en cuestión.
Luego, al darle otra vuelta, pensé que ahora era incluso más urgente que la izquierda y el mundo social defendieran los avances propuestos. Con renovadas desconfianzas de lo que el gobierno puede terminar haciendo, pensé que, una vez que la propuesta está en el debate público, ya no pertenece al gobierno. Que, tal como ha demostrado el vuelco en lo tributario, el gobierno puede cambiar de estrategia reculando en su apuesta transformadora en educación. De esta manera, se debe defender políticamente a estás banderas de lucha, a saber, el no lucro, el no pago y la no selección, disputando el sentido común casa a casa, colegio a colegio, tal como lo está haciendo en solitario la derecha. Esto no sólo significa jugar un rol relevante en esta disputa político-cultural, sino que además aumenta la presión al gobierno para que no eche pie atrás.
Concluí que, en este nuevo escenario postacuerdo tributario, se requiere más que nunca de un mundo social fuerte y con capacidad de presión, que exija las reformas faltantes y que incluso proteja a la reforma educativa de las fuerzas que al interior de la coalición de gobierno bregan por un cambio de estrategia.
En definitiva, pensé que, aunque lo sucedido con el acuerdo para la Reforma Tributaria nos daba la razón a quienes hemos insistido en la capacidad de la Concertación (y eventualmente de la Nueva Mayoría) de diluir cualquier reforma sustantiva al modelo social y económico heredado de la dictadura, en política hay algo más importante que tener la razón, y esto es hacer todo lo que uno pueda para lograr equivocarse cuando la predicción es la derrota.
