El propio Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU, al momento de visitar el centro de tortura de la ESMA en junio de 2011, señaló –después de tomar un pañuelo blanco de manos de Estela Carlotto, símbolo de su lucha por la verdad y la justicia–: “En la Argentina la era de la impunidad ha terminado, la era de la rendición de cuentas ha llegado.” Gestos como el del fallecido presidente Kirchner, descrito en este mismo medio por Marco Fajardo el pasado 8 de agosto, quien ordenó descolgar del colegio Militar los cuadros de los dictadores que habían perpetrado desde el Estado la peor masacre de que tengan memoria los argentinos, precisamente permiten avanzar hacia dicho objetivo.
Laura Carlotto, hija de Estela Barnes de Carlotto, Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, fue secuestrada y torturada durante la última dictadura militar argentina en un centro clandestino de detención en la ciudad de La Plata, conocido como La Cacha. Al momento de su secuestro, ocurrido en noviembre de 1977, Laura, entonces estudiante de Historia, y militante en la juventud universitaria peronista, estaba embarazada de tres meses. Laura dio a luz en cautiverio, encadenada con grilletes y con una capucha en la cara. Su hijo, al que sólo pudo tener en brazos cinco horas, se llamó Guido, como el padre de Laura (marido de Estela, también secuestrado y torturado). Como Laura no soltaba a su bebe recién nacido, como se aferraba a él con todas sus fuerzas, los militares decidieron dormirla con inyecciones: Laura no quería soltar a su hijo. No quería. “Guido, como tu abuelo, así te vas a llamar”, le susurró Laura al oído a su hijo recién nacido apenas lo tuvo en sus brazos. Luego le robaron a su bebe y la mataron de un disparo en la cara. A Estela Carlotto le entregaron el cuerpo muerto de su hija Laura, pero jamás le entregaron a su nieto. El padre de Guido, Oscar Montoya, también fue asesinado. Guido descubrió, 36 años después, su verdadero nombre. Lo acaba de recuperar.
El caso de Laura representa uno de los capítulos más oscuros (de los muchos que hubo) de la dictadura argentina: el robo de bebés. El secuestro de esos (hoy) jóvenes no es un crimen pasado sino presente: es un delito que se sigue cometiendo. Muchos están aun hoy privados de su identidad. No saben quiénes son. No conocen su historia. Por eso, casos como la recuperación de Guido, nieto de Estela, en pleno 2014, a casi 37 años de su secuestro, conmocionan a todos los argentinos. Porque cada nieto apropiado que se recupera, tanto tiempo después, es un pedazo de verdad de la Historia argentina que se conoce. Una verdad que –finalmente– alcanza la luz. Una victoria de esas abuelas que no han cesado en su lucha por recuperar esa parte de sus vidas que les fue brutalmente arrebatada.
[cita]El propio Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU, al momento de visitar el centro de tortura de la ESMA en junio de 2011, señaló –después de tomar un pañuelo blanco de manos de Estela Carlotto, símbolo de su lucha por la verdad y la justicia–: “En la Argentina la era de la impunidad ha terminado, la era de la rendición de cuentas ha llegado.” Gestos como el del fallecido presidente Kirchner, descrito en este mismo medio por Marco Fajardo el pasado 8 de agosto, quien ordenó descolgar del colegio Militar los cuadros de los dictadores que habían perpetrado desde el Estado la peor masacre de que tengan memoria los argentinos, precisamente permiten avanzar hacia dicho objetivo. [/cita]
Videla dijo en una entrevista contenida en el libro titulado Disposición final, que ellos (los militares) “respetaban como madres” a las “parturientas que (sin embargo) usaban a sus hijos como escudos humanos al momento de combatir”. Escudos humanos. Las palabras de Videla fueron una autoincriminación. Decir que los “bebes de las parturientas” –como Laura– eran “escudos” era decir que esos “escudos humanos” eran una mera excusa para salvarlas de la muerte. Que ellos no las mataban hasta tanto no nacieran sus hijos. Era la línea que se interponía entre ellos y su plan de exterminio sistemático de personas, de tortura y de robo de bebés. Por eso los militares esperaban a que esos chicos nacieran, para poder finalmente matar a sus madres y robar a sus hijos. Este fue el plan sistemático de robo de bebés.
La dictadura justificó, por paradójico que parezca (y esta es una paradoja que en el discurso político argentino aún no ha desaparecido), muchas de sus atrocidades bajo argumentos de “recomposición moral”, de “resguardo de la cristiandad”, de “progreso de la República”, o simplemente de “unidad”. Tras estos argumentos no sólo se torturó y asesinó a miles de argentinos, sino que además, a partir de la idea de que el hijo se podía “recuperar” en manos de otra familia que “supiera educarlo”, se usurpó a los hijos de dichas víctimas su verdadera identidad. Se les negó y ocultó –y todavía oculta– su pasado. Para los padres biológicos (es decir, para los padres a secas) de dichos niños el destino era sin embargo otro, fatal. Ya no eran tratados como personas, sino como “terroristas subversivos”. No eran ya vistos como “humanos” sino como cosas (precisamente, cosas que pasan –o se pasan– a “disposición final”, en la jerga militar). En efecto: la dictadura esperaba que las “parturientas” parieran, para luego matarlas, robarles a los hijos, que eran inscriptos con identidades falsas, en partidas de nacimiento ilegales, adulteradas. Guido Carlotto es uno de esos cientos de casos, emotivo y simbólico, además, por tratarse del nieto de la Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo.
El caso de Guido, que conmocionó a toda la sociedad argentina, es también un perfecto ejemplo de lo que significa “dialogar” en una sociedad como la argentina, que hasta el 2003 había apostado por dejar “el pasado atrás” y por “dar vuelta la página”, es decir, por asentar el “diálogo” y la “unidad” y la “paz” en la mentira y la impunidad del horror del denominado “Proceso” (Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura argentina venía con sus crímenes a “reorganizar” un país “desorganizado”). Por dejar que los crímenes y el horror quedaran en el olvido. Fueron años difíciles, en que las Abuelas luchaban casi en soledad contra una sociedad inmutable que había decidido no hablar más del tema: taparse los ojos. Esto cambió a partir de 2003, tras la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final (declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el denominado caso Simón), derogación que permitió impulsar los juicios de derechos humanos, donde miles de personas pudieron y pueden por fin ejercer un derecho esencial en una República: el acceso a la justicia, por tantos años vedado. Si antes del 2003 las víctimas debían resignarse a los llamados “juicios simbólicos por la Verdad”, a partir de ese año los juicios ya no son “simbólicos”, son reales, con imputados sentados en el banquillo, y con víctimas mirándolos a los ojos. Se abrió la posibilidad no sólo de condenar personas por crímenes de lesa humanidad (considerados imprescriptibles), sino sobre todo, para muchas víctimas del terrorismo de Estado, se abrió la posibilidad antes vedada de ser escuchadas, reconocidas, y en muchos casos, de conocer su propia identidad, su verdadera historia.
La recuperación de este nieto apropiado, de una madre asesinada por la dictadura después de dar a luz, es también un ejemplo de lo que se debate en Argentina cuando se habla de una sociedad “dividida”. Es importante saber qué es lo que nos “divide”. Fundamentalmente, el tema que “divide” las aguas en la Argentina, el tema central que “divide” a los medios (opositores y oficialistas), el tema político central, es la política de derechos humanos implementada desde el año 2003 en adelante por el entonces mandatario Néstor Kirchner.
De un lado están quienes aun hoy prefieren terminar con los juicios de lesa humanidad, para “unir a todos los argentinos”, fomentando una pretendida “reconciliación nacional”, es decir, quienes prefieren “no volver al pasado”. Como dijo Günter Grass, en su célebre Discurso de la pérdida, se nos dice que hay que mirar “para adelante, sólo para adelante”, utilizando el eufemismo de la “concordia” para pedir que no se juzguen los crímenes aberrantes del Proceso. Quienes acusan precisamente al gobierno de “dividir” a la sociedad son quienes apuestan, en muchos casos, a la impunidad de los crímenes del Proceso como garantía de “unión”. Esta es la paradoja del caso argentino. El precio de la “unión” es un precio demasiado caro y la unión que promete –como dijo el poeta Juan Gelman al recibir el Premio Cervantes– no es real. La unión sólo se puede dar en la verdad, la unión no se puede dar en la mentira. (Quienes promueven el encuentro de estos nietos robados y la búsqueda de la verdad, no son en muchos casos defendidos, sino acusados de promover “el odio” y de querer “dividir” a los argentinos, muchos califican a los juicios de derechos humanos –tan ponderados internacionalmente– como una forma de “venganza”, en general se trata de sectores de la sociedad comprometidos con los crímenes que hubieran preferido dejar “en el pasado”. La paradoja es que quienes buscan la verdad son acusados de “azuzar el odio”, y “dividir” y quienes ponen un manto de silencio e impunidad sobre el horror, se presentan –o se han presentado, durante mucho tiempo– como la voz moral de la República). Del otro lado, nos encontramos quienes creemos que la misión central de un Estado en democracia es garantizar siempre y ante todo, la vida, la integridad física, psicológica y la identidad de las personas. Un Estado no se puede asentar en la mentira. Un Estado no se puede asentar en la impunidad. El Estado tiene la misión –ética y jurídica– de buscar la Verdad. De no ocultarla.
El propio Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU, al momento de visitar el centro de tortura de la ESMA en junio de 2011, señaló –después de tomar un pañuelo blanco de manos de Estela Carlotto, símbolo de su lucha por la verdad y la justicia–: “En la Argentina la era de la impunidad ha terminado, la era de la rendición de cuentas ha llegado.” Gestos como el del fallecido presidente Kirchner, descrito en este mismo medio por Marco Fajardo el pasado 8 de agosto, quien ordenó descolgar del colegio Militar los cuadros de los dictadores que habían perpetrado desde el Estado la peor masacre de que tengan memoria los argentinos, precisamente permiten avanzar hacia dicho objetivo. Hacia una reconciliación basada en la verdad. Hacia una reconciliación basada en la justicia. No en el olvido. Y no en la impunidad. En la impunidad, nos enseñó Jaspers, no hay reconciliación posible. La reconciliación sucede cuando la verdad se sabe. Cuando cada chico robado –y privado de su identidad– se recupera.
El Estado apostó desde el 2003 (con medidas como la extracción compulsiva de ADN, tan cuestionada en su momento) por ir a buscar en forma activa a estos jóvenes (hoy adultos) que habían sido robados después de que sus padres fueran desaparecidos o asesinados. Guido, el nieto de Estela, que acaba de ser recuperado, que vivió más treinta y seis años con otro nombre (Ignacio Hurban) es uno de ellos. Por eso haberlo recuperado es una victoria simbólica para la mayoría de los argentinos, que creen, como afirmó Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en un discurso reciente dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que la impunidad no puede ser la base de una democracia y que los juicios de derechos humanos “son el nuevo contrato social de todos los argentinos”. Un nuevo contrato ético.
