Lo anterior, emplaza directamente al rol de Estado como garante de derechos urbanos. ¿Será válido que los agentes estatales intervengan para el beneficio de determinados grupos impactando de manera negativa a otros?, ¿es misión del Estado determinar quién se queda y quién se va de un territorio en función del capital aportado, invertido y recuperado? Si es misión del gobierno, en cualquiera de sus niveles, determinar cómo, cuándo y dónde intervenir el territorio para beneficiar a determinados segmentos y sectores, ¿es válido que las autoridades se comporten como promotores de la elitización, desplazamiento y gentrificación en nuestro país?
En pleno centro histórico cívico-comercial, la Plaza de Armas es quizás el espacio que acumula la mayor cantidad de proyectos de remodelación en el país en la actualidad, lo que no parece extraño considerando que el Municipio de Santiago es el sillón edilicio más deseado de la política nacional y que cada uno de sus alcaldes ha querido dejar su huella.
Como parte de la última remodelación, impulsada por la alcaldesa Carolina Tohá, el 31 de diciembre de 2013, el Municipio de Santiago cerró las pequeñas tiendas expendedoras de bolsos, mochilas y maletería del tradicional Portal Bulnes (ubicado en la Plaza de Armas, entre Monjitas y Merced), coloquialmente conocido como el «Paseo de las Carteras», trasladando los puestos comerciales a otros lugares dentro la comuna.
Aunque este tipo de conflictos en la ciudad parece anecdótico, parte natural del desarrollo o modernización, una mirada crítica no puede más que hacernos reflexionar sobre este caso como un síntoma de un proceso mayor de Gentrificación Comercial, es decir, transformación urbana en la que la población comercial de un sector o barrio deteriorado, es desplazada progresivamente por otra de mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva, en este caso impulsado por el gobierno local, comercio desplaza a comercio. Con un discurso público dominado por un modelo de desarrollo urbano economicista, es necesario proponer una perspectiva alternativa sobre la renovación urbana de la capital, considerando que parte importante del patrimonio de nuestras ciudades está en las dinámicas sociales, en lo humano.
[cita]Lo anterior, emplaza directamente el rol de Estado como garante de derechos urbanos. ¿Será válido que los agentes estatales intervengan para el beneficio de determinados grupos, impactando de manera negativa otros?, ¿es misión del Estado determinar quién se queda y quién se va de un territorio en función del capital aportado, invertido y recuperado? Si es misión del gobierno, en cualquiera de sus niveles, determinar cómo, cuándo y dónde intervenir el territorio para beneficiar a determinados segmentos y sectores, ¿es válido que las autoridades se comporten como promotores de la elitización, desplazamiento y gentrificación en nuestro país?[/cita]
Además, cabe preguntarse, cuánto se alinea lo anterior con el primer objetivo urbano del Programa presidencial de Michelle Bachelet, que expone lo siguiente:
Nuestras ciudades son la expresión construida de nuestras desigualdades. Viviendo en un lugar u otro de nuestras ciudades, se abren muy diferentes oportunidades. Si asumimos que la buena ciudad es un derecho de todos, no podemos seguir construyéndola con las mismas diferencias que hay en los ingresos. El Estado debe ordenar el acceso a los bienes urbanos para todos.
Sobre la base de lo planeado preliminarmente, buscamos comprender la inequidad y desplazamiento de sujetos pobres del centro histórico cívico-comercial de Santiago Centro, la Plaza de Armas, que denominamos como elitización y desplazamiento comercial, una incipiente Gentrificación Comercial.
En las últimas décadas, la comuna de Santiago se ha caracterizado por un dinámico proceso de renovación urbana que perseguía contrarrestar el despoblamiento que evidenciaban los censos de 1982 y 1992. El puntapié inicial fue la modificación al Plan Regulador Comunal de 1989, que propuso un cambio morfológico en favor de la densificación en altura. Un segundo hito fue la creación de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (CORDESAN) en 1985, entidad privada con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que promueve el desarrollo social y urbano de Santiago, fomentando la colaboración entre la I. Municipalidad de Santiago, el sector privado y la comunidad. Sus objetivos se orientaron a la generación de políticas urbanas que favorecieran una mayor oferta de vivienda en zonas de deterioro y oferta para otros usos de suelo. Al respecto, la CORDESAN señala que su misión es:
Contrapuesto a lo anterior, visualizamos que la renovación urbana actual en el lugar analizado, genera diferenciaciones sociales que quizás no son pro beneficio de todos, con pérdida del valor social (identidad) del espacio. ¿Se podrían mejorar las condiciones de los emprendedores privados existentes?, ¿mejorar la calidad de vida de los vecinos debe considerar expulsar a comerciantes de menos recursos?, ¿ofrecer mejores condiciones a los emprendedores privados significa que se puede dejar fuera a algunos tipos de comerciantes?
Las obras y proyectos impulsados por la CORDESAN, publicados en Memorias de Gestión desde el año 2001 a la fecha, en un principio se generaron de forma lenta y, en los últimos años, de forma explosiva; un desarrollo residencial que, junto a la llegada masiva de nuevos habitantes, afectó la calidad de vida de los residentes de viviendas unifamiliares, sus relaciones sociales y no aportó sustancialmente a los espacios públicos de la comuna. Poco a poco, se fueron generando impactos en la estructura de los otros usos de suelo, como, por ejemplo, la consolidación del mercado educacional en Barrio República, de esparcimiento en Barrio Brasil o Bellavista, etc., todos los cuales significan nuevamente un alto impacto en las viviendas tradicionales.
La actual renovación urbana de reestructuración comercial del centro cívico histórico cívico-comercial, aún incipiente, permite que locales que tradicionalmente ofrecían bienes y servicios a residentes y visitantes, se encuentren actualmente en un proceso de transformación, tanto de su oferta de productos como de quienes los proveen, teniendo que ofrecer productos de mayor sofisticación (elitización) o asumir ser reemplazados (desplazamiento).
El Municipio de Santiago, preocupado por el «estancamiento comercial» que está afectando actualmente a las galerías comerciales del centro de Santiago, mediante la Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Santiago –en conjunto con la Universidad Diego Portales– impulsan un programa para que las galerías se levanten y mediante asociaciones puedan postular a fondos que los lleven a mejorar el servicio que ofrecen al público.
La CORDESAN, Corporación Santiago Innova y la Universidad Diego Portales, a través de fondos provenientes del Gobierno Regional –adjudicados para la ejecución y puesta en marcha del programa “Revitalización de mercados, pasajes y galerías comerciales de Santiago: comercio singular en espacios singulares”–, en conjunto, exploran vincular la cadena de valor entre el turismo, pymes de mercados, galerías y pasajes comerciales del recorrido céntrico de la ciudad de Santiago. Esto, como un intento por desarrollar calidad en la experiencia turística en torno a algunos hitos turísticos y urbanos, como lo son la Plaza de Armas y su entorno inmediato, el Mercado Central, lugares de elevada circulación de consumidores y visitantes, además de la red de pasajes y galerías comerciales, de gran valor patrimonial. Los gestores de este programa esperan que el modelo de desarrollo urbano resultante sea ejemplo para proyectos de renovación en otras comunas del país.
A lo anterior, se suma el proyecto específico del Municipio de Santiago (nombrado como proyecto urbano integral) que recupera el Portal Bulnes como paseo peatonal para que sea permeable hacia la Plaza de Armas, lo que implica el traslado de los comerciantes; esta decisión de desplazamiento es parte del proyecto de mejoramiento y actualización de la Plaza de Armas, que contempla cambio de pavimentos y luminarias para la plaza y las cuatro fachadas que la envuelven.
Entonces, nos preguntamos, ¿esta nueva experiencia turística, deja fuera a algunas clases sociales como parte del desarrollo urbano?
Ahora deberíamos emplazar en la problemática a la Corporación Santiago Innova. ¿Qué es? Esta Corporación es dirigida y administrada por un Consejo Directivo, compuesto por autoridades de la I. Municipalidad de Santiago (el alcalde del Municipio preside el consejo), autoridades del sector público y gremial vinculadas al desarrollo empresarial, que cuenta con una Asamblea de Socios, compuesta por once personalidades de disímiles áreas, con amplia trayectoria en reconocidas entidades nacionales que fomentan la actividad empresarial y el emprendimiento del país. El Municipio de Santiago señala:
El objetivo de todo esto sería generar un recambio de usuarios y productos en las galerías aledañas a la Plaza de Armas, aumentando horarios de funcionamiento y lograr la animación de la Plaza. Vemos entonces que la renovación urbana, en parte, estaría provocando elitización comercial, es decir, un cambio en la estructura social de las galerías del centro en favor de tiendas, al parecer, más sofisticadas, valorizando, así, un desarrollo urbano economicista, en desmedro del comercio menor, atendido por propio dueño. Además, esto implica el desplazamiento de estos últimos, es decir, expulsión, debido a su difícil desarrollo de mejora y posible baja capacidad de pago, lo que genera, como ya hemos dicho, una desvalorización social del espacio.
En este contexto, es importante rescatar visiones contrapuestas al modelo dominante, en defensa de los habitantes tradicionales de los espacios centrales de las ciudades. De esta manera, se cuestiona el apoyo ciego a la instalación, por ejemplo, de grandes tiendas, emplazando a los gobiernos locales para que se preocupen de apoyar a sus pequeños comerciantes, rescatando las economías locales y generando círculos virtuosos de desarrollo e inclusión social en un modelo de desarrollo urbano integral.
La constatación de la elitización y el desplazamiento en las zonas afectas a interés comercial, turístico o cultural, como es el comercio del centro, permite preguntarse si este proceso es un tipo de gentrificación, entendida ésta como el reemplazo de usuarios de ingresos medio-bajos por usuarios de poder económico superior, en un contexto de mercantilización del suelo (Clark, 2005).
Cabe mencionar que los procesos de gentrificación en Latinoamérica, y más específicamente en Santiago, tienen como principales elementos de mutación al reemplazo de viviendas unifamiliares por comercio, oficinas o vivienda colectiva en altura (Insulza, 2014), marcando un exclusivo carácter residencial al proceso. Expuesto el caso del centro cívico-comercial de Santiago, cobra sentido la hipótesis que plantea que el declive y ascenso de los espacios comerciales no es un proceso natural de evolución y diversificación de prácticas de consumo, sino que la expresión de un proceso más amplio de neoliberalización y mercantilización del espacio urbano (González, 2013).
Es decir, la gentrificación no sólo se refiere a la vivienda, sino de forma más amplia a la reestructuración social de clases en el espacio (González, 2013). De este modo, es posible denominar el proceso antes descrito como Gentrificación Comercial, un aumento de rentas comerciales que empuja a comerciantes a subir precios de productos, cambiar de productos o cambiar de lugar, provocando desplazamiento de comerciantes, consumidores, comunidad o relación social.
En el centro y pericentro de Santiago, los procesos de renovación y gentrificación se han desarrollado al alero de autoridades e instituciones públicas que han (re)formulado políticas públicas, tales como subsidios de localización, aumento de densidades y altura. En este sentido, el Estado se ha transformado en un importante agente pro empresarial del mercado de suelo, como “oferente” de volúmenes teóricos para la explotación intensiva por parte de las inmobiliarias (López Morales, 2013).
Como caso de Gentrificación Comercial, preliminar, posterior a la expulsión no violenta del Paseo de las Carteras, se comienza a desplegar desde el aparato municipal –específicamente desde la CORDESAN– hacia los locatarios pobres del centro un posible desplazamiento en pos de la reestructuración comercial. Los nuevos proyectos de esta corporación buscan detonar cambios en los patrones de consumo en favor de nuevos segmentos sociales, como profesionales o turistas, con mayor acceso a recursos financieros y culturales.
Pero, ¿son realmente estos segmentos sociales “buscados” los nuevos habitantes de Santiago Centro?
Es importante establecer una visión critica del rol del Estado en la ciudad, considerando que un mercado de suelo liberalizado representa la abolición de componente social del espacio y el aumento de las políticas para maximizar la utilidad y los beneficios individuales (Janoschka, 2011), la desaparición del hombre como elemento principal, conmutando ciudadanos por consumidores.
Fernando Carrión señala: “Dime quién financia el Centro Histórico y te diré qué centro es”, lo que significa que el financiamiento es crucial para definir el tipo de centralidad urbana de la ciudad, del centro histórico; no hay mucha investigación, debates y diseño de políticas públicas apropiadas (Carrión, 2013: pág. 1).
Se puede señalar que el Centro Histórico sea considerado un punto esencial de debate y estudio de la ciudad por el desmedro urbano-arquitectónico y condiciones de vida de la población que lo habita; la renovación urbana depende de la institucionalidad que promueve su desarrollo y conservación, a través de asistencia técnica, financiamiento y actuación. Y es importante plantear que la planificación urbana del centro histórico es una problemática nacional con identificables identidades, es el lugar de la ciudad en el que se generan mayores cambios, pero que es en ese centro donde se generan también mayores resistencias (Carrión, 1992: pág. 47).
La Alcaldesa Carolina Tohá ha centrado su discurso en la participación ciudadana y en la importancia de rescatar el valor patrimonial de la comuna. Esto se ha visto materializado en el aplaudido congelamiento de permisos de construcción en barrios tradicionales y en proyectos de revitalización de zonas históricas basada en los cabildos vecinales. Así, también, se está proyectando una nueva imagen de Santiago con el desarrollo –en conjunto con profesionales franceses– de una especie de simulador 3D de intervenciones urbanas emblemáticas, que tienen como objetivo ser una herramienta innovadora para la toma de decisiones urbanas; se integrarán de esta forma soluciones de urbanismo, arquitectura, servicios, productos y tecnologías relevantes para el diseño urbano sustentable, que buscarían mejorar la calidad de los espacios públicos (Proyecto Santiago Des3ado). Un proyecto altamente publicitado pero poco explicado.
(http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-56330.html)
La gestión municipal se presenta con una impronta urbana que parece interesante al proponer un recambio de usos, reperfilamiento del espacio público y de las dinámicas de consumo, lo que podría traer consigo –el siempre políticamente incorrecto– recambio de personas. De esta forma, es necesario reflexionar sobre el concepto de la ciudad deseada. ¿Se trata de una necesidad de ordenar el espacio?, ¿de un intento por posicionar a Santiago haciéndolo parecer algo que no es? o ¿estamos definitivamente ante un urbanismo arribista y elitista?
Volviendo al caso que detona esta reflexión, la CORDESAN también se encarga hoy de gestionar el conflicto con los comerciantes expulsados, asumiendo el costo político, de alguna forma quizás como un escudo de las autoridades municipales. La causa esgrimida por el organismo técnico es que parte de la planificación de la intervención global de la Plaza, la revitalización de los portales, exigía la salida de este tipo de comerciantes para lograr la limpieza visual del paseo peatonal techado.
El Municipio pudo desalojar a los locatarios debido a que ellos se encontraban ubicados en un bien nacional de uso público, haciendo uso de “permisos precarios”, es decir, de permisos que se renuevan mes a mes; lo que no se aplica al resto de las galerías. Se tendrán que llevar a cabo negociaciones con propietarios si el desarrollo del Santiago Deseado finalmente pretende hacer un recambio en el tipo de comercio, pero ¿qué sucedería si la propiedad generalizada fuera de un sólo dueño?
En definitiva, con el objetivo de reforzar prácticas que se muestran desde el discurso dominante como deseables, el centro de la ciudad como el lugar donde se desarrollan y exacerban prácticas sociales, algunas de ellas no deseadas, se vuelve el lugar preciso para el despliegue del poder público para invisibilizarlas, criminalizarlas y finalmente excluirlas (Sequera, 2013)
Según la revalorización de propiedades del SII, las comunas de Santiago junto a Las Condes y Providencia monopolizarían los mayores precios de suelo; es así como el centro histórico podría alcanzar valores de hasta de $3,5 millones por m2, y específicamente el Portal Fernández Concha, $3.279.217 por m2 (Peña y Valenzuela, 2014). Estas características convierten a la vereda sur de la Plaza de Armas, considerando todos los lotes de terrenos, en el segundo cuadrante más caro del país. Además, revisando datos de avalúos y contribuciones de SII, podemos ver que en Portal Bulnes, ubicado en la vereda Oriente de la Plaza de Armas, existe al menos un lote de terreno dentro de ese cuadrante, más caro que los del segundo cuadrante más caro del país.
Por otro lado, la revisión de avalúos permite darnos cuenta de que existe hegemonía de ciertos propietarios no asociados al comercio; en este sentido, el Portal Bulnes está dominado por BICE VIDA Compañía de Seguros, mientras que en el Portal Fernández Concha lo hace la “Comunidad Edificio Compañía Plaza de Armas”.
Luego de consultas a locatarios afectados próximamente por la renovación comercial del sector, podemos saber que se trata de arrendatarios, dedicados principalmente al comercio de comida rápida y ropa, entre otros.
A pesar de que el bajo nivel de compraventas en el sector hace imposible un análisis acabado de las dinámicas económico-espaciales, cabe preguntarse ¿cuáles son las implicancias presentes y futuras de las políticas municipales para los actores de este mercado de suelo? Por lo pronto, las obras de la Plaza de Armas hoy afectan a los arrendatarios con una baja en las ventas.
Desde otra perspectiva, se puede agregar que una plaza remodelada y comerciantes precarios desplazados podría elevar la renta potencial, es decir, la cantidad total de ingreso que un inversor inmobiliario puede esperar recibir de una propiedad comprada, dejando a los propietarios en condiciones de elevar los precios de arriendo. Lo anterior, permite prospectar –en un horizonte cercano– un proceso de desplazamiento de locatarios y usuarios tradicionales, que permitiría corregir el bajo estándar comercial. En otras palabras, el Municipio ha generado un proyecto justificado en la elitización del comercio, que podría generar un beneficio directo a unos pocos y afectar a muchos, haciendo desaparecer dinámicas sociales afianzadas, como es el comercio de microescala.
Los proyectos de renovación de centros históricos –evidentemente– no son nuevos, ya que existen experiencias similares que podrían presentar patrones y lecciones para el caso de Santiago.
Al respecto, cabe destacar la Recuperación del Centro Histórico de Bologna en Italia, conocido por la preocupación en la restauración patrimonial y el mantenimiento de residentes y locatarios, en un proceso participativo y respetuoso de las interacciones sociales del centro. Además, se puede mencionar el Plan Maestro de Conservación de Quito al alero de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), que –desde principios de los años 90– logró erradicar a 6.000 vendedores informales de las calles del centro para lograr, una década después, el mejoramiento de la infraestructura comercial y de servicios para clientes de mayor poder adquisitivo.
Los dos casos mencionados permiten retomar la reflexión acerca de lo deseado en la ciudad. El caso de Quito es posible de entender a través del revanchismo de raza (Swanson, 2010), considerando que los comerciantes informales eran en su mayoría indígenas pobres y la política erradicatoria impulsada por una clase político-económica mestiza buscaba recuperar y «limpiar» el centro de la ciudad. En el caso de Bologna, es posible evidenciar que el comercio de microescala del centro carecía de juicios de clase, raza o género, y se trató de un proceso de participación ejemplar.
Considerando el caso retratado mixto (expulsión-participación), cabe preguntarse ¿por qué algunos actores son considerados para permanecer en el lugar y otros no?, ¿son indeseables determinados grupos sociales? y ¿estamos frente a un urbanismo clasista que pretende transformar la Plaza de Armas de Santiago y el Centro Histórico de la ciudad?
Es importante entender que la Gentrificación Comercial, propuesta como deseable, debe ser sujeto de discusión, análisis y crítica, puesto que desencadena consecuencias opuestas con los objetivos del desarrollo social que debiesen ser obligaciones para las autoridades públicas; sobre todo si consideramos que el centro histórico de una ciudad tiene elementos patrimoniales intangibles únicos, basados en la riqueza cultural y social, que le otorgan identidad propia e irrepetible.
Este proceso no se trata de un efecto del necesario mejoramiento socioeconómico de los habitantes de Santiago, ya que la principal justificación del proceso es la necesidad de mejorar la calidad del comercio para oficinistas de clase media alta y turistas, lo que plantea la interrogante sobre si son estos los nuevos habitantes de Santiago. ¿Qué pasa con la clase media que llega al centro a residir en edificios de vivienda de alta densidad? o ¿qué pasa con los inmigrantes peruanos y colombianos que desarrollan gran parte de sus actividades en torno a la Plaza de Armas?
El factor detonante de este proceso son los proyectos de gestión urbana pública, distintos a los instrumentos de planificación territorial y los subsidios que provocan la gentrificación residencial. Esta es una oportunidad para repensar y evaluar los instrumentos de gestión para que permitan el desarrollo local y social, que difícilmente permiten los planes normativos regulatorios. Pero ¿qué sucede cuando el aparato técnico no puede conducir de buena forma las dinámicas urbanas para lograr desarrollo social, cuando la clase política no logra entender todas las variables de sus actuaciones en el espacio y/o cuando son las alianzas público-privadas las que empujan los cambios normativos en beneficio sólo de algunos, y no las fuerzas sociales o los verdaderos usuarios de los espacios?
Lo anterior, emplaza directamente al rol de Estado como garante de derechos urbanos. ¿Será válido que los agentes estatales intervengan para el beneficio de determinados grupos impactando de manera negativa a otros?, ¿es misión del Estado determinar quién se queda y quién se va de un territorio en función del capital aportado, invertido y recuperado? Si es misión del gobierno, en cualquiera de sus niveles, determinar cómo, cuándo y dónde intervenir el territorio para beneficiar a determinados segmentos y sectores, ¿es válido que las autoridades se comporten como promotores de la elitización, desplazamiento y gentrificación en nuestro país?
