No es casualidad que la propuesta original del ministro Eyzaguirre considerara la posibilidad de comprar colegios a los sostenedores. Una forma de expropiación insólita, absolutamente favorable para los dueños de los establecimientos, que no tienen la obligación de vender, pero el Estado sí tenía la obligación de comprarles, si ellos lo deciden. ¿Y por qué comprar establecimientos? Porque durante veinte años la Concertación inyectó recursos al actual sistema, favoreciendo, en primer lugar, a los dueños de colegios, a quienes el Estado construyó edificios, implementó laboratorios y entregó recursos económicos bajo diferentes pretextos y modalidades, aumentando su patrimonio y, al mismo tiempo, generando mayor segregación y debilitando, cada vez más, a la educación pública.
Cuando los fundamentos y los principios que debieran orientar un proceso de cambio no están lo suficientemente claros, las defensas corporativas y de intereses particulares terminan imponiendo su punto de vista a través de un debate que se focaliza en aspectos secundarios y de forma. Por esta razón es que el marco donde se encuadra la actual discusión en torno a la reforma educativa tiende a dispersarse y desordenarse cada día más.
No lucro, no copago, no selección; fin de la municipalización; fortalecimiento de la educación pública; mejoramiento de la calidad para todos. De acuerdo: pueden considerarse como principios, pero ¿son suficientes? Al parecer no lo son y perfectamente pueden acabar convirtiéndose en declaraciones vacías de contenido, que justifican cambios cosméticos en un sistema que mantiene los mismos problemas de inequidad, segregación y mal funcionamiento, reconocidos en la actualidad… o los profundiza. Ya tenemos la experiencia reciente de la Ley General de Educación (LGE), promulgada en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet.
Fin al lucro, ¿de qué manera?, ¿a través de una figura tributaria que prohíbe la declaración de utilidades en aquellas empresas abocadas al mercado de la educación? Las universidades privadas son un ejemplo vivo de que hay muchas maneras de lucrar, sin tener que declararlo en los estados financieros. La pregunta de fondo es: ¿queremos que la educación se siga manejando como un bien de mercado? Fin al copago, ¿cómo?, ¿en un proceso gradual de 15 años, donde cada vez el Estado subvenciona en mayor medida aquellos recursos que no entregan las familias? El diseño de un Estado subsidiario no sólo se mantiene, sino que se refuerza. Fin a la selección, ¿con excepciones?, ¿o a través de normativas que nadie cumple, como ocurre hoy con la LGE, que prohíbe a los establecimientos educacionales seleccionar en primer ciclo (1° a 6° básicos)? Fin a la municipalización, ¿reemplazando la administración que hacen los municipios, por una figura de secretarías regionales a cargo de un Ministerio de Educación con enormes limitaciones legales y financieras? Fortalecimiento de la educación pública, ¿entregando, por ejemplo, sin cambios estructurales, más recursos a las universidades estatales que, durante casi cuatro décadas, han tenido que organizarse, en muchos aspectos, con criterios más liberales que las mismas empresas privadas?
[cita]No es casualidad que la propuesta original del ministro Eyzaguirre considerara la posibilidad de comprar colegios a los sostenedores. Una forma de expropiación insólita, absolutamente favorable para los dueños de los establecimientos, que no tienen la obligación de vender, pero el Estado sí tenía la obligación de comprarles, si ellos lo deciden. ¿Y por qué comprar establecimientos? Porque durante veinte años la Concertación inyectó recursos al actual sistema, favoreciendo, en primer lugar, a los dueños de colegios, a quienes el Estado construyó edificios, implementó laboratorios y entregó recursos económicos bajo diferentes pretextos y modalidades, aumentando su patrimonio y, al mismo tiempo, generando mayor segregación y debilitando, cada vez más, a la educación pública.[/cita]
Mejoramiento de la calidad para todos, ¿qué estamos entendiendo por “calidad”?, ¿aquello que tiene que ver con los buenos resultados en el Simce, la PSU, la prueba PISA o cualquier otra prueba estandarizada que, además de ser una buena oportunidad de negocio para los emprendedores en educación, permita recoger datos y hacer gráficos con las respuestas de los niños para compararlos? (se recomienda ver la nota de El Mostrador “El jugoso negocio vinculado al Simce”).
El problema de fondo de la educación actual en Chile es que responde a un proyecto neoliberal donde el mercado regula, mediante la oferta y la demanda, y donde el Estado se repliega y se reduce, para no interferir en la libertad de elección de los individuos. Desde esta perspectiva, la propiedad privada es la base del intercambio y del progreso en la sociedad. La expresión y la herencia más directa de esta mirada ha sido la Constitución de 1980. Cabe, entonces, la pregunta: ¿de qué manera, en la actualidad, el Estado chileno puede garantizar aquellos derechos fundamentales que durante cuatro décadas han sido invisibilizados y atendidos como bienes de consumo? No puede. El Estado chileno, a través de su Constitución, consagra el derecho de propiedad privada por encima de cualquier otro derecho fundamental y hace funcional la institucionalidad pública a la expansión de los grupos económicos. Si estos principios llegan a ser amenazados en el proceso legislativo, todavía existe la instancia del Tribunal Constitucional, que puede censurar la legislación y actuar como un arma preventiva para la preservación del statu quo.
No es casualidad que la propuesta original del ministro Eyzaguirre considerara la posibilidad de comprar colegios a los sostenedores. Una forma de expropiación insólita, absolutamente favorable para los dueños de los establecimientos, que no tienen la obligación de vender, pero el Estado sí tenía la obligación de comprarles, si ellos lo deciden. ¿Y por qué comprar establecimientos? Porque durante veinte años la Concertación inyectó recursos al actual sistema, favoreciendo, en primer lugar, a los dueños de colegios, a quienes el Estado construyó edificios, implementó laboratorios y entregó recursos económicos bajo diferentes pretextos y modalidades, aumentando su patrimonio y, al mismo tiempo, generando mayor segregación y debilitando, cada vez más, a la educación pública.
Sin embargo, para resolver el problema de la propiedad de los colegios, la solución no está en que un Estado mutilado compre colegios y/o universidades para hacerse cargo de ellos. Tampoco es posible fortalecer, primero, una educación pública estatal o municipal deprimida, desprestigiada y llena de restricciones. Si, en primer lugar, no se cambia el marco en que se establecen las “reglas del juego”, es decir, la Constitución, y si no somos capaces de pensar y de proyectar un modelo de sociedad distinta a la instalada por la violencia en la dictadura, los cambios que se lleven a cabo no solamente serán inútiles, sino que servirán para profundizar los problemas que conlleva el sistema actual. Y vamos a tener que fumar mucho opio para no seguir viendo, frente a nuestros ojos, un tejido social descompuesto por el individualismo y una educación mercantilizada que fomenta la segregación. Seguramente el señor Escalona nos podrá decir dónde se compra.
Una nueva Constitución no tiene por qué impedir la participación de los privados en la administración de los bienes públicos, pero necesariamente debe limitar la propiedad en la manera en que estos bienes se gestionan. Por supuesto que el lucro tiene que estar prohibido, pero con eso no basta. En el caso de la educación, no se puede estructurar el sistema de acuerdo a la lógica: empresario que decide, trabajador que produce y cliente que compra. Se requiere que las comunidades educativas tengan participación en las decisiones estratégicas de las instituciones y en el manejo de los recursos. Al mismo tiempo, la sociedad, a través del Estado, necesita incorporar una mirada global que se oriente a proteger el bien común. Es inaceptable, por ejemplo, que hoy en día las instituciones de educación superior determinen su oferta de carreras en función de criterios de los mercados y del beneficio particular. Se requiere, por supuesto, una planificación general, que atienda a la necesidad de aquellos que están más desprotegidos y que no solamente se oriente a premiar y estimular el mérito y los buenos resultados que, en la mayoría de los casos, está en quienes han tenido mejores oportunidades.
El gobierno de la Nueva Mayoría tiene hoy en sus manos la posibilidad de cambiar, mediante un camino democrático, la orientación y las bases de un modelo de sociedad impuesto por la fuerza, la manipulación y el fraude, en dictadura. Sin embargo, si en este proceso se impone la voz de aquellos que están en condiciones de hablar más fuerte y que defienden sus propios intereses, el resultado de este proceso será un desastre. El peor escenario de todos para la concentración del poder: un Estado neoliberal que al romper uno de sus principios básicos, es decir, la no intervención del Estado, terminará interviniendo en favor de los grupos de poder más consolidados y más fortalecidos dentro de la sociedad.
