Son muchas las tareas que tenemos por delante: a) negarnos a llamar “anarquistas” a sujetos que todavía no tienen un rostro definido, porque a lo largo de la historia de Chile no han sido los únicos que han hecho explosionar bombas (y, de hecho, algunos que hoy día discursean en otros contextos callaban e, incluso, aplaudían); b) negarnos a llamar “terrorismo” a un acto del que no conocemos su finalidad, a la colocación de una bomba y, mucho menos, a una llamada telefónica avisando de una bomba que en la mayoría de los casos ni siquiera existe.
El día lunes 8 de septiembre fuimos testigos de un hecho espantoso. Una bomba colocada en un centro comercial, en el basurero de un local de una cadena de comida rápida, a plena luz del día, explosiona dejando una decena de heridos, entre los cuales se encontraba una mujer trabajadora que perdió parte de uno de sus dedos. Sin dudas se trata de un acto violento que debemos repudiar sin ningún ápice de conmiseración. No podemos permitir que estos actos agreguen más incertidumbres a las que ya viven cientos de miles de habitantes de este país en sus vidas cotidianas. ¿Qué esperamos entonces? Repudio social a un acto violento de este tipo, juicio y condena de los responsables según el debido proceso, políticos que actúen a la altura de la circunstancia y no buscando sacar dividendos mezquinos, y medios de comunicación que informen entendiendo la función social educativa que está implícita en su labor.
¿Pero qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto a políticos, abogados, académicos y otros, de diversos sectores ideológicos, hablar inmediatamente de un acto “terrorista” y que quienes perpetraron este acto son “anarquistas”, miembros de colectivos antisistema, con amplias conexiones internacionales (se habla de ligazones con ácratas españoles). Súmese a ello la portada del diario La Segunda del martes 8, que con grandilocuente título declara “El regreso del terror”, con una foto que en su costado tiene un borde con los colores rojo y negro, clara alusión simbólica a corrientes de izquierda (es el mismo diario que en el pasado señaló que miristas se mataban entre sí, bajo el título “Exterminados como ratones”, además de su declaración de que los desaparecidos no existían). Tenemos el reportaje de Canal 13 que malintencionadamente relaciona este acto violento con el movimiento estudiantil y, desde luego, al senador Moreira que con su verborragia alude al Partido Comunista y a sus redes con violentistas del ayer. Luego de eso, es legítimo preguntarse, ¿quién es el que siembra el terror?
[cita]Son muchas las tareas que tenemos por delante: a) negarnos a llamar “anarquistas” a sujetos que todavía no tienen un rostro definido, porque a lo largo de la historia de Chile no han sido los únicos que han hecho explosionar bombas (y, de hecho, algunos que hoy día discursean en otros contextos callaban e, incluso, aplaudían); b) negarnos a llamar “terrorismo” a un acto del que no conocemos su finalidad, a la colocación de una bomba y, mucho menos, a una llamada telefónica avisando de una bomba que en la mayoría de los casos ni siquiera existe.[/cita]
¿Existen posibilidades concretas de establecer un marco de relación con otros actos violentos tal y como lo ha hecho cierta prensa? A todas luces no. Todos los “casos bomba” que tenemos hasta el momento fueron colocados de noche, en lugares que simbolizan algún tipo de poder (político, judicial, policial, religioso, económico) y muy poco transitados, los cuales son reivindicados por alguna organización para que cumplan su función de “propaganda”. Pero el día lunes tenemos una bomba, un extintor cargado con pólvora negra (lo único similar con otros acontecimientos), que fue puesta dentro de un basurero, cerca de las dos de la tarde, en un lugar bastante transitado, y que hasta el momento nadie ha reivindicado. ¿Por qué las policías no logran detener a quienes originan los desórdenes en las manifestaciones, queman automóviles y buses del Transantiago, ponen bombas o anuncian que las pusieron sin hacerlo? ¿Acaso no tienen la tecnología ni la capacidad ni los equipos de inteligencia para hacerlo? ¿Puede entenderse que los mecanismos represores de la dictadura tuviesen más éxito en la captura de militantes de izquierda en el pasado sin la posibilidad de control que hoy día tienen los aparatos de control social? Porque, estimados lectores: no somos tan inocentes como algunos creen. ¿Acaso los demócratas que crearon “La Oficina” y la “ANI” nos van a venir a hablar de debido proceso y de las debilidades de infiltración? ¿Van a creer que nos vamos a comprar el cuento de que no hay montajes luego del “Caso Bombas”, que no sólo se cayó por la incapacidad de la Fiscalía en el uso de las pruebas, sino precisamente por la carencia de las mismas? ¿Cómo quieren que creamos la idea de que los jueces son garantistas cuando dicho discurso va ligado a la criminalización de los movimientos sociales? ¿Qué hacemos con el principio de presunción de inocencia y con el debido proceso que obnubila una ley que emergió en el contexto dictatorial con la finalidad de perseguir a los opositores al régimen? Son demasiadas dudas y certezas que no podemos dejar a un lado.
Son muchas las tareas que tenemos por delante: a) negarnos a llamar “anarquistas” a sujetos que todavía no tienen un rostro definido, porque a lo largo de la historia de Chile no han sido los únicos que han hecho explosionar bombas (y, de hecho, algunos que hoy día discursean en otros contextos callaban e, incluso, aplaudían); b) negarnos a llamar “terrorismo” a un acto del que no conocemos su finalidad, a la colocación de una bomba y, mucho menos, a una llamada telefónica avisando de una bomba que en la mayoría de los casos ni siquiera existe; c) cuestionar socialmente cómo los medios de comunicación tratan las noticias, criticando activamente el sensacionalismo y la expansión del miedo en la población a partir de imágenes, música y palabras (¡por favor!, estudiaron en la universidad no en la DINACOS); d) estudiar de manera profunda los fenómenos de violencia social, haciendo uso de la historia, y analizando no sólo los actos de violencia reactiva, sino los de la violencia estructural; e) cuestionar la repetición de la figura del “enemigo interno”, presente en la “larga duración” del país, en que los que ayer eran “pipiolos”, liberales rojos, mapuches, comunistas (figurados como “cáncer” y “humanoides venidos de Marte” según miembros de la Junta Militar chilena), extremistas, violentistas, hoy son encapuchados y anarquistas; y f) por sobre todas las cosas, no permitir –y luchar si es necesario por ello– que el utillaje que brindan estos actos sin rostro sirvan para quitarnos derechos sociales, volver a poner sobre la mesa conceptos como la “detención por sospecha”, y que repongan actos tan deleznables como la infiltración de organizaciones políticas y sociales, propiciando métodos como detenciones irregulares, testigos encubiertos y la delación.
Debemos resistirnos a la imposición del miedo, al “regreso del terror”, porque eso no nos permite vivir en comunidad ni experimentar la libertad.
