Sólo un amplio acuerdo social puede viabilizar una genuina reforma educacional

Las expectativas sociales ante la reforma educacional trascienden el problema de la enseñanza. La crisis de la educación muestra algo más profundo. Los chilenos ya no toleran que el precio del crecimiento económico sea una desigualdad tan aguda y una tan radical mercantilización de las condiciones de vida.

Esto fue lo que los movimientos de 2006 y 2011 expresaron. Pero se encontraron con un sistema político que no acusó recibo. No sólo por incapacidad, sino porque hace mucho que la coordinación de la sociedad ha sido delegada en el mercado, perdiendo la política vínculo con los procesos sociales. Sociedad y política hablan hoy distintos lenguajes.

Los partidos tradicionales insistieron en las mismas soluciones –mejoras técnicas al mercado educativo– como si el problema se agotara en la enseñanza. Peor: se abusó de retóricas refundacionales –de izquierda o de derecha– que no se condicen con el tenor de los ajustes planteados.

La Presidenta Bachelet se ha manifestado públicamente a favor de un cambio profundo en la educación. No obstante, la reforma educacional hoy corre el riesgo de naufragar.

[cita]Este modo de abordar el conflicto educacional terminará por sepultar la oportunidad de realizar una genuina reforma, pero, sobre todo, de abrir en su resolución la política a la sociedad. Peor aún, considerando las altas expectativas de cambio sembradas por el Gobierno a la luz de la progresiva desafección ciudadana con la política, mantener esta sordera (tan propia de la transición que se dice querer dejar atrás) ahondará el desprestigio de la propia democracia.[/cita]

El principal problema de la reforma no es la derecha. Aun con su campaña del terror, la derecha tiene más problemas de legitimidad ante la sociedad que el propio Gobierno. La actual es la derecha más débil de la transición. El problema de la reforma es que no ha podido expresar a la nueva sociedad chilena y su malestar. Y esa responsabilidad no le cabe sino a la alianza gobernante.

En la política –incluso entre quienes tienen un genuino compromiso por los cambios– surgen mitos para justificar esta incomunicación. En lugar de abrirse a un entendimiento sustantivo con las voces plurales de la sociedad y los actores sociales de la educación, se desconfía de todo el que no sea habitual de los pasillos de la política. Se confunde compromiso con docilidad y se pretende obsecuencia en lugar de diálogo. Se acusa que los padres y apoderados son arribistas, que los actores institucionales de la educación –incluso los estatales– son sólo intereses corporativos de mercado, que la Confech es irracional o que los estudiantes de liceos emblemáticos son egoístas.

Este modo de abordar el conflicto educacional terminará por sepultar la oportunidad de realizar una genuina reforma, pero, sobre todo, de abrir en su resolución la política a la sociedad. Peor aún, considerando las altas expectativas de cambio sembradas por el Gobierno a la luz de la progresiva desafección ciudadana con la política, mantener esta sordera (tan propia de la transición que se dice querer dejar atrás) ahondará el desprestigio de la propia democracia.

Es que se insiste en reducir el de la educación a un problema sólo con la enseñanza, en lugar de un dilema con las formas en que se produce y valida la desigualdad social. De ahí su trascendencia y el costo de dilapidar la oportunidad de reformarla. Y se porfía en pretender que los acuerdos suscritos por los personeros de la fronda son legítimos para alguien más que ellos mismos. De ahí su negativa a abrirse a acuerdos con los actores sociales que expresan los amplios intereses excluidos.

Con las recientes indicaciones presentadas por el Mineduc a los proyectos de ley sobre el lucro, la selección y el copago –ya insuficientes en su versión original–, el riesgo de sepultar buena parte de los principios progresivos de una reforma para el ámbito escolar aumentó. Sobre todo en la medida que la Concertación privilegia un entendimiento con la Iglesia y parte de la derecha en lugar de acercarse a los actores que han puesto el problema educacional en el debate público.

Especialmente preocupantes resultan los intentos de la Concertación por evitar incluso que las propuestas elaboradas por la FECH, a través de un conjunto de indicaciones, sean siquiera discutidas. Este comportamiento raya en lo antidemocrático y se contradice con lo que en el discurso el gobierno de Bachelet plantea. Es a partir de lo que quede de estas enmiendas a los proyectos presentados, que sabremos si este gobierno está verdaderamente dispuesto a escuchar al nuevo Chile que se abre paso.

Previendo estas dificultades, la Fundación Nodo XXI ha convocado a un diálogo con personas provenientes de diversos espacios (rectores de universidades, premios nacionales, académicos, investigadores en educación y ex dirigentes sociales del mundo educacional), cuya experiencia muestra que el acuerdo entre perspectivas de intereses distintos es posible. Un amplio acuerdo social por la educación es viable, no es una quimera.

El planteamiento apunta a que, más allá de ajustes o regulaciones que se apliquen a los privados, lo que resulta esencial es la construcción de una nueva educación pública que sea predominante en todos los niveles educacionales. Reemplazar la fracasada lógica del mercado por la soberanía de la democracia sobre la organización de los fines y medios de nuestra educación.

El manifiesto “Una Nueva Educación Pública para Chile” –disponible en www.compromiso.cl– plantea que el lenguaje común para el diálogo entre sociedad y política es la educación pública. Le hemos entregado directamente este planteamiento al Mineduc para que haga todos los esfuerzos necesarios para construir ese acuerdo. Sin pretender reemplazar el entendimiento público entre el Gobierno y los actores sociales, nos ponemos en disposición de colaborar con esta tarea y contribuir a la concreción de una genuina reforma.