La legislación actual no cumple con los estándares internacionales para un Estado democrático, por eso ha sido condenada reiteradas veces por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí la importancia de respaldar con unidad nacional los cambios legislativos que promueve el gobierno para enfrentar este tipo de actos desquiciados
“El atentado en el metro fue un acto completamente desquiciado”, así lo califiqué en un programa radial. Sean quienes sean los responsables, buscan dañar la democracia y, en última instancia, inhibir el proceso de reformas para construir un mejor país que ha venido impulsando la Presidenta Bachelet.
En ese marco, vale la pena reflexionar sobre el oportunismo con que algunos han enfrentado el hecho. El ministro Elizalde cuestionó a “quienes tratan de sacar dividendo político de tan dramática situación, pues cometen un tremendo error”. Estos livianamente han afirmado que la agenda programática del gobierno ha quedado eclipsada y pasará a un segundo plano. De esa manera, tal vez sin quererlo, hacen eco de la sensación de caos y freno a la política democrática que buscan actos criminales como el ocurrido en el Metro Escuela Militar.
En las redes sociales, ciudadanos y ciudadanas han cuestionado el papel jugado por los medios de comunicación tradicionales. Que han festinado, que han abusado del morbo, que han fomentado el terror, dañando aún más la ya debilitada confianza interpersonal en el país, son los juicios reiterados en las redes. En el mismo ánimo, la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, criticó la portada de un vespertino («El retorno del miedo») por irresponsable y por promover el temor, agregando que “incluso puede aportar al objetivo de quienes realizan actos terroristas”.
[cita] La legislación actual no cumple con los estándares internacionales para un Estado democrático, por eso ha sido condenada reiteradas veces por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí la importancia de respaldar con unidad nacional los cambios legislativos que promueve el gobierno para enfrentar este tipo de actos desquiciados [/cita]
A las pocas horas del atentado, los jefes de la Bancada de la UDI y RN, Felipe Ward y Nicolás Monckeberg, me emplazaron a retirar del trámite legislativo el proyecto de derogación de la Ley Antiterrorista que presentamos a fines de julio.
Nuestra respuesta fue inmediata y constructiva. Retiraríamos el proyecto si la derecha respalda una nueva normativa con estándares democráticos, que permitan el debido proceso y la debida defensa, y apoya sin cortapisas al gobierno en su acción contra los grupos violentos que provocan daños a las personas, en consistencia con la necesaria unidad nacional ante estos hechos.
Enfatizo el sentido democrático y jurídico que nos impulsó a presentar el proyecto para derogar la actual Ley Antiterrorista. No es efectivo que nuestro proyecto no reconociera estos actos o que propusiera un marco jurídico más laxo. Por el contrario, proponemos derogar la Ley Antiterrorista para reemplazarla por nuevos artículos en el Código Penal que aumentan las penas de delitos como bombazos, secuestros, incendios, etcétera, considerando agravantes, además, si son cometidos en lugares de transporte o espacios públicos por organizaciones disciplinadas y sistemáticas en su accionar.
La Ley actual hasta ahora se ha limitado a calificar la intención de un acto, cuando creemos que se trata de sancionar los hechos. Como se lee, nuestra propuesta busca un refuerzo en materia penal para sancionar como corresponde estas actuaciones criminales.
La legislación actual no cumple con los estándares internacionales para un Estado democrático, por eso ha sido condenada reiteradas veces por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí la importancia de respaldar con unidad nacional los cambios legislativos que promueve el gobierno para enfrentar este tipo de actos desquiciados.
