Hay países grandes y poderosos capaces de perpetrar grandes injusticias, incluso en nombre de la justicia y la paz. Hay también países pequeños y más modestos en recursos de poder que, sin embargo, son capaces de hacer gestos de humanitarismo, sensibilidad, generosidad y grandeza ejemplar. Ese el caso de Uruguay. ¿Será el caso de Chile?
El gobierno de Chile acaba de hacer público que la administración de los Estados Unidos le ha solicitado acoger a un pequeño grupo de los prisioneros que, bajo acusaciones de acciones o tentativas terroristas, permanecen detenidos desde hace más de una década en la base militar norteamericana de Guantánamo.
Pese a que todavía no se ha adoptado una decisión, quienes han opinado hasta el momento lo han hecho en tres sentidos. Hay quienes que estiman que sería un grave error acoger esta solicitud, pues hipotéticamente podría implicar introducir el conflicto y la amenaza terrorista del fundamentalismo islámico al medio nacional. Otros han considerado que se trata de un problema deliberadamente creado por los EE.UU. y, por lo mismo, corresponde a sus propios responsables darle una solución práctica. Por último, hay quienes se han manifestado en el mismo sentido en que lo hizo el presidente uruguayo José Mujica: que se trata de una cuestión de carácter humanitaria, frente a la que no se puede permanecer ajenos e indiferentes.
Pese a que casi todo lo que rodea la detención y permanencia de estas personas en este campo de prisioneros se mantiene bajo la reserva y el secreto, se sabe que en algún momento su número alcanzó a una cifra cercana a las 800 personas. La mayoría de ellas, calificadas como combatientes yihadistas de peligrosidad de rango alto y medio, las que fueron capturadas en distintos lugares del mundo, especialmente en Afganistán, Pakistán y países del Medio Oriente, como Siria, Líbano, e Irak, en los días y meses posteriores a los atentados a la Torres Gemelas en septiembre del 2001.
El caso más emblemático es el de Jalid Sheij Mohamed, acusado de ser el autor intelectual del atentado, quien espera un juicio por acusaciones de asesinato por cada una de las 2.863 víctimas mortales. Los más, corresponden a miembros de El Talibán o Al Qaeda de distingo rango y compromiso con acciones terroristas, a la mayoría de los cuales no se les ha podido formular cargos concretos sobre crímenes específicos.
Antes de ser trasladados a Guantánamo y según está ampliamente acreditado, la mayoría de los prisioneros permanecieron detenidos en cárceles secretas (Black Sites) de la CIA y otras agencias norteamericanas en países del Medio Oriente e incluso europeos, bajo la cobertura de una autorización presidencial que había admitido la existencia de estos recintos de detención ilegales sobre la premisa del combate al terrorismo a escala global.
[cita] Hay países grandes y poderosos capaces de perpetrar grandes injusticias, incluso en nombre de la justicia y la paz. Hay también países pequeños y más modestos en recursos de poder que, sin embargo, son capaces de hacer gestos de humanitarismo, sensibilidad, generosidad y grandeza ejemplar. Ese el caso de Uruguay. ¿Será el caso de Chile?[/cita]
Bajo el impacto de los atentados de septiembre del 2001, el Congreso de los EE.UU. autorizó al presidente George W. Bush para aplicar la fuerza contra “naciones, organizaciones e individuos” que estuviesen relacionados de cualquier forma con los atentados o con actos futuros de terrorismo internacional. En noviembre del 2001, Bush autorizó a la CIA para establecer centros de detención fuera del territorio de los EE.UU. y posteriormente firmó una orden ejecutiva sobre “detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo”. Por dicha orden, se autorizó mantener a personas no norteamericanas bajo custodia indefinida, incluso sin que se les formularan acusaciones concretas.
Según un informe de la Unión Europea, ha quedado acreditada la existencia de centros de detención clandestinos de la CIA al menos en Polonia y Rumania. De igual modo, que agencias norteamericanas operaron al menos unos 1.200 vuelos ilegales a través de Europa, en los cuales estos prisioneros fueron llevados a Guantánamo, con lo cual dichas detenciones quedaron oficializadas y, al mismo tiempo, se admitió tácitamente la existencia previa de cárceles ilegales.
Se presume que los primeros 20 prisioneros llegaron a Guantánamo en enero del 2002, y desde ese momento se desató la controversia sobre dicho campo de prisioneros y, especialmente, respecto al derecho aplicable a las personas allí retenidas.
Incluso Bush se propuso cerrar Guantánamo, o al menos así lo declaró en 2008. Barak Obama y John McCain, a su vez y en plena campaña presidencial, también prometieron cerrar el Campo en caso de alcanzar el poder.
En enero del 2009 el presidente Barak Obama anunció el cese temporal del Campo, instruyendo a los fiscales a paralizar las actuaciones de los tribunales de guerra. Más tarde, Obama decretó que el Campo sería cerrado en el plazo de un año y que los juicios verificados contra los prisioneros acusados de delitos terroristas serían revisados. Al mismo tiempo, el presidente prohibió expresamente el uso de métodos de interrogatorios equiparables a la tortura.
Con la negativa del Congreso de los EE.UU. para autorizar fondos para trasladar a los prisioneros a territorio norteamericano, una fórmula de compromiso para mantener las cosas como estaban, quedó en evidencia que la única solución posible para vaciar el Campo consistía en buscar trasladar a los presos a otros países. Un acuerdo entre los EE.UU. con varios Estados significó el traslado de 67 prisioneros, pese a que varios países incluso se negaron a recibir a sus propios connacionales.
Formalmente, los prisioneros de Guantánamo son estimados como “combatientes ilegales”. Y por lo mismo no se les aplican las Convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra, por lo cual pueden ser retenidos de manera indefinida sin que se les someta a juicio y sin derecho a defensa.
En 2002, una jueza federal de California estableció, en un controvertido fallo, que el sistema legal de los EE.UU. carecía de jurisdicción sobre las personas detenidas en Guantánamo, pues no se considera a aquella base militar como parte integrante del territorio de los EE.UU. En consecuencia, en Guantánamo no rige ninguna de las garantías constitucionales aplicables a los nacionales o residentes en los EE.UU., incluidas la presunción de inocencia o el derecho a un juicio por jurado. Y pese a que el Tribunal Supremo de los EE.UU. ha opinado en contrario, los jueces federales vienen sosteniendo la tesis según la cual es legalmente posible someter a combatientes extranjeros a prisión de manera indefinida, sin presentarles cargos ni someterlos a juicio.
Los presos de Guantamano han quedado atrapados en un limbo jurídico. No hay sistema legal alguno que se les quiera aplicar y en consecuencia han quedado en la indefensión total. Con independencia de la gravedad de los crímenes que se les imputan y, mucho más todavía, si aquellos no han podido ser establecidos.
Se supone que actualmente los prisioneros en Guantánamo serían unos 250. De entre aquellos, unos ochenta esperan ser enjuiciados por tribunales militares, otros sesenta o setenta esperan ser deportados y poco más de un centenar, respecto a los cuales no existen pruebas que permitan acusarlos formalmente, son considerados, sin embargo, potencialmente demasiado peligrosos como para ser liberados.
Según Amnistía Internacional, al menos una veintena de los prisioneros fueron capturados cuando eran menores de edad, Y no existen dudas de que, en su mayoría, fueron sometidos a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto mientras permanecieron en cárceles ilegales como en la propia base de Guantánamo. Se sabe que muchos de los prisioneros sufren de graves enfermedades físicas y mentales. La mayor parte de ellos han permanecido presos por más de doce años sin cargos y bajo condiciones de extrema dureza. Son seres humanos con cuyas concepciones y acciones podemos estar completamente en contra, pero merecen una oportunidad de enmendar el rumbo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los presos, y ha reiterado la necesidad de que un tribunal competente sancione el estatus legal de los prisioneros. Sin embargo, pese a los insistentes llamados, la Comisión nunca ha recibido respuesta, de modo que hasta hoy la condición legal de los detenidos se mantiene en suspenso. Por lo mismo, el organismo de DD.HH. ha exhortado a los EE.UU. a cerrar el campo de prisioneros sin más tardanza y, evidentemente, sin ningún éxito.
Cualquier persona, por muy repudiables que sean los crímenes que se le imputen o de los cuales sea sospechoso, tiene derecho a comparecer ante un tribunal y a defenderse. También tiene el derecho inalienable a ser tratado de forma digna y humana, incluso si el mismo no ha respetado el derecho inalienable a la vida de otras personas. En eso consiste la superioridad moral, no en tratar a los demás con la misma vara.
Se dice que la petición norteamericana formulada a Chile menciona cuatro casos. Podría tratarse incluso de solo dos o, quizás, tan solo de un caso.
“Quien salva a un hombre, salva a toda la humanidad”. Esa es una frase inspiradora, la que por cierto no pertenece al Corán, el texto sagrado de los musulmanes, sino que esta expresada en el Talmud, el libro sagrado de los judíos.
Hay países grandes y poderosos capaces de perpetrar grandes injusticias, incluso en nombre de la justicia y la paz. Hay también países pequeños y más modestos en recursos de poder que, sin embargo, son capaces de hacer gestos de humanitarismo, sensibilidad, generosidad y grandeza ejemplar. Ese el caso de Uruguay. ¿Será el caso de Chile?
