Así como un funcionario público debe responder ante la justicia ante el eventual abuso de recursos del Estado, es de toda lógica que aquellos sostenedores que levantan sus proyectos educativos con fondos de la Subvención Escolar Preferencial respondan ante evidencias de malversación.
La Comisión de Educación de la Cámara aprobó en medio de un duro debate la indicación que busca penalizar con cárcel el lucro en la educación. Como autores de la indicación se nos acusó a los parlamentarios de la Nueva Mayoría de arremeter contra los privados y de establecer una ley penal en blanco que podría terminar su revisión en el Tribunal Constitucional. Nada más lejos de la realidad.
Lo cierto es que en el marco del inmenso esfuerzo del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet por avanzar a un sistema de educación gratuito y de calidad, no cabe dejar espacios para el abuso de los recursos que están destinados a nivelar la cancha a través del conocimiento. A la derecha le interesa reforzar la idea de que el gobierno y el oficialismo buscan terminar con la educación particular subvencionada. Es por eso que ayer sus parlamentarios insistían en ese falso interés por volcar todo a lo público.
El punto es que mientras algunos cuidan los intereses de sostenedores inescrupulosos, cientos de profesores pelean por sus sueldos y miles de alumnos y apoderados exigen su derecho a una educación de calidad.
[cita] Así como un funcionario público debe responder ante la justicia ante el eventual abuso de recursos del Estado, es de toda lógica que aquellos sostenedores que levantan sus proyectos educativos con fondos de la Subvención Escolar Preferencial respondan ante evidencias de malversación.[/cita]
¿Por qué esta iniciativa es necesaria?
1.- Primero porque apunta a defender el principio de igualdad ante la ley. Así como un funcionario público debe responder ante la justicia ante el eventual abuso de recursos del Estado, es de toda lógica que aquellos sostenedores que levantan sus proyectos educativos con fondos de la Subvención Escolar Preferencial respondan ante evidencias de malversación.
2.- Porque buscamos educación de calidad. Se ha pretendido establecer una norma específica para el caso de la Subvención Escolar Preferencial porque hay un interés por que la educación sea de calidad. Y el correlato de la calidad es que existan recursos para entregarla. ¡Recursos que es necesario defender!
3.- Porque queremos sostenedores que no teman a la ley. Esta norma viene a despejar dudas sobre el uso de los fondos públicos en educación. Se ha dicho que criminaliza innecesariamente. Sin embargo, ofrece a los transgresores la posibilidad de reintegrar los fondos mal utilizados evitando así la pena de cárcel.
4.- Porque asegura que la SEP se usará para mejorar el trabajo en aula. El proyecto de ley fija los fines educativos a los que puede destinarse la subvención y subraya que el sostenedor tiene la obligación de gastar los recursos de todos los chilenos en los fines que la ley indica, es decir, en remuneraciones, cotizaciones previsionales, bibliografía y otros.
5.- Porque quedan claras las obligaciones de los administradores de establecimientos educacionales. La norma aprobada por la Cámara ayer en el marco de la reforma educacional no da lugar a dos lecturas. Los recursos del Estado tienen un fin público y no son fondos de capitalización de los sostenedores, por tanto, no hay espacio a desvíos.
