Imagínese que valioso y revelador sería que los partidos políticos e incluso los movimientos estudiantiles propusieran cuales creen que debieran ser las 5 principales habilidades y valores con las que debieran egresar nuestros escolares por los próximos 20 años, cómo las llevarían a la práctica y evidenciarían su impacto. Sería sustancioso porque permitiría a los ciudadanos conocer no sólo las medidas – por lo demás técnicas y un poco ásperas – sino desde qué visión vienen y qué mueve a sus líderes, permitiendo a los ciudadanos contrastarlas claramente con su propia visión y valores. Esto facilitaría debates sustanciosos en vez de indicaciones por aislado.
Se estima que cerca del 95 por ciento de los fondos registrados en el Servel son de empresas y que de éstos un 90 por ciento son aportes reservados y anónimos, lo que crea un sistema privatizado y tiñe un marco político futuro bajo la voluntad y las necesidades de las empresas financistas. A este hermetismo que rige las elecciones, se suma que los ciudadanos somos quienes pagamos con nuestros impuestos la devolución de dineros que hace el Servel y que éstos tienen como receptor final un partido político que también desconocemos.
En medio de este álgido debate, al que se han sumado insospechadas aristas políticas, creemos que estamos frente a una valiosa oportunidad para transparentar y democratizar el sistema electoral y por, sobre todo, para relevar el rol que tiene la ciudadanía en este sistema, antes, durante y después de ejercer su voto.
El foco de la discusión se ha puesto una vez más en apuntar con el dedo a aquéllos que no han actuado con la ética que debiera existir entre las autoridades. El problema es que hoy hay que apuntar hacia muchos lados, porque todos estarían involucrados en este problema de opacidad del sistema. En vez de continuar con este círculo vicioso, la propuesta debiera estar en rediseñar la ley para motivar la participación ciudadana con incentivos para las donaciones de personas naturales, que ayuden a hacer peso a la influencia del mundo privado sobre el quehacer político, a revalorizar el voto de los ciudadanos y a reforzar la incidencia de los ciudadanos en la gestión pública.
[cita]Lo claro hoy es que el sistema de financiamiento actual se deslegitimó, de modo que tenemos la oportunidad de pasar desde uno que coarta y limita la expresión democrática a uno que la expanda y haga que la respuesta de las autoridades elegidas a las demandas de sus votantes sea más completa, oportuna y transparente.[/cita]
Aquí la importancia de transparentar los aportes que hoy en día se conocen como reservados y de la “transparencia oportuna”, es decir, con herramientas que permitan a la ciudadanía ejercer un voto informado y fiscalizar por sí misma el desempeño de sus candidatos en el Parlamento, observando y evaluando si las donaciones de las empresas pueden o no incidir. Para la efectividad de esta herramienta, hay que considerar que el electorado debe tener acceso a esta información y datos durante la campaña electoral y no posterior a ésta, como ocurre actualmente.
Lo claro hoy es que el sistema de financiamiento actual se deslegitimó, de modo que tenemos la oportunidad de pasar desde uno que coarta y limita la expresión democrática a uno que la expanda y haga que la respuesta de las autoridades elegidas a las demandas de sus votantes sea más completa, oportuna y transparente.
Para esto, existe una gran variedad de herramientas disponibles para hacer del financiamiento electoral otra cancha de participación ciudadana, ojalá masiva, en los procesos públicos, que empareje la influencia de los ciudadanos hacia sus representantes; que fomente campañas atractivas y participativas y que colabore con el tránsito desde una democracia donde los ciudadanos tienen una influencia limitada sobre opciones ya definidas, a una donde un proceso participativo amplio los haga sujetos de una democracia que sientan propia, permanente y de la que se sientan parte fundamental.
Una nueva normativa de financiamiento electoral debiera encontrar nuevas herramientas que nos sirvan para que los ciudadanos puedan efectivamente participar y sentir que esa participación tiene efectos reales. Otra cosa, será mantener la opacidad del sistema, fomentando y facilitando que nadie sepa quién financia a los candidatos. Y eso, no es democrático.
