El historiador Lorenzo Meyer ancla este problema en una transición democrática inacabada y que sigue arrastrando el pecado original de la impunidad política, por cierto con la complicidad de casi todos. Dice que “la Revolución perfeccionó el autoritarismo de Porfirio Díaz al dividirlo en sexenios en los que el presidente era el único al que cabía entregar cuentas. La irresponsabilidad institucional se volvió una fórmula de la clase política. Luego vino el supuesto cambio democrático y Fox (Presidente el 2000) dijo que iba a meter en cintura a los peces gordos y no lo hizo. Iguala nos muestra que seguimos teniendo una clase política que, sea de izquierda o de derecha o de centro, tiene los mismos intereses y comportamientos enrarecidos, y que sus instituciones de seguridad y justicia están tan carcomidas que no existen”.
En lo formal, los testimonios de la Fiscalía General apuntan a que en la masacre de los 43 estudiantes desaparecidos (26/9) en Iguala, Guerrero del Sur, México, fueron asesinados e incinerados por tres sicarios del cártel Guerreros Unidos para “defender su territorio” (www.elcomercio.com, 11/11/2014). Sin embargo, el gran culpable de estas y otras miles de muertes y desapariciones y de la tremenda inseguridad que padece México, es el fracaso de la política a partir de la profunda descomposición institucional-societal que han provocado los fenómenos de la corrupción y el narcotráfico y la impunidad que les han seguido.
Los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa habían viajado a la ciudad de Iguala (140 mil habitantes y a 200 km de la capital) para recaudar fondos para su escuela, utilizando varios autobuses de los que se habían apoderado por la fuerza, una práctica común en sus movilizaciones. La escuela de Ayotzinapa es conocida por su ideología socialista y su gran activismo. En el patio central de ella lucen murales de personajes como Karl Marx, Mao Zedong y Ernesto ‘Che’ Guevara, y en sus aulas se formaron algunos líderes de las guerrillas mexicanas de la década de los 70, como Lucio Cabañas. Los normalistas, considerados radicales y revoltosos, no eran bienvenidos. En junio del año anterior, tras el asesinato y tortura del líder campesino Arturo Hernández Cardona, miembros de su propio Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) junto a los estudiantes acusaron del crimen al ahora ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y atacaron el ayuntamiento.
Los sicarios y los policías, que en Iguala viven (o vivían) en una armoniosa simbiosis, creyeron que los jóvenes iban a repetir los desordenes, pero esta vez no contra el alcalde, sino contra alguien aún más poderoso: su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien dirigía las finanzas del cartel de Guerreros Unidos en la ciudad. Los vínculos de Pineda Villa (hoy detenida junto su esposo) con el narcotráfico vienen desde lejos: es la hija de una antigua operaria de Arturo Beltrán Leyva, el “Jefe de Jefes” (muerto el 2009) y hermana de quienes habían creado por orden de éste el embrión de la organización criminal Guerreros Unidos con el objetivo de enfrentarse a Los Zetas y a La Familia Michoacana. Y cuando ambos hermanos fueron ejecutados y arrojados a la carretera de Cuernavaca, ella tomó las riendas en Iguala, protagonizando junto con su marido un fulminante ascenso económico (son dueños de 17 propiedades en la ciudad, incluido un imponente centro comercial) que ahora quería completar con uno social y ser electa alcaldesa el 2015. Desde prisión, miembros del cártel narcotraficante Guerreros Unidos describen a esta mujer no sólo como una aliada sino como la “principal operadora de actividades delictivas” desde la alcaldía de Iguala.
Para completar el sueño de Pineda Villa, ese 26 de septiembre se había preparado un gran acto de lanzamiento de su carrera electoral. Sin embargo, la irrupción en la ciudad de los normalistas les hizo temer que fuesen a echar a perder la ceremonia y el alcalde exigió a sus subordinados de la policía municipal que los detuviesen y entregasen a sicarios de Guerreros Unidos (www.elpais.com, 08/11/2014). Desde la cárcel el capo de esta organización criminal, Sidronio Casarrubias, declaró que la noche de las desapariciones fue informado por su lugarteniente en Iguala que los estudiantes eran parte de un grupo criminal rival (Los Rojos) y por ello avaló las acciones “en defensa del territorio”.
Estas muertes en el contradictorio estado de Guerrero con su producción de oro y de turismo (playas y hoteles) y un 70% de la población que viven en la pobreza, no son las primeras ni serán las últimas relacionadas al negocio del narcotráfico en México: la violencia es parte de él. En el Informe Mundial sobre las Drogas 2014 de Oficina de Crimen y Droga de la ONU (UNODC), se constataba un total aproximado de 183 mil muertes relacionadas con las drogas en el 2012 en el mundo, con un margen de variación de bajar o subir de 95 mil a 226 mil (www.unodc.org/documents). Pero volviendo al caso de México, Jorge Castañeda habla de los 70 mil muertos y 25 mil desaparecidos a lo largo de todo el país producto de la violencia de la guerra entre el narcotráfico y contra el narcotráfico (incluyendo las ejecuciones extrajudiciales) solo durante el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012 (www.elpais.com, 14/11/2014). Desde que asumió el Presidente Peña Nieto se han reportado 10 mil desaparecidos (Telesur).
[cita]El historiador Lorenzo Meyer ancla este problema en una transición democrática inacabada y que sigue arrastrando el pecado original de la impunidad política, por cierto con la complicidad de casi todos. Dice que “la Revolución perfeccionó el autoritarismo de Porfirio Díaz al dividirlo en sexenios en los que el presidente era el único al que cabía entregar cuentas. La irresponsabilidad institucional se volvió una fórmula de la clase política. Luego vino el supuesto cambio democrático y Fox (Presidente el 2000) dijo que iba a meter en cintura a los peces gordos y no lo hizo. Iguala nos muestra que seguimos teniendo una clase política que, sea de izquierda o de derecha o de centro, tiene los mismos intereses y comportamientos enrarecidos, y que sus instituciones de seguridad y justicia están tan carcomidas que no existen”.[/cita]
Pero el tema va más allá de esta guerra en contra del crimen organizado y sus muy lucrativos negocios, como ya lo constataba el informe 2010 de la UNODC, el que aseguraba que la delincuencia organizada derivada de los mercados de la droga, el tráfico de armas y de seres humanos suponía en 1,5 % del PIB mundial, el 7% de las exportaciones globales de mercancías (en ese año superaba los 700.000 millones de euros al año) y que el 70% de esos ingresos ilícitos se podían blanquear a través del sistema financiero regular. En el caso de México este fenómeno delictual se relaciona a otro tema que ha erosionado toda la institucionalidad desde hace varias décadas: la corrupción. Así en Iguala los malos también eran parte del Estado, pero no es una excepción (por ejemplo, en Amacuzac, Morelos, la mitad de los 54 policías trabajaba para el crimen organizado).
Lord Acton decía, en su tan citada frase, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y quien tuvo el poder absoluto en México casi desde los inicios de la revolución (noviembre de 1910) y por casi 70 años fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y lo mantuvo en términos hegemónicos entre 1929 y 1989, cuando perdió por primera vez una gobernación, la del estado de Baja California (ante el candidato del PAN); posteriormente perdería la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997 y el Senado en 2000. Desde 1929 todos los presidentes de México fueron miembros del PRI o sus partidos antecesores, hasta que se produjo la primera alternancia en el poder de manera pacífica en un siglo, en las elecciones federales del año 2000, cuando ganó por primera vez la oposición con Vicente Fox del Partido de Acción Nacional de derecha (PAN).
Más allá de situar el problema de la corrupción en la Constitución de 1917 o en las presidencias de Adolfo de la Huerta en 1920 o de Plutarco Elías Calles en 1924, lo cierto es que fue la institucionalización (sentidos y formas que adquirió) en México que pusieron fin al proceso revolucionario, a la vez terminaron imponiendo una hegemonía corporativista que ha secuestrado el Estado hasta hoy (gran debilidad del Estado de derecho entre otros). Como lo expresa el sociólogo Roger Bartra, es “la continuidad de una antigua putrefacción” con sus mecanismo de caudillaje y represión que se impusieron con posterioridad a la Revolución de 1910. Es decir (agrega), “son élites de poder ligadas al PRI o a sucesores del PRI (perpetuadas a nivel local y estatal) que manejan los negocios en sus regiones, monopolizan el poder y mantienen los cuerpos policiales y estructuras gubernamentales corruptas para evitar un proceso de transición democrática” (www.elpais.com, 27/10/ 2014).
Ya casi hace una década (2005) un artículo del diario La Jornada expresaba que “la corrupción, el fraude y las conductas deshonestas” tenían un costo de 81 mil millones de dólares anuales en México, 12% del PIB, citando un estudio de la consultora privada CEI hecho a 1.346 empresas. Este estudio destacaba, además, que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) pagaban en sobornos cada año unos US$ 29 mil 700 millones (4.5% del PIB de entonces) y que el 43% de ellas lo hacía en forma regular gastando 10% de sus ingresos anuales. Pero, casi más preocupante que lo anterior, es que hace tiempo la corrupción es parte sustantiva de la cultura nacional. Así, por ejemplo, el gerente general de CEI destacaba que los mexicanos se inician en prácticas corruptas en promedio a los 12 años (en especial con el pago de sobornos a profesores) y que existe 87% de posibilidad de que paguen sobornos al menos una vez en la vida (otros estudios hablan de un 25% del sueldo de los más pobres destinados a la coima). En el caso de las Pymes, 63% reveló haber sido víctima de fraude, muchas veces por parte de los propios empleados, con un costo total por año de unos US$ 13 mil 200 millones (www.jornada.unam.mx/2005/08/11).
La ambición desmedida, la centralización y concentración del poder (poco check and balance), el monopolio de la información (Periodista sin Fronteras califica en 2014 a México en situación dificultosa), el control del comercio y las industrias, el exceso de burocracia para un servicio o trámite, sueldos bajos de los funcionarios públicos, relajación ética privado-pública, falta de participación ciudadana (particularmente en el control de la gestión pública), entre otros, han favorecido en México el abuso de poder y acciones reñidas con las leyes y valores de la sociedad en vista al logro del poder y del enriquecimiento ilegal/ilegítimo o simplemente para consagrar un objetivo. Según estimaciones del Banco Mundial, la corrupción en México aún se supone que es más del 9% del PIB (el gasto en educación es de alrededor del 6%) (www.sdpnoticias.com/columnas 21/04/2013), mal que sólo beneficia a unos cuantos a costa de la mayoría de los ciudadanos.
El historiador Lorenzo Meyer ancla este problema en una transición democrática inacabada y que sigue arrastrando el pecado original de la impunidad política, por cierto con la complicidad de casi todos. Dice que “la Revolución perfeccionó el autoritarismo de Porfirio Díaz al dividirlo en sexenios en los que el presidente era el único al que cabía entregar cuentas. La irresponsabilidad institucional se volvió una fórmula de la clase política. Luego vino el supuesto cambio democrático y Fox (Presidente el 2000) dijo que iba a meter en cintura a los peces gordos y no lo hizo. Iguala nos muestra que seguimos teniendo una clase política que, sea de izquierda o de derecha o de centro, tiene los mismos intereses y comportamientos enrarecidos, y que sus instituciones de seguridad y justicia están tan carcomidas que no existen” (www.elpais.com 27/10/ 2014).
México se encuentra en el lugar 107 de 157 en el listado de corrupción de Transparencia Internacional y, por lo mismo, se dice que es más fácil tener un billete listo que respetar las leyes y es por eso que se tiene una cultura legal deficiente también. Si a la gran pobreza y corrupción, entonces, sumamos que la historia de Guerrero ha sido, como lo expresa Enrique Krauze en su artículo “México bárbaro” (www.elpais.com, 09/11/2014), “una secuela de despojos, golpes, traiciones, desafueros, desconocimientos, derrocamientos, divisiones dirimidas a balazos y asesinatos»: es decir una cultura violenta por decirlo más simplemente»; y a la vez, tiene una geografía intrincada e incomunicada, de difícil acceso, la zona ha sido un paraíso para el narcotráfico, donde muchos alcaldes y sus aparatos lo resguardan, se asocian o se convierten en los propios con la omisión o complicidad del resto del aparato público (en Iguala el Ejército tiene una importante unidad que no hizo nada a pesar de la cercanía). Como dice Peter Eigen, presidente de Transparencia Internacional en el Informe de Corrupción Mundial 2004: «El abuso del poder para lograr ventajas políticas afecta a quienes pagan impuestos y a los tenedores de acciones corporativas en todo el mundo y niega a los más necesitados los servicios públicos básicos, creando un grado de desesperación que genera conflicto y violencia” (www.monografias.com/trabajos36/mexico-corrupto).
En este marco institucional se desarrollaron los grandes carteles: Sinaloa, Beltran Leyva, Los Zetas, Juárez, del Golfo y Tijuana, principalmente, hasta que el Presidente Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico. La Policía Federales y las FF.AA. combaten de frente a los carteles. Y así van cayendo los grandes capos. En septiembre del 2012, ya se habían capturado o fallecido por resistencia al arresto o víctima de otros criminales, 20 de las 37 principales cabezas. Ahí están Eduardo Costilla Sánchez, alias “El Coss”, del cartel del Golfo; Jesús Enrique Rejón Aguilar, “El Mamito”, de los Zetas; Nazario Moreno González, “El Chayo”, de la familia Michoacana; Ezequiel Cárdenas Guillen, “Tony Tormenta”, del cartel del Golfo; Sergio Enrique Villareal Barragán, “El Grande”, de los hermanos Beltrán Leyva; Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, del cartel Beltrán Leyva; Ignacio “Nacho” Coronel, del cartel de Sinaloa; Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”; Vicente Carrillo Leyva, del cartel de Juárez; Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, cartel de Sinaloa; hasta Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, el capo del cartel de Sinaloa, el hombre más buscado después de Osama Bin Laden y uno de los más ricos del mundo de acuerdo a la revista Forbes (www.excelsior.com 23/02/2014).
Entre los efectos de esta guerra, por una parte, destaca la multiplicación de los casos en los que aparecen las corporaciones policiacas involucradas con el narcotráfico. La solución, cree el Gobierno, pasa por reforzar las 32 policías estatales existentes y que estas asumieron un mando estatal único. Los municipios deberían entregar sus policías a los gobernadores y aunque algunos están de acuerdo discrepan de la forma y otros simplemente rechazan la idea. El Presidente Calderón de todas formas firmó una iniciativa constitucional para formar estas 32 “súper policías”, iniciativa que nunca llegó a prosperar (www.el país.com, 06/11/2014). Si bien este tema aparece como un avance importante, simplemente no es la panacea para un dilema que trasciende lo policial y se ancla en lo estructural.
Por el otro, se fragmentan los grandes carteles, dando paso a organizaciones más pequeñas que se disputan los territorios a punta de sanguinaria y creciente violencia. Ahí están, por ejemplo, los Guerreros Unidos, acusados de estar entre los principales traficantes de amapola (heroína) y marihuana a la ciudad de Chicago y cuyo jefe, Sidronio Casarrubias, dio el visto bueno de muerte de los estudiantes desde la cárcel. Este grupo que actúa en Guerrero y Morelos, se afianza con la muerte de Marcos Arturo Beltrán Leyva (diciembre de 2009) y el arresto de Edgar Valdez Villarreal (agosto de 2010). Sin embargo, la pérdida de influencia de los Beltrán Leyva también dio paso a los Mazatlecos o Limpia Mazatleca en Sinaloa y Nayarit y leales a los Beltrán Leyva; al Cártel Independiente de Acapulco y La Barredora en Guerrero; a la Mano Con Ojos y Cártel del Centro en el estado de México y el Distrito Federal (DF); a los Rojos en Morelos y Guerrero, enemigos de Guerreros Unidos; al Cártel del Pacífico Sur y Los Pelones en Morelos; al Cártel de la Sierra en Guerrero; la Oficina en Aguas Calientes; a los Guardianes Morelenses en Morelos; a La Nueva Administración en Morelos y el DF; y al Cártel de La Calle.
Claramente la principal carga sigue siendo la corrupción, en tanto inhibe el funcionamiento institucional y distorsiona las reglas que unifican a la sociedad y la legitimidad de la democracia. Esto llega a tanto que Samuel Schmidt, de La Opinión, expresa que estando en el pleno de la Cámara de Diputados le tocó escuchar a un diputado decir: “Queremos pedir que regrese Raúl Salinas de Gortari, el cobraba el 10%, ahora cobran el 30%”. Agrega que “era una denuncia muy poderosa, expuesta en la máxima tribuna del país y sin embargo no sucedió nada. Ni levantó cejas el que se esgrimiera a los elevados niveles que ha llegado la ambición de políticos y funcionarios públicos” (http://ciudadanosenred.com.mx 26/10/2014).
El propio Presidente Peña Nieto se refirió a este tema, al decir que: “El combate a la corrupción era un asunto de orden cultural… Para hacerle frente tenemos que partir de reconocer esta debilidad y entonces a partir del fortalecimiento de instituciones que permitan combatir prácticas de corrupción, que permitan definir políticas que sirvan o que inhiban eventuales prácticas de corrupción, será como estemos avanzando realmente en la formación de una nueva cultura ética entre la sociedad mexicana” (eleconomista.com.mx, 08/09//2014).
Tal como lo expresa el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, esto sin duda ha desembocado en “una crisis en materia de derechos humanos”, al calificar a Iguala y otros anteriores, como la matanza de Tlatlaya (según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega en Tlatlaya el 30/06/2014), de “extraordinariamente preocupantes” por las debilidades que exponen, especialmente en materia de “incapacidad de los cuerpos estatales” (www.elpais.com, 30/10/2014).
Esta incapacidad llevó al Presidente Peña Nieto a impulsar el llamado Pacto por México. Un acuerdo político, económico y social para promover el crecimiento, construir una sociedad de derechos, eliminar prácticas clientelares y disminuir la pobreza y la desigualdad social. Este tiene tres ejes fundamentales: fortalecimiento del Estado mexicano, democratización de la economía y la política, y participación ciudadana en el proceso de las políticas públicas, y cinco acuerdos: Sociedad de Derechos y Libertades; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y Gobernabilidad Democrática.
Tal como lo ha expresado en un editorial de El País el propio Presidente Peña Nieto, este Pacto permitió definir propuestas para dar solución a los grandes problemas nacionales en términos de elevar la productividad de México para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico; fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos; y afianzar régimen democrático y de libertades. Así “en un periodo de tan sólo veinte meses, México ha concretado 11 reformas que representan un logro histórico. Su aprobación implicó un profundo esfuerzo para realizar 58 modificaciones a la Constitución, 81 cambios a diversas leyes secundarias, la creación de 21 ordenamientos jurídicos y la abrogación de 15. De igual manera, se constituyeron 3 nuevas instituciones y se fortalecieron 13 ya existentes” (www. elpais.com, 20/08/2014),
Sin embargo, y como lo expresa Jorge Castañeda por otra parte, “uno de los costos escondidos del Pacto por México y de las reformas aprobadas fue el borrón y cuenta nueva otorgado al sexenio anterior. Sin el apoyo de los senadores afines al ex Presidente Felipe Calderón, no habría pasado la reforma energética, por ejemplo. Por tanto, los 70 mil muertos de Calderón, y sus 25 mil desaparecidos, no serán investigados, ni castigados sus responsables. (Y) no eran todos delincuentes…” (www.elpais.com, 05/11/2014).
Pero en lo que se equivocó la autoridad, es que Iguala no fue otro número más de muertos o desaparecidos sino que puso ante el espejo al país y no le gustó lo que vio. Hoy nada alcanza para apaciguar a una sociedad “shockeada”: ni el arresto del ex alcalde de Iguala junto a su mujer, a quienes se les imputa la autoría intelectual de la desaparición forzada y, aparentemente, el asesinato de un total de 46 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; ni la caída del gobernador, Angel Aguirre Rivero, sustituido por un académico que fue secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero; ni mucho menos el anuncio del hallazgo de restos incinerados que podrían corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos (aunque un equipo de forenses argentinos aseguró la no coincidencia de los restos con los estudiantes – El Mostrador, 11/11/2014).
Mientras las movilizaciones se incrementan en México y el mundo, la indignación creció con un viaje del Presidente Peña Nieto (asiste a la APEC e inicia una gira oficial por China y Australia) junto al recuerdo de una onerosa remodelación de la residencia de Los Pinos, lo que simbolizaría la falta de sensibilidad y capacidad política del Ejecutivo para enfrentar la crisis. Castañeda dice que perdió la brújula un régimen que parecía dominar la agenda sin mayoría (electo con un 38,2%, sin mayoría en ninguna de las dos Cámaras y con un alcalde en DF de oposición), mientras muchos medios formales y electrónicos, como La Izquierda Diario, denuncian que “intentan hacer creer al pueblo de México que Abarca y Pineda (el alcalde y su mujer) son dos manzanas podridas, y que su detención traerá justicia para los normalistas y sus familias, mientras Peña Nieto lanza un Pacto por la seguridad con el PRI-PAN-PRD. Querrán utilizar estas detenciones para desviar y contener el descontento que continúa expresándose en las calles” (www.laizquierdadiario.com, 18/11/2014).
Hace unos años en Monterrey un grupo de sicarios incendió el Casino Royal y provocó la muerte de 53 personas (www.excelsior.com.mx, 26/08/2011). Esa masacre generó una alarma generalizada y la sociedad, los empresarios, los medios, todos colaboraron proactivamente en la renovación integral de las policías, invirtieron en obras sociales y educativas, fueron exigentes con el Gobierno estatal y, si bien no lograron acabar con el problema, lo volvieron manejable. Algo similar ha ocurrido en Tijuana y aun en Ciudad Juárez.
La réplica de este modelo en Guerrero no sólo es más difícil por su geografía, bajo nivel educativo, pobreza, marginalidad, sino porque su proyección en el tiempo requiere de una estrategia global que parta por fomentar un sistema de seguridad y de justicia que empiece protegiendo la vida humana con acciones legales y legítimas (www.elpais.com, 09/11/2014), y siga con una modernización global del Estado con instancias de transparencia y control (particularmente de las policías), garantías de balance de poder, participación ciudadana, reformas legales que incluyan fuertes penas para la corrupción (cambiar las reglas del juego), mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios públicos, implementar las reformas ya aprobadas, etc.
Sin estos pasos es posible que escuchemos otro “Grito de Dolores” (inició la guerra de la Independencia), esta vez no encabezado por alguien parecido al cura Miguel Hidalgo y Costilla o los partidos políticos de nula capacidad, sino por una sociedad civil saturada y enardecida.
