Años atrás, el tristemente célebre ministro Hugo Rosende –último ministro de Justicia de Pinochet–, fiel a su devoción canina por el Dictador, le previno que no ratificara el Pacto de San José, ya que, de hacerlo, los marxistas vencedores lo exhibirían en una jaula.
Ha tenido que ocurrir que, prácticamente, se paralice la inversión en el país para que decidiéramos, de una vez por todas, tomarnos en serio las obligaciones que nos impuso ratificar el Convenio 169 de la OIT, que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten.
Años atrás, el tristemente célebre ministro Hugo Rosende –último ministro de Justicia de Pinochet–, fiel a su devoción canina por el Dictador, le previno que no ratificara el Pacto de San José, ya que, de hacerlo, los marxistas vencedores lo exhibirían en una jaula.
Rosende quizás ignoraba que este tipo de Tratados que la Humanidad acuerda para establecer mínimas garantías y derechos a toda la especie, impide que a alguien lo enjaulen y exhiban por las calles, aunque se trate de genocidas como Pinochet.
Además, como decano de Derecho que fue, debía estar informado de la particular forma que Chile tiene de cumplir ciertos compromisos internacionales.
Con la inquietante excepción de aquellos que señalan límites, nadie parece escandalizarse con lo que aquí ocurre a la hora de cumplir con lo que se suscribe y ratifica en un Pacto Internacional.
[cita]Años atrás, el tristemente célebre ministro Hugo Rosende –último ministro de Justicia de Pinochet–, fiel a su devoción canina por el Dictador, le previno que no ratificara el Pacto de San José, ya que, de hacerlo, los marxistas vencedores lo exhibirían en una jaula.[/cita]
Para empezar, en términos prácticos, no son autoejecutables, por lo que, si no se ha dictado una ley o reglamento que “los desarrolle”, ninguna de las garantías establecidas en ellos es exigible.
Podría argumentarse que es un problema de desidia normativa. Pero no.
La Convención de Washington que, básicamente, consagra la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, ostenta su Decreto desde hace décadas. Una de las cosas más interesantes es que obliga a quienes lo suscriben a que, llegado el triste caso de tener que tomar la decisión de alterar un Parque Nacional en pos del progreso de la Patria, esto debe hacerse por Ley.
En Chile este tipo de cosas se autorizan por decreto.
Somos orgullosos suscriptores y concurrentes de cuanto instrumento o tratado internacional relativo a la lucha contra el cambio climático exista, a la vez que hemos multiplicado por cuatro nuestras emisiones de carbono desde la Conferencia de Río. Sin embargo, a propósito de la Consulta Indígena –que está contenida en el Convenio 169 de la OIT– se superó todo límite.
En este sentido, el gobierno de Sebastián Piñera, seguramente pensando en hacer “la mejor consulta indígena de la historia”, hizo caso omiso de las sugerencias, observaciones, requerimientos y, también, advertencias que le hicieron los representantes de nuestros pueblos originarios, la Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas.
El mensaje era muy simple: Chile no podía realizar este trascendental proceso de la manera que le diera gana. El resultado ha sido una chapucería que no respeta ni se aproxima a ninguna de las características que esta debe tener: previa, informada y de buena fe.
Irrisoriamente, sanciona que para el caso de que no se llegue a acuerdo con los representantes de los pueblos originarios, literalmente por Decreto, no se entiende afectado el derecho a consulta.
Son de tal magnitud y evidentes estas faltas que los tribunales han declarado permanentemente que, ni el Decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social, ni el 40 del Ministerio del Medio Ambiente se acercan, siquiera, a los estándares mínimos que la Consulta Indígena debe tener.
De esta manera, literalmente por orden judicial, gran parte de la inversión minera y eléctrica se encuentra paralizada –con justa razón, digámoslo– para espanto y desesperación de quienes creen que un modelo de desarrollo basado en la exportación de palos, piedras y pescados a destajo y obtenidos de manera depredadora con el entorno, las más de las veces, califica para denominarse crecimiento económico.
Así las cosas, desde la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que presido, apoyaremos decididamente la iniciativa de los ministros Badenier y Villegas para anular estos decretos y reemplazarlos por aquellos que cumplan con los estándares que la comunidad internacional nos demanda.
Y, en lo particular que nos concierne, abogaré para que en el más breve plazo el Poder Legislativo defina e implemente, conforme a la forma, fondo y espíritu del Convenio 169, un procedimiento de Consulta Indígena para la tramitación de las leyes.
Tal y como, en derecho, siempre debió proceder.
