Repensar el Simce, es repensar el paradigma evaluativo y, más aún, repensar el sistema escolar en su conjunto para asegurar principios de calidad y profesionalización docente, inclusión y justicia social, y participación de las comunidades educativas.
Octubre y noviembre son meses de aplicación del Simce y con ello diversos actores vuelven a abrir el debate respecto a la contribución de esta política evaluativa.
Para entender esta discusión primero se debe comprender que la prueba en cuestión no es simplemente una evaluación nacional, es mucho más que aquello.
El Simce es un dispositivo clave dentro del sistema escolar, que contempla: resultados comparativos por escuela publicados en los medios; cartillas para padres y apoderados; rendición de cuentas por cumplimiento de metas Simce fijadas por el Estado en los establecimientos con Subvención Escolar Preferencial (SEP); el “ordenamiento” de los establecimientos según cuatro categorías de desempeño; consecuencias ligadas a los resultados y a la ordenación, como bonos salariales y sanciones, que incluyen hasta el cierre de establecimientos.
Esta combinación de políticas es conocida como un enfoque de accountability de mercado, en que la evaluación estandarizada es utilizada, por una parte, como información pública para diferenciar a los establecimientos y orientar la elección de los padres y, por otra, como un mecanismo de control del Estado ante una dispersa red de sostenedores con baja regulación de entrada.
[cita]Repensar el Simce, es repensar el paradigma evaluativo y, más aún, repensar el sistema escolar en su conjunto para asegurar principios de calidad y profesionalización docente, inclusión y justicia social, y participación de las comunidades educativas.[/cita]
Discutir sobre el Simce y sus alcances no implica discutir respecto de si nos quedamos con o sin la prueba; conlleva debatir sobre una compleja matriz de políticas vinculantes situadas en un modelo de mercado escolar.
Desde el gobierno, el mismo programa de la Presidenta Bachelet dice:
“A nivel escolar, debido al uso y consecuencias de los resultados del SIMCE, hemos empobrecido el concepto de calidad y educación y promovido prácticas como la selección, la exclusión y el entrenamiento de pruebas. Debemos superar esta definición e impulsar una comprensión más compleja e integral de calidad para recuperar el sentido de la labor educativa.”
Actualmente, se ha conformado una comisión Simce que a fines de año debe sugerir un rediseño del modelo evaluativo, pero mientras tanto el Gobierno se ha mantenido ambiguo respecto de qué se quiere reformar. Justamente en la comisión lo que está en juego es si se mantendrá el modelo evaluativo, disminuyendo solamente el número de pruebas publicadas, o si conllevará un cambio más sustancial en la naturaleza del sistema de evaluación actual.
Un cambio profundo requiere pasar de un enfoque de clasificación y competencia por resultados, a un modelo centrado en la colaboración, profesionalización e inclusión socioeducativa. Concretamente, para repensar el modelo, hay seis puntos claves a considerar:
Realizar evaluaciones nacionales cada tres años, no publicadas en los medios. Esta información evaluativa permite un monitoreo global del sistema escolar para retroalimentar el diseño de la política pública. También, dichos resultados podrán ser utilizados por los equipos escolares, junto con las evaluaciones y el conocimiento producido al interior de los mismos establecimientos. Este cambio conlleva, además, no implementar el sistema de ordenamiento del desempeño de las escuelas, que contempla la Agencia de la Calidad.
Fortalecer el desarrollo y las condiciones del trabajo docente, en vez de poner el énfasis en premios y sanciones. Ello implica desligar los des/incentivos a los resultados estandarizados y mejorar sustantivamente las condiciones institucionales en los establecimientos, especialmente aumentar las horas no lectivas de los docentes, fortalecer las instancias de análisis y trabajo profesional entre pares, y mejorar sustancialmente las condiciones salariales.
Pasar de una asesoría técnica educativa (ATE) externalizada y fragmentada en el tiempo, a un sistema territorial de apoyo y asesoría permanente, dentro de las estructuras locales de gestión del sistema escolar, tales como las direcciones provinciales del Ministerio de Educación o los futuros Servicios Locales de Educación. Para esta transformación se requiere de equipos profesionales de calidad a nivel local, que acompañen, asesoren y evalúen de modo cercano y permanente a los establecimientos subvencionados de un territorio determinado.
Pasar de una planificación estandarizada con metas Simce, a una que favorezca objetivos y estrategias contextualizadas y consensuadas colectivamente, que fomenten la integralidad del currículum, la creatividad e innovación en las prácticas pedagógicas, la inclusión socioeducativa y la participación de la comunidad escolar.
Consecuencias y toma de decisiones desde la gestión territorial, y no desde la Agencia de la Calidad. La remoción o cierre de un establecimiento no debe ser decidido por criterios estandarizados, limitado a resultados Simce y a la ordenación de las escuelas. Las diversas decisiones que se toman respecto al mejoramiento de los establecimientos educativos deben implicar una mirada comprensiva, que considere diversos criterios con el objeto de tomar decisiones certeras de acuerdo a las necesidades locales, avances de proceso y de resultados, y las visiones de las comunidades.
Fortalecer la regulación de entrada de los establecimientos, por sobre una que pone el énfasis en sanciones por resultados. Ello implica regular la entrada y las condiciones de los sostenedores privados, en cuanto a la solidez y calidad de las trayectorias institucionales y equipos profesionales que den respaldo a dicha responsabilidad educativa. A su vez, significa avanzar en el proceso de desmunicipalización, en miras de generar un modelo de institucionalidad que dé marco y fortalezca a la educación pública.
En definitiva, es ilusorio esperar que las políticas actuales de evaluación estandarizada y de responsabilización por resultados “aseguren la calidad de la educación”. Asimismo, es erróneo restringir la reflexión política a cómo “equilibrar” mejor las evaluaciones, incentivos y sanciones.
Repensar el Simce, es repensar el paradigma evaluativo y, más aún, repensar el sistema escolar en su conjunto para asegurar principios de calidad y profesionalización docente, inclusión y justicia social, y participación de las comunidades educativas.
