Bolivia ha demandado a Chile ante la CIJ con argumentos históricos que contradicen a varios autores de su propio país. Lo mismo se observa en El libro del mar, que constituye una suerte de resumen divulgativo de esta demanda. Pese a que nuestro país tomó la decisión (que comparto) de cuestionar la competencia de la Corte, debería, al mismo tiempo, refutar dichos argumentos desde una diplomacia más política y no reducida casi exclusivamente al plano jurídico.
La demanda boliviana presentada en la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) sostiene que Chile se ha obligado a negociar una salida soberana al mar para Bolivia, generando lo que se ha llamado un “derecho expectaticio”. A esto agrega que “es evidente que Chile no tiene ninguna verdadera intención para formalizar las negociaciones sobre un acuerdo para cumplir la obligación de manera efectiva y garantizar el acceso pleno y soberano al mar para Bolivia”.
En este sentido, resulta interesante constatar que, a la luz de diversos autores bolivianos, las negociaciones han fracasado no tanto por culpa de una supuesta intransigencia chilena, sino justamente del mismo defecto que ellos le atribuyen a la diplomacia de su país. Un ejemplo, varias veces citado por nuestro Canciller, Heraldo Muñoz, se refiere al libro del ex diplomático boliviano, Walter Montenegro, Oportunidades pérdidas. Bolivia y el mar, que ya en su primer capítulo señala lo siguiente: “Haciendo una comparación con las desventuras que pueden ocurrir en la vida privada, una mujer puede alegar legítima y respetablemente que ha sido engañada, seducida, una vez y, con muy mala suerte, quizá dos veces; pero si el número de engaños llega a ocho será necesario encontrar otro factor o factores que expliquen la malhadada serie, además de la pérfida intención del seductor” (Editorial Los Amigos del Libro, La Paz, 1987, pp. 8 y 9).
[cita]Bolivia ha demandado a Chile ante la CIJ con argumentos históricos que contradicen a varios autores de su propio país. Lo mismo se observa en El libro del mar, que constituye una suerte de resumen divulgativo de esta demanda. Pese a que nuestro país tomó la decisión (que comparto) de cuestionar la competencia de la Corte, debería, al mismo tiempo, refutar dichos argumentos desde una diplomacia más política y no reducida casi exclusivamente al plano jurídico.[/cita]
Sobre las diversas ocasiones referidas por la demanda boliviana en las que, supuestamente, nuestro país se habría allanado a negociar una salida soberana al mar de Bolivia, Montenegro es claro en reconocer los errores de la diplomacia de su propio país. Por ejemplo, con relación a las notas diplomáticas de 1950 —acontecidas bajo los gobiernos de Gabriel González Videla y Mamerto Urrilagoitía— sostiene que la compensación no territorial, correspondiente al uso de aguas del Titicaca, constituía una condición inicial de Chile, a la que podría haber retrocedido de concretarse una negociación formal. Y agrega: “Como ocurrió antes y ocurriría en el futuro, Bolivia permitió que el conato de negociación muriera prematuramente en sus manos” (p. 65).
Un segundo ejemplo es el del historiador boliviano Ramiro Prudencio Lizón, quien no duda en afirmar que la responsabilidad del fracaso de la negociación Charaña se debió a las elites de su propio país: “El fracaso de la negociación más importante del siglo XX como fue la de Charaña, es imputable evidentemente al gobierno del general Banzer. Pero éste no es el único. También lo son todos los políticos, internacionalistas, miembros de los medios de comunicación escrita y verbal del país, que constantemente criticaron e hicieron una oposición tenaz contra la marcha de la misma” (Historia de la negociación de Charaña, Plural Editores, La Paz, p. 359).
Bolivia ha demandado a Chile ante la CIJ con argumentos históricos que contradicen a varios autores de su propio país. Lo mismo se observa en El libro del mar, que constituye una suerte de resumen divulgativo de esta demanda. Pese a que nuestro país tomó la decisión (que comparto) de cuestionar la competencia de la Corte, debería, al mismo tiempo, refutar dichos argumentos desde una diplomacia más política y no reducida casi exclusivamente al plano jurídico. Para ello, se cuenta con suficiente bibliografía, incluyendo de origen boliviano, a la que mal podría tacharse de prochilena y contraria a los intereses del país altiplánico.
