Opinión
Queda como un desafío formular una regulación que contemple también al sujeto que realiza actividades de influencia de manera habitual En esta línea se inscriben los estándares que han colocado los países que lo regulan de manera más activa como los escandinavos y anglosajones.
Durante los mismos días en que Transparencia Internacional considera a Chile como el país más transparente de América Latina junto con Uruguay, comenzó a regir el pasado 28 de noviembre una ley de lobby que hará públicos los registros de audiencias, viajes y donativos de más de 6000 autoridades y funcionarios a lo largo del país. Si bien no es la primera en la región, sí supone un avance por cuanto contempla mecanismos de ejecución y fiscalización para que no constituya letra muerta.
Conscientes de los desafíos que entraña su implementación es que, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia se ha establecido una etapa que, con bajo los criterios de oportunidad y amigabilidad, busca cumplir cabalmente con todos los aspectos que contempla la norma.
En lo referido a infraestructura, se ha creado un sistema tecnológico que servirá para la gestión de los registros, su publicación y comunicación con el Consejo para la Transparencia. El primer día de vigencia de la ley estaba operativo para el 100% de los sujetos pasivos obligados.
[cita]En el proceso de puesta a punto, se implementó un plan piloto con la agenda de 13 autoridades, poniendo a prueba la comprensión del formulario y la forma de tramitación de las solicitudes. Paralelamente, se han capacitado 126 servicios públicos con más de 500 asistentes de los equipos ejecutivos de las autoridades obligadas. En lo que viene, se considera un ambicioso despliegue por el país que incluye la planificación de jornadas de capacitación para los miles de sujetos pasivos que entrarán en vigencia en la segunda etapa.[/cita]
Respecto a la educación cívica, se han impreso 40.000 copias de folletos informativos de la ley del lobby a fin de facilitar la comprensión de ésta por parte de la ciudadanía. Además, se ha dispuesto la edición de 8.000 ejemplares de un manual legal que facilita la interpretación de la ley por parte de los funcionarios públicos y sujetos obligados. Asimismo, cada una de las páginas web de los órganos obligados incluye un curso virtual para facilitar el uso o acceso a la ley, material que fue desarrollado en conjunto con el Consejo para la Transparencia.
En el proceso de puesta a punto, se implementó un plan piloto con la agenda de 13 autoridades, poniendo a prueba la comprensión del formulario y la forma de tramitación de las solicitudes. Paralelamente, se han capacitado 126 servicios públicos con más de 500 asistentes de los equipos ejecutivos de las autoridades obligadas. En lo que viene, se considera un ambicioso despliegue por el país que incluye la planificación de jornadas de capacitación para los miles de sujetos pasivos que entrarán en vigencia en la segunda etapa.
La regulación del acceso igualitario a las autoridades es una de las condiciones inherentes a una democracia que aspira a ser de calidad. El derecho de petición debe establecer su ejercicio, no solamente con transparencia sino también mediante la creación de canales de participación ciudadana. Los avances que se impulsan deber vistos en una línea de progreso de la que también forman parte los esfuerzos que, en materia de transparencia, la Presidenta Michelle Bachelet realizó durante su anterior mandato. No hay que olvidar que fue ella quien impulsó la ley de acceso a información pública y la creación del Consejo de Transparencia.
Queda como un desafío formular una regulación que contemple también al sujeto que realiza actividades de influencia de manera habitual En esta línea se inscriben los estándares que han colocado los países que lo regulan de manera más activa como los escandinavos y anglosajones. Y es así como los propios actores de la industria lo han entendido: inscribiéndose muchos de ellos de manera previa en los registros habilitados por la ley.
