Opinión
La conducta de Piñera es sorprendente, parece reinventar los límites de lo que conocíamos. Más sorprendente es la reacción de los medios, del columnismo-leninismo y de los editoriales. Nadie dice nada al respecto. A ninguno de los vociferantes que escriben en 600 palabras en los diarios principales les resulta inquietante la información publicada sobre el ex Presidente. En los viajes de turismo-aventura a Ranco tampoco se conversa del tema.
Uno de los reportajes más comentados del año 2014 fue el que incluía un detalle de las 242 sociedades que aportaron dinero a la política durante 2013. En el trabajo de los periodistas Francisca Miranda y Francisco Artaza se puede leer una nómina liberada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que contenía a las empresas que se acogieron a los beneficios tributarios derivados de las donaciones a la actividad política en virtud del código 793 de la Declaración Anual de Impuesto a la Renta.
En el reportaje se hace explícita mención a Inversiones Santa Cecilia S.A. El propietario de esta sociedad anónima cerrada es el ex Presidente Sebastián Piñera y, junto a Bancard S.A., son sus dos principales vehículos de inversión. Según la información disponible, el fideicomiso ciego establecido por el ex Presidente consta de cerca de 1.700 millones de dólares y está en manos de cuatro operadores financieros: BTG Pactual, LarrainVial, Moneda y el Banco BICE, que operan como mandatarios de las sociedades, y del propio Piñera como persona natural. Estas entidades administran los dineros habidos por la venta de LAN y Chilevisión, entre otros, aunque existe una importante parte del patrimonio de Piñera que se encuentra fuera del fideicomiso.
No existe ninguna norma legal que prohíba que un Presidente de la República financie campañas electorales. No hay tampoco inhabilidades constitucionales ni preceptos administrativos que puedan invocarse para poner a Piñera en situación de ilegalidad. Sin embargo, el estándar legal no agota las preguntas ni responde todos los problemas. Resulta al menos poco razonable que el Presidente en ejercicio financie campañas electorales sobre la base de su propio patrimonio privado.
En primer lugar, Piñera mezcla la esfera de lo público y de lo privado, actuando como Presidente en un lado y como financista electoral en el otro. En segundo lugar, Piñera deja ver una nítida preferencia política al elegir candidatos a los cuales apoyar y otros que no. Esta preferencia se ejecuta no mediante instrumentos públicos, como en los llamados casos de intervención electoral, sino mediante instrumentos privados: la fortuna personal que ostenta el ex Presidente. En tercer lugar, Piñera concentra poder de manera desmedida al financiar campañas que en buena medida se trataron sobre efectuar un diagnóstico de su propio gobierno.
[cita] A todos les parece de lo más natural que el Presidente financie campañas. Total, dicen, financiar campañas es una conducta privada más, otra forma de gastar el dinero, tal como comprar parques, clubes de fútbol, canales de televisión, acciones “B” de empresas eléctricas, y un largo etcétera. Cuál es el escándalo, preguntan, antes de seguir hablando de eso que hablan ahora: “las ideas”. Pareciera que la derecha no tiene ninguna incomodidad con las formas desplegadas por Sebastián Piñera y están dispuestos a justificarle y celebrarle todas sus innovaciones. Incluso ese grupo de dirigentes que pretende formar una “derecha liberal”, esos mismos son los primeros en aplaudir a su jefe. [/cita]
Dicho de otro modo, pese a que a la Ley 19.884 sobre financiamiento electoral no establece reglas específicas relativas a los funcionarios públicos, el buen juicio indica que estos deben abstenerse de financiar campañas electorales. Más aún si se trata del Presidente de la República. La información disponible no permite saber a qué candidatos financió el Presidente Piñera ni si sus donaciones se limitaron al campo parlamentario o también se extendieron al campo presidencial. Sobre este último punto, desde el día siguiente de la segunda vuelta circula la información referente a que el ex Presidente habría aportado dinero a la campaña de Evelyn Matthei. De ser cierto, esto último es una cuestión muy seria que debe ser expuesta ante la opinión pública.
Al ser consultado su entorno, estos responden que las donaciones reservadas efectuadas por Inversiones Santa Cecilia S.A. son completamente legales y ajustadas a derecho. Ni el Presidente Piñera ni sus subordinados reconocen otro estándar más que la ley. En este sentido, es importante reivindicar que las leyes son un piso de convivencia civilizada y democrática, que permiten el respeto al igual valor de todos los ciudadanos. Ni el Presidente ni nadie pueden tener más derechos y atribuciones que el resto de los mortales. Piñera se excede en sus conductas al operar como financista de campañas electorales mientras ejerce el cargo. Todavía más, sería útil para la opinión pública el poder conocer a qué candidatos financió el Presidente, quiénes fueron aquellos hombres y mujeres que contaron con su respaldo económico personal. Piñera, sin embargo, también nos niega esa información.
Este caso constituye una rareza en nuestra historia. No hay registro de presidentes financiando campañas, ni en Chile ni en el extranjero. Con el tiempo este podría volverse un caso de estudio, una situación impensada que nos entrega una lección gráfica y sencilla sobre lo que se está viviendo, es la mezcla sistemática del poder económico y el poder político.
La conducta de Piñera es sorprendente, parece reinventar los límites de lo que conocíamos. Más sorprendente es la reacción de los medios, del columnismo-leninismo y de los editoriales. Nadie dice nada al respecto. A ninguno de los vociferantes que escriben en 600 palabras en los diarios principales les resulta inquietante la información publicada sobre el ex Presidente. En los viajes de turismo-aventura a Ranco tampoco se conversa del tema.
A todos les parece de lo más natural que el Presidente financie campañas. Total, dicen, financiar campañas es una conducta privada más, otra forma de gastar el dinero, tal como comprar parques, clubes de fútbol, canales de televisión, acciones “B” de empresas eléctricas, y un largo etcétera. Cuál es el escándalo, preguntan, antes de seguir hablando de eso que hablan ahora: “las ideas”. Pareciera que la derecha no tiene ninguna incomodidad con las formas desplegadas por Sebastián Piñera y están dispuestos a justificarle y celebrarle todas sus innovaciones. Incluso ese grupo de dirigentes que pretende formar una “derecha liberal”, esos mismos son los primeros en aplaudir a su jefe.
Da la impresión de que en la Nueva Mayoría nadie tiene ganas de decirle nada tampoco, porque para qué andar metidos “en peleas chicas” que “en nada sirven” al mejoramiento de la “imagen de la política”. Ni siquiera el adalid de las buenas prácticas ha bajado de su nube impoluta para separar blanco de negro. En los matinales de radio, dedicados todos a desmenuzar el acontecer político, no han tenido tiempo de analizar este punto. Las personas con micrófono, que clavan su raciocinio en la prudencia y la búsqueda de consensos, ellos tampoco han notado nada irregular en que un Presidente en ejercicio financie campañas electorales. Hay otros asuntos más importantes, claro está. Ni siquiera la edición de «Informe Especial» dedicada a este tema mencionó a Inversiones Santa Cecilia.
Los empresarios, preocupados todos de que exista un “buen clima” para los negocios y de cuidar la “reputación” de Chile, ellos tampoco tienen nada que decir sobre la materia. En los foros de gente inteligente que organizan, donde se escuchan ponencias informadas y coloridas, allí no ha habido espacio para remarcar los hechos conocidos. Valga repetir que la conducta de Piñera no tiene antecedentes ni en Chile ni en ninguna parte. Ni siquiera Berlusconi tiene un récord comparable, aunque anduvo cerca, debe agregarse.
El año 2014 significó un paso adelante, pues han salido a la luz elementos que han permitido empujar una agenda legislativa sobre financiamiento de la política. Sería ingenuo creer que estamos cerca de un modelo ejemplar y de una lógica menos dañina, creer que pronto habrá consuelo y que podremos recuperar la ingenuidad que en alguna parte hemos perdido. Nada de eso ocurrirá pronto, habrá que seguir empujando un carro que del otro lado es sostenido por prácticas insólitas y por sujetos convencidos de que no han cometido ningún delito y que solamente ese es el estándar que importa. En este año 2014 se ha conocido información que ha permitido cuestionar los dogmas y poner de manifiesto que la relación entre la política y el dinero es insana y antidemocrática. Para poder mantener esas posiciones ganadas con sudor y lágrimas, se debe estar dispuesto a no dejar pasar inadvertidas las cuestiones que constituyen un atentado a la convivencia republicana. Para que quede claro: un Presidente de la República en ejercicio de su cargo no debe financiar campañas electorales.
