Es en este plano donde la apuesta política de los autores comienza a mostrar los infranqueables límites de un proyecto que busca acoplar distintas orgánicas pro transformadoras a un acuerdo político programático que, al décimo mes de conducción gubernamental, ha demostrado la plena consistencia de los poderes fácticos en desmedro de la rotunda incapacidad de los sectores progresistas que habitan el oficialismo.
El presente texto, tiene por objeto discutir algunas de las propuestas políticas formuladas por la columna del fundador del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami y el historiador Rafael Gumucio, titulada: “La izquierda y el poder político en América del Sur”, publicada el pasado 16 de diciembre en este mismo medio.
En términos específicos, mi intención no es problematizar la interpretación histórica de largo plazo propuesta por los autores en torno a las dinámicas registradas por los partidos de izquierda y los procesos electorales desarrollados a nivel nacional y latinoamericano. Tampoco, debatir las “conclusiones” que aquellos enarbolan al final del texto; las que en términos generales y sin ser demasiado exhaustivos, podrían incluso ser compartidas desde un punto de vista historiográfico, cuestión que, por cierto, merecería argumentaciones que terminarían desviándome de los ejes del debate político que deseo esbozar.
En efecto, mi propósito es discutir algunas de las estrategias políticas que –a juicio de los autores– la izquierda chilena debiese perfilar con vistas al escenario político que prevé configurarse durante los próximos años. La perspectiva reformista que pervive en los autores presenta un diagnóstico claro: las reformas conducidas por el gobierno de la Nueva Mayoría se han “entrampado” y “perdido su rumbo”; ya sea por los problemas de diseño y comunicación adjudicados a la actual administración o por la presión que la propia derecha ha efectuado en torno a la ejecución de las reformas. La solución política derivada de esta evaluación, también es clara: la forma de profundizar el anhelo democratizador de las reformas (hoy por hoy, no concretizado) es ampliando el acuerdo político programático de la Nueva Mayoría a través de la incorporación –por el flanco izquierdo– de nuevas fuerzas políticas. En definitiva, la síntesis del escenario político y sus proyecciones estratégicas perfiladas por los autores, es la siguiente: “Las propuestas de reforma del gobierno de la Presidenta Bachelet han demostrado que la alianza de los Partidos que integran la Nueva Mayoría no es suficiente, pues para realizar los cambios que Chile requiere necesita un bloque histórico-cultural mucho más amplio, que incluya a toda la izquierda, sumando a los Partidos de la Nueva Mayoría, el PRO, los Humanistas, Revolución Democrática, Izquierda Autónoma e Igualdad, movimientos sociales e independientes”.
Cabe mencionar que, en la actualidad, esta apuesta se ha traducido en el ofrecimiento de Marco Enríquez-Ominami de poner su capital político a disposición de Michelle Bachelet a cambio de que el PRO y otras fuerzas puedan competir –en “igualdad de condiciones”– en las primarias del oficialismo, en el contexto de las próximas elecciones municipales. En paralelo, también es necesario destacar el acercamiento que el líder del PRO ha forjado con el diputado perteneciente a las filas de Revolución Democrática, Giorgio Jackson; proximidad que se vuelve mucho más esquiva e improbable si es que los eventuales convocados a entablar bilaterales son los dirigentes de Izquierda Autónoma, el Partido Igualdad u otros movimientos sociales.
[cita] Es en este plano donde la apuesta política de los autores comienza a mostrar los infranqueables límites de un proyecto que busca acoplar distintas orgánicas pro transformadoras a un acuerdo político programático que, al décimo mes de conducción gubernamental, ha demostrado la plena consistencia de los poderes fácticos en desmedro de la rotunda incapacidad de los sectores progresistas que habitan el oficialismo. [/cita]
Ciertamente, el registro de la última encuesta CEP que terminó posicionando al coautor de la columna reseñada como el político mejor evaluado junto a Michelle Bachelet (ambos con un 50% de aprobación), se ha transformado en el catalizador necesario para proyectar una eventual ampliación del conglomerado oficialista en vista al ciclo eleccionario concerniente al período 2016-2017. Con ello, arribamos nuevamente –aunque por una vía distinta– a uno de los dilemas cruciales enunciados por Fernando Atria en su libro Neoliberalismo con rostro humano. En dicha obra, el profesor de derecho establecía que “un proyecto político no es sólo una teoría, y por ello incluye sus condiciones de realización. Y evidentemente entre sus condiciones de realización está la de encontrar el agente que pueda llevarlo adelante” (Atria, 2013:16).
En la actualidad, nuevamente la pregunta por “el agente transformador” llama a la puerta de los sectores políticos que han constatado que las reformas impulsadas por el oficialismo carecen de la profundidad comprometida en sus apuestas discursivas. De este modo, y a pesar de que las probabilidades de que una Tercera Fuerza política emerja por fuera de las coaliciones tradicionales sean mínimas (todo dependerá de los grados de activación política que adquiera el movimiento social durante los años venideros), es urgente preguntarse por la viabilidad de seguir considerando a la Nueva Mayoría como el organismo político idóneo para llevar a cabo las transformaciones estructurales que Chile anhela y necesita (tal como lo conciben ME-O y Gumucio en su artículo).
Es en este plano donde la apuesta política de los autores comienza a mostrar los infranqueables límites de un proyecto que busca acoplar distintas orgánicas pro transformadoras a un acuerdo político programático que, al décimo mes de conducción gubernamental, ha demostrado la plena consistencia de los poderes fácticos en desmedro de la rotunda incapacidad de los sectores progresistas que habitan el oficialismo. Baste recordar el modus operandi gestado en el acuerdo tributario y su anverso proyectual, la alianza público-privada, para ejemplificar la consistencia de los unos en desmedro de la incapacidad de los otros. El sólo hecho de poner los primeros meses de conducción gubernamental en perspectiva, inquiere sobre la viabilidad de adoptar –sin más– la estrategia política propuesta por los autores. Y es que una de las conclusiones irrefutables tras los primeros meses de gobierno, es que la acumulación de fuerzas necesaria para emprender un proyecto de transformación efectivo, no depende de una mera sumatoria de orgánicas particulares. Tal como se han dado las cosas, la DC –el partido de los “matices”– ha sido el exclusivo opositor político de las reformas junto a otros “viejos estandartes” concertacionistas, en un contexto marcado por la incapacidad de la derecha de superar sus niveles de desaprobación e irrelevancia; último factor que ha obligado a los gremios empresariales a entrar a la arena política de manera directa, “baipaseando” a sus interlocutores tradicionales. Y es que, todas estas dinámicas nos llevan a preguntarnos ¿cuál ha sido la capacidad efectiva del “agregado” de fuerzas progresistas que integran el pacto (PPD, PS, MAS, PC, IC) para responder a esta “amenaza real” ceñida en contra de la profundización del proceso de reformas? En el mejor de los casos, mínima.
A pesar de la relevancia de estos argumentos, cabe mencionar que las maniobras “entrampadoras” y “desorientadoras” ejecutadas consistentemente por el “fantasma de la Concertación” que habita en la Nueva Mayoría (Mayol, 2014) y la incapacidad del progresismo inserto en el pacto para hacerle frente, no son los elementos más importantes a la hora de contraargumentar la tesis de los autores, la cual –tal como se ha interpretado–sostiene que una eventual ampliación de la Nueva Mayoría promovería la incorporación de una nueva base social que inclinaría la balanza a favor de la profundización de las reformas.
De este modo, la tesis mencionada se vuelve un eufemismo cuando se constata que lo que ha hecho la Concertación/Nueva Mayoría durante estos últimos 25 años ha sido, precisamente, neutralizar eficientemente la activación política del pueblo a punta de clientelismo electoral (por abajo), cuestión imprescindible para otorgar gobernabilidad a las grandes inversiones que dominan el país (por arriba). Y es que todo parece indicar que el propósito de este gobierno nunca fue llevar a cabo reformas estructurales sino, por el contrario, otorgar concesiones marginales al pliego de demandas que terminan fracturando el consenso neoliberal durante el ciclo de movilizaciones acaecido entre el 2006-2011, con el objetivo de descomprimir la crisis de representatividad que aún sigue pesando sobre las principales instituciones políticas del país, cuestión que incluso ha expandido su radio de malestar hacia la figura empresarial y eclesiástica.
¿O son suficientes estos antecedentes para comenzar a aventurar la formación de una estrategia política alternativa a la manifestada por los autores ?¿Por qué no volver la espalda a las “anquilosadas” estructuras partidarias de la Nueva Mayoría, apostando a la articulación de las distintas orgánicas y movimientos políticos que han germinado en estos últimos años? A fin de cuentas, ¿no resulta más coherente fomentar la imprescindible activación política de aquellos segmentos sociales hastiados de la “política tradicional” a través de una Tercera Fuerza? Esta vez, anclada en las luchas emprendidas por el movimiento ambientalista y las comunidades que la sustentan, las bases del profesorado, las organizaciones de trabajadoras(es) del retail y los(as) subcontratadas(os), las(os) deudoras(es) habitacionales, el movimiento de los pueblos originarios, las federaciones estudiantiles, los múltiples espacios orgánicos que promueven el “buen vivir” en las poblaciones y un largo etc. Por último, ¿no habrá llegado la hora de emprender el desafío de crear una Tercera Fuerza política?
