Es justamente en esas aristas (a comienzos de la transición a la democracia se sumaba la militar), que la UDI no sólo tiene un vínculo con los poderes fácticos que siguen operando en mayor o menor medida hasta hoy, sino que ha sido el brazo político de dicho poder en las sombras. Siendo así, mal podría la UDI modernizarse y renovarse sin atentar contra su propia naturaleza fáctica fundante.
Que las responsabilidades en el financiamiento irregular de campañas políticas de militantes de la UDI por parte del Grupo Penta son personales, es la principal cuña que está tratando de instalar la directiva gremialista tras asumir como “irregularidades” acciones que podrían tener carácter de delito –al menos en la arista tributaria del caso– y que sumergen al partido en una crisis de dimensiones que involucra, incluso, al “coronel” y quien sería figura clave en la recaudación y entrega de recursos ilegales, Jovino Novoa.
Al señalar en una declaración pública (tras la cual no se aceptaron preguntas de la prensa) que en este caso no cabría responsabilidad institucional, sino conductas individuales, el Presidente de la UDI, Ernesto Silva, intenta infructuosamente desmarcar al partido ideado por Jaime Guzmán de los efectos de este complejo episodio. Al ofrecer disculpas públicas secundado por la directiva en pleno, busca distanciarlo de los costos de acciones específicas de militantes y de erráticas reacciones “individuales”, como la desaparición de la escena pública de la senadora Ena von Baer luego de quedar en evidencia que mintió al negar haber solicitado financiamiento a su campaña y, después, ayer, negarlo. En definitiva, trata de establecer que el financiamiento irregular no sería el modus operandi habitual del partido, sino que responde a casos aislados, al comportamiento excepcional de algunos candidatos.
[cita] Es justamente en esas aristas (a comienzos de la transición a la democracia se sumaba la militar), que la UDI no sólo tiene un vínculo con los poderes fácticos que siguen operando en mayor o menor medida hasta hoy, sino que ha sido el brazo político de dicho poder en las sombras. Siendo así, mal podría la UDI modernizarse y renovarse sin atentar contra su propia naturaleza fáctica fundante. [/cita]
Con la apertura del expediente del caso Penta, en que las declaraciones de ejecutivos del grupo agregaron a la dimensión tributaria la política, Silva ya no podía seguir escudándose en que las acusaciones que afectaban a militantes de su partido eran filtraciones o rumores, por lo que debió cambiar de estrategia. El propio dirigente podría verse involucrado en el caso, ya que habría recibido dineros irregulares y en efectivo para su campaña parlamentaria de parte de Carlos Alberto Délano, constituyéndose en el parlamentario con más aportes reservados. Incluso la Fiscalía Oriente podría llamarlo a declarar como representante legal de Wagner Gestores Ltda., sociedad de la cual es socio junto al cuestionado ex subsecretario de minería, Pablo Wagner. A ello se agrega que habría permanecido como socio de la Universidad del Desarrollo aún siendo diputado, cargo que sólo abandonó al convertirse en presidente de la UDI.
Según el vicepresidente de la UDI, Francisco de la Maza, lo que se espera ahora es que cada militante enfrente el proceso judicial de acuerdo a su realidad. En esa línea se inscribe la renuncia al partido de Wagner, el ex subsecretario de Minería durante el gobierno de Piñera, tristemente conocido por irregularidades en el proceso de licitación de litio e imputado en el caso Penta por cohecho y lavado de activos, convirtiéndose en el primer político formalizado en el proceso.
Sin embargo, la táctica usada por la UDI no le trajo buenos dividendos, según la encuesta Plaza Pública-Cadem, por cuanto un 75% de los encuestados considera que la imagen pública de los gremialistas se ha visto “muy o bastante” afectada, mientras 88% cree que el caso Penta es una práctica frecuente en el aporte de otras empresas a las campañas electorales y sólo un 7% estima que es un caso aislado.
Más allá de los intentos de la directiva de diferenciar a las personas –que pasan– de la institución –que pretende quedarse–, la Unión Demócrata Independiente enfrenta un escenario crítico, que complejiza su necesidad urgente de renovación ideológica y de liderazgos para no seguir marginándose en el sistema de partidos chileno y en su propio sector político, que busca acercarse al centro y generar nuevas alianzas con un sello más liberal.
Algunos han querido ver en esta crisis política una posibilidad favorable para que de una vez por todas se separen aguas entre la Alianza y los empresarios, tal como lo planteó el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, quien asegura que cualquier cosa que la derecha quiera construir a futuro debe partir de la base de cortar el cordón umbilical que la une con el mundo empresarial y que los empresarios no pueden actuar como “operadores políticos”. Coincide en la apreciación de Hernán Larraín Matte, director de Horizontal, quien considera el caso Penta como una oportunidad de que la UDI se desvincule de lo que llamó “mundo fáctico” y se distancie de los gremios, reconociendo que actualmente hay una crisis de la ciudadanía con la elite, en todas sus dimensiones: elite política, empresarial, religiosa, con los medios.
Es justamente en esas aristas (a comienzos de la transición a la democracia se sumaba la militar), que la UDI no sólo tiene un vínculo con los poderes fácticos que siguen operando en mayor o menor medida hasta hoy, sino que ha sido el brazo político de dicho poder en las sombras. Siendo así, mal podría la UDI modernizarse y renovarse sin atentar contra su propia naturaleza fáctica fundante.
En la arena política, como es sabido, la Unión Demócrata Independiente ha sido el partido que más se ha beneficiado del régimen institucional creado por su fundador e ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, para ponerle cerrojos institucionales a la democracia, permitiendo a través de la Constitución Política de 1980, que enarbola el derecho de propiedad, del sistema binominal, de quórums supramayoritarios para modificar leyes orgánicas y un Tribunal Constitucional que actúa en forma preventiva, que su sector mantuviera el control del modelo político.
Parafraseando a Guzmán, los adversarios de la dictadura –la Concertación, antes, y la Nueva Mayoría, ahora– aunque llegaron a gobernar, se vieron constreñidos a jugar en una cancha con un reducido margen de alternativas. Funcionaron bien los candados, tal como los diseñó Guzmán, para que los gobiernos posteriores a Pinochet se vieran obligados a “seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”.
¿Cómo podría, entonces, un partido político que cuenta con la mayor bancada en el Congreso gracias a la sobrerrepresentación que le ha permitido el binominal y que sin gobernar ha concentrado el poder para impedir los cambios que la profundización democrática requiere, romper el cordón umbilical contra la estrategia fáctica que le ha permitido no sólo su mantención en el espectro partidario, sino su crecimiento hasta transformarse en el partido más poderoso? Sería como ir contra sí mismo.
Como ha quedado demostrado en el caso Penta, la derecha económica financia las campañas de la derecha política, particularmente a la UDI, que cuenta con el mayor porcentaje de aportes reservados. A cambio, los financistas, a través de sus financiados (los parlamentarios) intervienen y bloquean los proyectos de ley que atenten contra sus intereses, como lo evidenció el mail de uno de los controladores del grupo, Carlos Eugenio Lavín, al presidente de la UDI y parlamentario, Ernesto Silva, solicitándole hacer gestiones en relación a la Ley de Isapres.
En la dimensión económica de los poderes fácticos a los cuales está directamente vinculada la UDI, nuevamente se repite y se mantiene la estrategia ideada en dictadura de conservar, en este caso, el poder económico una vez terminado el gobierno de Pinochet, tal como ocurrió con el poder político gracias a la institucionalidad de Guzmán.
Como señala María Olivia Mönckeberg en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, el proceso privatizador fue una estrategia política destinada a mantener el poder de ciertos grupos, aún después del término de la dictadura militar. Mientras la derecha gobernante vendía, la derecha económica compraba. Los mismos que desde los ministerios, asesorías o desde el interior de las empresas del Estado impulsaban el proceso privatizador –en que el Estado se deshizo de 30 empresas públicas entre 1985 y 1989–, gozaron de sus resultados y configuraron un mapa del poder afín al proyecto de largo plazo de la UDI, sostiene la autora. Muchas de las empresas privadas que hoy tiene la derecha económica, fueron las empresas públicas más estratégicas y con mayor rentabilidad económica (eléctricas, de telecomunicaciones, petroquímicas y siderúrgicas), que privatizaron y compraron a precio de huevo.
Al explicar cómo opera el brazo del grupo Penta, la periodista señala que sus fundadores –los hoy formalizados Carlos Alberto “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín– comenzaron el grupo con las privatizaciones en el sector seguros y se enriquecieron en dictadura. Agrega que estos grupos que generaron rápida riqueza en desmedro del Estado de Chile están, poco a poco, cayendo en desgracia y señala el caso del Grupo Cruzat-Larraín, José Yuraseck con el caso Chispas o Julio Ponce con el caso Cascadas.
En un proceso que comenzó con el nacimiento de un empresariado de derecha al alero del saqueo del Estado, el escándalo de Penta y sus diversas aristas, está dejando al desnudo un perfecto engranaje fáctico en que los grupos económicos controlan a los políticos y parlamentarios, que en vez de deberse a la voluntad soberana del pueblo, ceden a las presiones de quienes los financian.
La Unión Demócrata Independiente es el partido político que hasta ahora sirvió como bisagra entre el poder de la derecha económica y el de la derecha política, pero que evidenciada su estrategia irregular de financiamiento, además de su desfase ideológico y sus permanentes bloqueos a los cambios que el modelo político y económico heredado de Pinochet requieren, difícilmente podrá seguir manteniendo aceitado el engranaje fáctico que ha limitado a nuestra democracia por 25 años.
