La política pública en materia de telecomunicaciones debe seguir las tendencias internacionales, donde el Estado está volviendo a tener un rol importante en la regulación de esta industria, como en México, Colombia o Corea. En estos países se han creando operadores neutrales de infraestructura, que dan servicios por igual a todos los demás operadores, y la propia Subtel ha anunciado la intención de hacer algo similar mediante una «Red Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones», que se iniciaría con la inversión de 100 millones de dólares para un enlace de fibra óptica a Punta Arenas.
La Corte de Apelaciones de Santiago acaba de rechazar el recurso judicial impulsado por el operador de telecomunicaciones Telestar, que se oponía al otorgamiento de las concesiones de 700 MHz a los operadores dominantes Entel, Movistar y Claro, tramitado conforme al mecanismo de oposiciones que contempla la ley sectorial (Ley General de Telecomunicaciones).
Telestar es uno de los tantos pequeños operadores de telecomunicaciones que han intentado abrirse espacio en este mercado nacional sin éxito, debido a las incontables barreras de entrada que imponen los operadores dominantes y, peor aún, por la «captura del Estado», que crecientemente inhibe la labor correctiva de los organismos reguladores.
Así, la falta de competencia y la captura del Estado constituyen la principal causa de los abusos que afectan hoy a los consumidores en materia de telefonía móvil, y del creciente malestar de la ciudadanía con la economía de mercado.
[cita]La política pública en materia de telecomunicaciones debe seguir las tendencias internacionales, donde el Estado está volviendo a tener un rol importante en la regulación de esta industria, como en México, Colombia o Corea. En estos países se han creando operadores neutrales de infraestructura, que dan servicios por igual a todos los demás operadores, y la propia Subtel ha anunciado la intención de hacer algo similar mediante una «Red Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones», que se iniciaría con la inversión de 100 millones de dólares para un enlace de fibra óptica a Punta Arenas.[/cita]
La “captura del Estado” no es necesariamente sinónimo de corrupción. Ella también se produce cuando los funcionarios públicos piensan –legítima, pero equivocadamente– que ciertas industrias sólo son para actores de gran tamaño, o cuando se identifican con los intereses de las empresas reguladas por considerar que coinciden con los intereses del país.
A fines de 2013 el gobierno pasado llamó a concurso público para licitar tres concesiones de telefonía móvil de cuarta generación (4G), en la banda de 700 MHz. Diversas voces –entre ellas las de Andrés Gómez-Lobo Echeñique y de Eduardo Bitran Colodro, entonces asesores de la candidata presidencial Michelle Bachelet– advirtieron que las bases del concurso público estaban mal hechas, y que eran un verdadero traje a la medida para los operadores dominantes, a tal punto que inhibiría a otros proponentes.
Las ofertas se presentaron a comienzos de 2014 y efectivamente –tal como advirtieron los expertos– sólo hubo tres proponentes: Entel, Movistar y Claro, que se adjudicaron la banda de 700 MHz.
Conadecus inició dos acciones paralelas: una consulta y una reposición al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que fueron rechazadas porque lo consultado era materia de demanda. Ante esto, Conadecus presentó una demanda ante el mismo Tribunal, donde acusó a los operadores dominantes de acaparar espectro y entrabar la libre competencia –aprovechándose de las bases mal hechas–; y presentó además una oposición al otorgamiento de las concesiones de 700 MHz, ante el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo Echeñique, conforme al mecanismo que contempla la ley sectorial. Lo mismo hicieron varios operadores pequeños.
El ministro rechazó todas las oposiciones. En el caso de Conadecus argumentó que lo cuestionado eran las bases del concurso público, lo cual –según el ministro– no podía hacerse con el mecanismo de oposiciones que contempla la ley sectorial, sino que con la Ley 19.880 de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración.
Conadecus presentó entonces un recurso especial de revisión, conforme a la Ley 19.880, para impugnar las bases del concurso público, pero el ministro Gómez-Lobo Echeñique lo volvió a rechazar, esta vez con argumentos muy rebuscados y difíciles de entender.
Con ello quedó inmediata evidencia de que el ministro Gómez-Lobo Echeñique ya no era un detractor del concurso público cuestionado, sino su más fiel defensor. ¡La captura del Estado en todo su esplendor! Por lo mismo, decidimos no perseverar frente al Ministerio, y concentrar nuestros esfuerzos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, donde sí tenemos la posibilidad de ser escuchados.
El operador Telestar decidió perseverar en ese camino y presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para impugnar la decisión del ministro, argumentando que las bases del concurso consolidaban la posición de dominio de Entel, Movistar y Claro. Tal como señalamos más arriba, la Corte rechazó el recurso y condenó a Telestar a pagar una multa de 10 UTM más las costas del juicio.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones inmediatamente señaló a la prensa que ahora está despejado el camino para dictar los decretos que otorgarán las concesiones de 700 MHz a Entel, Movistar y Claro. Y añadió que, gracias a estas nuevas concesiones, las señales de telefonía móvil entrarán con más facilidad a los edificios, los usuarios podrán transferir datos a mayor velocidad, y que 1.281 localidades rurales y 500 escuelas que no contaban con cobertura telefónica ni de Internet la tendrán ahora. Valga decir que en esas escuelas el servicio será gratuito sólo por dos años; después el Estado deberá pagar las cuentas, o se cortarán los servicios.
Pareciera ser que la premura delata al ministro, ya que el juicio que inició Conadecus ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no ha terminado, y bien podría ocurrir que los operadores dominantes sean efectivamente condenados por acaparar espectro y entrabar la libre competencia, conducta en la que son reincidentes.
Por lo mismo, haría bien el ministro en leer detenidamente el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de Telestar, ya que el rechazo no obedece a la falta de argumentos de Telestar, sino al empleo del mecanismo de las oposiciones, que según la Corte sólo sirve para abordar problemas técnicos y no de libre competencia. Y señala la misma Corte en su fallo que los problemas de libre competencia que puedan afectar a la adjudicación de la banda de 700 MHz, están siendo abordados por el TDLC, que es la instancia adecuada, en virtud de la demanda de Conadecus en contra de los operadores dominantes.
¿Qué ocurrirá si el ministro de Transportes y Telecomunicaciones –ignorando el juicio en curso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y uno de sus posibles desenlaces– otorga las concesiones de 700 MHz a Entel, Movistar y Claro? No solo enviará señales erráticas al mercado y a los operadores dominantes, que luego de invertir podrían verse impedidos de explotar esas concesiones, también evidenciará el sesgo “captura de Estado” que parece dominar al sector.
Una duda más queda flotando en el aire: ¿son realmente indispensables las concesiones de 700 MHz para que las señales de telefonía móvil entren en edificios, los usuarios puedan transferir datos a mayor velocidad o para que localidades y escuelas rurales puedan disponer de cobertura telefónica y de Internet?
No lo son. La capacidad de tráfico de las actuales redes de telefonía móvil se puede aumentar perfectamente bien en el corto plazo con otras acciones, que han sido claramente identificadas por los expertos que asesoran a Conadecus en esta materia. Además, los operadores chilenos no aprovechan la tecnología 4G (ya disponen de ella en 2.600 MHz) para descongestionar sus antiguas redes 3G y 2G, que están absolutamente saturadas, porque han preferido vender el 4G como un producto aparte, como si fuera un lujo. Ello no sólo es un abuso, sino que mantiene inútilmente saturadas las redes antiguas, sin que las autoridades le hinquen el diente a este problema.
El actual subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, ha señalado recientemente que la banda de 700 MHz no es determinante para el desarrollo de las telecomunicaciones en Chile, lo que viene a confirmar que los operadores dominantes no la requieren hoy, y que sólo los mueve el afán de acaparar espectro.
La política pública en materia de telecomunicaciones debe seguir las tendencias internacionales, donde el Estado está volviendo a tener un rol importante en la regulación de esta industria, como en México, Colombia o Corea. En estos países se han creando operadores neutrales de infraestructura, que dan servicios por igual a todos los demás operadores, y la propia Subtel ha anunciado la intención de hacer algo similar mediante una «Red Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones», que se iniciaría con la inversión de 100 millones de dólares para un enlace de fibra óptica a Punta Arenas.
Dado todo lo anterior, el ministro debería suspender la tramitación de los actos administrativos que otorgarán las concesiones de 700 MHz, hasta que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o la Corte Suprema se hayan pronunciado al respecto, y evaluar la alternativa de otorgar esa concesión a un operador neutral, público o privado. En el intertanto, el ministro debería ordenar que Subtel fiscalice a los operadores dominantes, para saber si están cumpliendo con todas las obligaciones de cobertura y calidad que les imponen sus actuales concesiones, incluidas las concesiones 4G en 2.600 MHz.
