Opinión
El aborto consentido, como lo prueban variados estudios científicos, provoca efectos perjudiciales para las mujeres, tanto en su salud física como psicológica. Muchas madres, varios años después del incidente, no saben cómo sobrellevar la culpa ni cómo lidiar con las pesadillas o remordimientos de haber eliminado a su hijo. Pero de eso nadie habla en Chile (no obstante existir instituciones de la sociedad civil que lidian con ese problema).
En la ONG Comunidad y Justicia llevamos varios meses recopilando y analizando sentencias judiciales por casos de aborto, a partir de la información entregada por el Ministerio Público, la Defensoría Penal, el Poder Judicial y Gendarmería. Queremos mostrar tres casos reales que, por los hechos acreditados en las sentencias, pueden ayudar al lector a formarse una opinión sobre un drama que mezcla vulnerabilidad social, lucro, actitudes criminales y derechos humanos.
Clínica California era el nombre de la consulta en que el doctor Berríos, pediatra y miembro del Colegio Médico, realizaba intervenciones quirúrgicas que tenían por objeto acabar con la vida del niño que estaba en el vientre de sus “pacientes”. Ubicada en la calle Dublé Almeyda, en la comuna de Ñuñoa, las mujeres que requerían su atención debían pedir hora con anticipación. Berríos no distinguía el periodo de gestación en que se encontraba el embarazo: no tenía escrúpulos a la hora de abortar niños de días o de varios meses.
El año 2007, el doctor Berríos fue condenado por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago a quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, como autor del delito de aborto (4 fueron los abortos que la Fiscalía logró probar). Las mujeres atendidas en esta clínica coinciden en que el doctor Berrios las trataba con “cuidado y comprensión”. Él las recibía en su despacho y, luego de consultarles el motivo del aborto y algunos otros asuntos de índole personal, les daba una hora para proceder con el aborto. El pabellón quirúrgico, ubicado en el segundo piso del inmueble, era, por decirlo de algún modo, de primer nivel, al igual que el equipo de anestesiólogas que ayudaba al doctor en sus operaciones. El informe policial reveló que durante la incautación encontraron todos los materiales e instrumentos necesarios para poder realizar una gran cantidad de abortos, de manera aparentemente “segura” para la salud de la madre embarazada. Desde oxígeno en red hasta dos apoya piernas ―que generalmente se ocupan para traer niños con vida a este mundo―, la consulta de Berríos era un lugar “de calidad” para abortar. Pero, bien vale decirlo, no era gratuito ni barato: cada aborto clandestino costaba entre $1.500.000 y $2.000.000, ciertamente un precio poco accesible para mujeres de bajos ingresos.
[cita]Entre los argumentos más citados para legalizar el aborto, se encuentra aquel que dice que el feto no es un ser humano. Por lo tanto, se afirma, no sería ilícito atentar contra su vida. De la sentencia que condenó a Concha por el delito de aborto, sin embargo, vale la pena destacar el informe del perito médico. El feto, señala la pericia, se encontraba dentro de un frasco conservado con formalina: medía 18 centímetros de longitud, pesaba 125 gramos, y tenía la cabeza y sus extremidades normales. Uno podría cerrar los ojos frente a esta realidad e insistir en que el feto no es una persona. Pero la verdad es distinta.[/cita]
Hace pocas semanas, la ex ministra de salud, Helia Molina, denunció que las familias conservadoras hacían abortar a sus hijas en “clínicas cuicas”. La reacción de la gran mayoría de la opinión pública fue mirar a las clínicas del Sector Oriente, pero varios recintos han desmentido las acusaciones al voleo de la ex ministra, señalando que desde hace varios años existen en las clínicas privadas protocolos para evitar abortos clandestinos. Con todo, creemos que la ex ministra, pese a la evidente imprudencia de sus palabras, tiene razón en un punto. En efecto, existen clínicas “cuicas” para realizar abortos pero, aparentemente, no son las que uno podría imaginar. No sabemos si eran o no “conservadoras” las “pacientes” que se atendían en la Clínica California, pero sí podemos decir que ésta y otros recintos semejantes califican como verdaderas clínicas “cuicas”, que bajo la clandestinidad lucran ―por contundentes montos― con la muerte de niños inocentes en etapa de gestación. Pero la solución, creemos, no es legalizar esta actividad, sino facilitar su persecución penal: nadie puede hacer de la muerte de niños inocentes un negocio.
A fines de noviembre de 2008, el señor Díaz saludaba a una menor de edad (15 años) en los alrededores del terminal de buses de la ciudad Cauquenes. Pocos días atrás se habían puesto de acuerdo para hacer el intercambio: ella le pagaría $200.000 y él, a cambio, le entregaría cuatro pastillas de Misoprostol. Luego de que Díaz le explicará la forma en que debía proceder (introducirse las pastillas por la vagina) y de advertirle que no dijera esto a nadie, se despidieron. Así funciona este verdadero “mercado negro” de medicamentos. Por supuesto que el vendedor no le explicó a su compradora las graves consecuencias que el medicamento implicaría para su vida y que él, por ser químico farmacéutico, conocía perfectamente.
Ella tenía un embarazo de 7 meses al que deseaba poner fin. Según declara el fallo, la joven decidió abortar “por miedo a que su padre se enterase” del embarazo. De acuerdo a estudios del Instituto Melisa, liderados por Elard Koch, la coerción de los padres o la pareja es el principal factor gatillante de los abortos clandestinos en Chile: la presión familiar en condiciones de vulnerabilidad anula la libertad (y prueba de ello es que, cuando existe acompañamiento, más del 90% de las mujeres con embarazos vulnerables decide libremente perseverar en su maternidad).
Al llegar a su casa, la menor actuó según las indicaciones entregadas. El efecto del medicamento fue inmediato: esa misma noche daba a luz a un niño de 40 centímetros, a quien pusieron por nombre Tomás, pero quien murió a los pocos minutos en el Hospital San Juan de Dios de Cauquenes. Como se logró acreditar más tarde en el juicio, Díaz sabía que el niño nacería vivo y moriría después. Pero para el químico farmacéutico eso era irrelevante. No así para la madre, quien nunca pensó que alcanzaría a conocer a su hijo abortado: según consigna la sentencia, la menor de edad confesó sentir “pena, dolor y rabia”. Pareciera que los seres humanos cambiamos fácilmente de opinión cuando vemos la realidad con nuestros propios ojos. Lamentablemente, era demasiado tarde.
El aborto consentido, como lo prueban variados estudios científicos, provoca efectos perjudiciales para las mujeres, tanto en su salud física como psicológica. Muchas madres, varios años después del incidente, no saben cómo sobrellevar la culpa ni cómo lidiar con las pesadillas o remordimientos de haber eliminado a su hijo. Pero de eso nadie habla en Chile (no obstante existir instituciones de la sociedad civil que lidian con ese problema).
Díaz fue condenado en octubre de 2009 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes, a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por el delito de aborto.
El día 28 de noviembre de 2012, el señor Concha, vestido con un elegante abrigo largo, sombrero y zapatos lustrados, ingresaba acompañado por una mujer a una de las cabañas de un complejo turístico, ubicado en la calle Paraguaya de Punta Arenas. Juntos habían arrendado la cabaña por tres días, diciendo que Concha le haría un tratamiento facial. El día 30, la dueña de la cabaña llama a carabineros alrededor del mediodía: al entrar a hacer el aseo, encontró en el lavamanos un coágulo de sangre, un espéculo y una pinza larga.
Concha y la mujer habían arrendado la cabaña para abortar al niño de 17 semanas que ella llevaba en su vientre. Para esto, Concha, que era enfermero, disponía de todo lo necesario para provocar la dilatación del útero y botar el feto. Sin embargo, el plan no resultó según lo esperado y, durante la última sesión, la mujer sufrió abundante desangramiento por lo que tuvo que ser hospitalizada de urgencia. El feto murió días después debido a las maniobras que había realizado el enfermero.
Entre los argumentos más citados para legalizar el aborto, se encuentra aquel que dice que el feto no es un ser humano. Por lo tanto, se afirma, no sería ilícito atentar contra su vida. De la sentencia que condenó a Concha por el delito de aborto, sin embargo, vale la pena destacar el informe del perito médico. El feto, señala la pericia, se encontraba dentro de un frasco conservado con formalina: medía 18 centímetros de longitud, pesaba 125 gramos, y tenía la cabeza y sus extremidades normales. Uno podría cerrar los ojos frente a esta realidad e insistir en que el feto no es una persona. Pero la verdad es distinta: se trata innegablemente de un ser humano en su etapa inicial y, como tal, titular del derecho más esencial, que es el derecho a vivir. El informe médico termina declarando: “En las imágenes fotográficas se apreciaba nítidamente que era de sexo masculino y que tenía ojos, párpados, nariz, boca, brazos y piernas, etcétera (…) el feto es un humano”.
De cara a los debates que vienen, es de esperar que no nos tapemos los ojos. Ni ante el drama de las mujeres vulnerables que acuden al aborto desesperadas ―drama que el aborto sólo empeora, pero que puede ser prevenido mediante acompañamiento―, ni ante la elocuente evidencia de que la única diferencia entre nosotros y el niño que está en el vientre materno es, ni más ni menos, su edad.
