La Casen 2013 y la irreductible desigualdad

Es de agradecer la austeridad del gobierno en la entrega de información de la Casen 2013 que, lejos de lo que reclama el ex Presidente Piñera, evitó convertir este instrumento en un motivo de propaganda o detracción política, desnaturalizando su propósito.

No sólo la falta de estridencia en la presentación de los resultados, sino los avances e innovaciones metodológicas introducidos y largamente esperados por la comunidad de expertos, han permitido otorgarle nuevamente legitimidad a una cuestionada Casen. Por lo mismo, volvemos a contar con un creíble termómetro fino de la realidad social que proporciona la posibilidad de orientar el quehacer de las políticas públicas mirando, desde los datos del pasado reciente, los desafíos presentes y futuros.

Por ahora sólo tenemos los primeros resultados analizados y aún hay mucho que escarbar en la rica información que contiene la Casen y que suele ser subutilizada para efectos de definiciones más integrales de políticas de superación estructural de la pobreza y la desigualdad, y no sólo su mejoramiento estadístico cada vez que se la mide.

[cita]Es mirando estas cifras de la Casen, en plata contante y sonante, que se entiende por qué las brechas de desigualdad son percibidas cada vez como más intolerables por el grueso de la opinión pública: se reduce pobreza, se satisfacen necesidades básicas, pero en términos absolutos cada vez se percibe como mayor la distancia que segmenta a la población en ingresos y en derechos esenciales. Cada vez aparece más infranqueable la barrera de una movilidad social que no tiene explicación alguna en la educación, ni en el crecimiento, ni en el trabajo, pues precisamente estas brechas se sostienen inconmovibles en un período en que la escolaridad aumenta, en que hay mayor crecimiento y generación de empleo, como fue entre el 2011 y el 2013.[/cita]

Los esperados resultados de la Casen 2013 fueron conocidos este fin de semana pasado, con evidencias que nos reiteran tendencias asentadas en la realidad chilena: se mantiene una sostenida baja de la pobreza y de su expresión más dura, la extrema pobreza, y sigue vigente una irreductible desigualdad que segrega a las familias chilenas.

Ya sea con la medición tradicional por ingresos o con la nueva medición de ingresos (que hace más exigente la línea monetaria de la pobreza, la más elevada de América Latina), los chilenos pobres del 2013 son menos que en 2011, como a su vez estos fueron menos que en 2009 y también respecto del 2006 y el 2003, repitiéndose este patrón hacia atrás cada vez que se ha aplicado la Casen desde 1990. Desde el retorno de la democracia, el país ha logrado ir reduciendo gradualmente la pobreza y, según la Cepal, después de Uruguay el nuestro es el país que tiene menor proporción de su población viviendo en condiciones de pobreza.

Si con la antigua medición por ingresos, los chilenos pobres representan el 7.8% de la población en 2013 (10.9% en 2011; 11.4% en 2009; 13.7% en 2006 y 18.7% en 2003), con la medición nueva son 14.4% en 2013, el doble que la medición tradicional (los que, a su vez, son el 22.2% en 2011; 25.3% en 2009; y 29.1% en 2006).

Sin embargo, la actual Casen introduce nuevas miradas a la pobreza más allá de la clásica medición por ingresos, incorporando otras dimensiones (salud, educación, vivienda, ocupación y seguridad social) que, en rigor, se asocian a cómo se expresa en los hogares la vigencia de derechos sociales esenciales, aquellos que no debieran estar vinculados a los ingresos de las familias, sino a la condición de ciudadanía.

Con esta medida complementaria de pobreza, sabemos que hay más personas con carencias de derechos sociales esenciales que aquéllas que sólo tienen ingresos insuficientes para garantizarse condiciones mínimas de subsistencia.

Es decir, si con la nueva medición de pobreza por ingresos los pobres en Chile representan el 14.4%, la pobreza multidimensional –medida por acceso a derechos sociales esenciales– se eleva al 20.4% de nuestra población. También en la pobreza multidimensional ha habido avances, pues se ha transitado desde el 27.5% del 2009 y del 24.3% en 2011, al 20.4% en 2013.

Vale la pena aclarar que, por el momento, la medición multidimensional de la pobreza está acotada al acceso de derechos y no a la calidad de los derechos a los que accede la ciudadanía. Y, como bien sabemos, los mayores reclamos ciudadanos tienen que ver, más que con el solo acceso, con desiguales y segregados accesos de calidad a todos los derechos esenciales.

En todo caso aun si es posible perfeccionarla a futuro, la actual medición multidimensional de la pobreza resulta ser una vara más exigente de superación de la pobreza que sólo contar con ingresos básicos, pues nos remite a la dimensión del acceso a derechos de las personas en una sociedad que los distribuye desigualmente y que los asocia a la capacidad adquisitiva de los hogares.

Lo que nos lleva, entonces, a la siguiente medida complementaria que siempre se analiza junto con los datos de pobreza, aquella que revela el comportamiento de la distribución de los ingresos en Chile, una forma internacional de evaluar la desigualdad.

Y en esta dimensión de la Casen, los resultados son preocupantes y abren interrogantes sobre los retos pendientes en la sociedad chilena.

Sea que se mida la distribución de los ingresos autónomos de los hogares (los que generan las propias familias) o sea que se midan los ingresos monetarios (los ingresos propios de las familias a los que se suman las transferencias), las brechas son muy altas y su estancamiento o muy leves mejoras son engañosos, como podemos demostrar a continuación.

Si tomamos la distancia de ingresos autónomos que separa a las familias del diez por ciento más pobre del diez por ciento más rico, vemos que, en 2011, es de 29,8 veces y que en 2013 es de 29,1 veces. En el caso de los ingresos monetarios, la distancia es de 17, 7 veces en 2011 y de 17,1 veces en 2013. Con estos datos, el gobierno ha afirmado que la brecha de desigualdad no se ha movido y el “optimismo” de algunos miembros de la oposición los ha llevado a afirmar que, aunque leve, se evidencia un progreso, sobre todo si se lo compara con los años anteriores.

Pero usemos el termómetro de otra manera para que la desigualdad aparezca en su desnudez, cuestión que explica que haya sido la ciudadanía la que ha colocado la desigualdad en la agenda pública.

En 2011 el ingreso autónomo de los hogares del diez por ciento más pobre era de $76.917 y en 2013 pasó a ser de $91.659. Es decir, creció en 8.4% y en el bolsillo de esos hogares implicó un incremento de $14.742. En igual período, el ingreso autónomo de los hogares del diez por ciento de mayores ingresos pasó de $2.287.760 a $2.600.960. Es decir, creció en un porcentaje casi igual que en los hogares del diez por ciento más pobre (8.8%), pero a diferencia de aquellos que se embolsaron un alza de $14.742, en los bolsillos del diez por ciento más rico el aumento fue de $313.200. Solamente el incremento de los ingresos autónomos de los más ricos es más de tres veces el total del ingreso autónomo que percibe la población más pobre.

Y si bien cuando se agregan a los ingresos autónomos las transferencias monetarias algo mejora la situación de los más pobres, en rigor no permite reducir en nada la brecha que tienen respecto de los más ricos. En 2013 el ingreso monetario total del diez por ciento más pobre subió $26.726 respecto del 2011. En ese mismo período, el incremento de los ingresos monetarios del diez por ciento más rico fue de $314.150 (pasó de $2.290.763 en 2011 a $2.604.913 en 2013), el doble de lo que recibe como ingreso monetario total un hogar del diez por ciento más pobre ($156.063).

Es mirando estas cifras de la Casen, en plata contante y sonante, que se entiende por qué las brechas de desigualdad son percibidas cada vez como más intolerables por el grueso de la opinión pública: se reduce pobreza, se satisfacen necesidades básicas, pero en términos absolutos cada vez se percibe como mayor la distancia que segmenta a la población en ingresos y en derechos esenciales. Cada vez aparece más infranqueable la barrera de una movilidad social que no tiene explicación alguna en la educación, ni en el crecimiento, ni en el trabajo, pues precisamente estas brechas se sostienen inconmovibles en un período en que la escolaridad aumenta, en que hay mayor crecimiento y generación de empleo, como fue entre el 2011 y el 2013.

Las prioridades programáticas del actual gobierno sin duda apuntan a esta problemática y responden a esta realidad que no es novedosa. Pero la nueva evidencia de la Casen 2013, analizada en mayor profundidad toda la información que contiene, debe además servir para profundizar una reflexión acerca del nuevo tipo de políticas sociales integrales y territoriales capaces de abordar en toda su complejidad las múltiples dimensiones de los fenómenos de pobreza y desigualdad en Chile.

Estamos a la espera, tal como la ministra de Desarrollo Social lo anunció junto con el primer informe de la Casen, de la conformación de una Comisión interdisciplinaria y plural que se aboque a esta tarea. Hemos destinado suficiente tiempo a perfeccionar y modernizar los instrumentos, llegó la hora de definir de manera creativa el para qué: es decir, qué políticas sociales y laborales habrán de permitirnos avanzar hacia una sociedad inclusiva y alcanzar la necesaria cohesión social.