Opinión
La versión extrema de la no violencia como medio de resistencia posee no solo problemas argumentativos, sino también simbólicos. Este año, a 70 del fin del nazismo, ¿no se recuerda como héroes a quienes intentaron el tiranicidio?
7 de septiembre de 1987, 18:35 horas, a las afueras de La Habana: Fidel Castro avanza con su comitiva, repentinamente, es atacado por un grupo de resistencia a su dictadura, cinco personas mueren, once resultan heridas, Castro salva ileso. En esa ficción, quienes efectuaron el ataque: ¿son criminales o luchadores por la libertad? Seguramente, la respuesta estará condicionada por dos posibilidades: usted es un defensor extremo de la no violencia; ergo, le niega la legitimidad en todo momento, incluidas las situaciones en que usted u otros se encuentran bajo riesgo de perder su libertad o vida, o bajo daño físico y moral, como la tortura. Segundo, no absolutiza la no violencia, en cuyo caso admite en situaciones excepcionales la legitimidad del tiranicidio y la defensa con uso de fuerza; por ende, la discusión será solo sobre si le asigna o no esa categoría tiránica al régimen castrista.
La polémica surgida por la participación o no de Rolando Jiménez (igual caso aplica respecto de Guillermo Teillier) en el atentado a Pinochet, posee la misma estructura del caso anterior.
Veamos los argumentos.
Si se absolutiza la no violencia y se es consecuente, habría que rechazar, moralmente, a personas como Nelson Mandela. Justamente lo que él hizo junto a Oliver Tambo y Walter Sisulu, al controlar el CNA, fue romper con la política pacifista y no violenta de Albert Lutuli. ¿Los condena moralmente por haber usado la violencia contra un régimen racista?
[cita] Más allá de la intencionalidad de generar o no polémicas artificiosas para pasar malos momentos, lo que muestra la molestia y condena que realizan dirigentes de RN y UDI respecto de quienes participaron en el atentado a Pinochet, es una valoración sobre ese mismo Gobierno. No es, a su juicio, ni comparable al nazismo ni al Apartheid y seguramente tampoco a la dictadura castrista: no sería una tiranía. De ser comparables, deberían reconocer que lo obrado ese día por los atacantes es legítimo. [/cita]
La versión extrema de la no violencia como medio de resistencia posee no solo problemas argumentativos, sino también simbólicos. Este año, a 70 del fin del nazismo, ¿no se recuerda como héroes a quienes intentaron el tiranicidio? Efectivamente: el 20 de julio de 1944, Hitler debía tener una de sus habituales reuniones con su grupo de confianza en la aldea de Gierloz, Prusia Oriental, donde se encontraba uno de sus principales bunkers, la Wolfsschanze (Guarida del Lobo). Lo que no sabía es que, previamente, el coronel Claus von Stauffenberg había instalado una bomba para asesinarlo. Por la porfía del destino, falló Von Stauffenberg. Días después, más de 90 colaboradores del complot fueron asesinados. Alemania recuerda anualmente este acontecimiento como un símbolo de quienes se opusieron a uno de los peores gobiernos totalitarios del siglo XX.
Tanto en la tradición clásica como en el pensamiento cristiano medieval ya se encuentran argumentos en defensa de la legitimidad del tiranicidio.
Por tanto, más allá de la intencionalidad de generar o no polémicas artificiosas para pasar malos momentos, lo que muestra la molestia y condena que realizan dirigentes de RN y UDI respecto de quienes participaron en el atentado a Pinochet, es una valoración sobre ese mismo Gobierno. No es, a su juicio, ni comparable al nazismo ni al Apartheid y seguramente tampoco a la dictadura castrista: no sería una tiranía. De ser comparables, deberían reconocer que lo obrado ese día por los atacantes es legítimo.
A lo anterior se suma otra arista. La fundamentación del Estado moderno en cuanto a su legitimidad está determinada por lo que Hobbes definirá como igual seguridad para todos, para así poder garantizar iguales derechos. En su base se encuentra la idea de que los seres humanos somos iguales. ¿Qué pasa si el Estado rompe ese principio inicial de imparcialidad? Los afectados, como entes racionales que son, pueden retomar la violencia para garantizar su propia vida e integridad.
No se necesita ser comunista para reconocer que ese sector de la ciudadanía se encontraba en una clara situación de pérdida de libertad, menoscabo moral y sometido a la violencia bajo la dictadura. Lo anterior no podría dejar indiferente a nadie, salvo que se relativice la dignidad humana de los afectados; por ejemplo, que se asigne a “persona comunista” un valor inferior que “persona no comunista”; en ese caso alguien debería (sin problema) justificar la represión del Apartheid contra el PC sudafricano que era parte clave de la resistencia antirracista. ¿No es ese un argumento de trasfondo, aunque por pudor se oculte, en quienes defienden lo obrado por Pinochet?
¿Qué ocurre, argumentativamente, cuando se relativiza la dignidad humana de un grupo? Depende. Imaginemos que quien lo hace es un católico. Por principio, la Iglesia católica reconoce igual dignidad a todos los miembros de la especie humana, por eso proclama proteger su vida de forma absoluta, incluso contra la voluntad del afectado. Esto es un argumento central del catolicismo a la hora de oponerse al aborto y la eutanasia. Por tanto, quien se dice católico y justifica una represión política con riesgo real y evidente de la vida de otros (sean estos comunistas, ateos, gitanos, gays, etc.), solo puede estar movido por tres opciones: desconoce la doctrina que dice profesar con fe ciega, es un cínico o simplemente alguien gobernado por la arbitrariedad de sus humores, que lo lleva a ser inconsecuente e incoherente; escoja usted.
La polémica sobre el uso de la violencia bajo un régimen como el de Pinochet (lo mismo aplica para cualquier dictadura) no es neutra sobre la valoración que de él se tiene ni tampoco sobre la consideración hacia quienes fueron sus víctimas. Las virtudes y legitimidad que se le asignen al primero y la consideración o no de la dignidad de los segundos, determinará el cómo se aprecia tanto la posibilidad de un tiranicidio como el uso de la fuerza como medio de legítima defensa.
