Opinión
A fin de cuentas, esta tercera línea político-argumentativa decanta en una conclusión digna de notificar: el pomposo “Chile de todos” no es más que un sofisticado “Chile de pocos”, un verdadero ChileGate.
El 9 de agosto de 1974, el presidente republicano Richard Nixon se convirtió en el primer presidente de EE.UU. en renunciar a su cargo. La causa de tan inaudita decisión se encontraba en la presión pública desencadenada por el emblemático caso Watergate. Con ello, la Casa Blanca “perdía” a uno de sus huéspedes emblemáticos en el contexto de la Guerra Fría, mientras la ciencia política “ganaba” un caso paradigmático para describir ciertos fenómenos disruptivos que tienden a acrecentar la crisis de representatividad que afecta a las instituciones y dirigencias políticas al interior de un Estado; esto, por el hecho de exponer públicamente los permanentes beneficios y usufructos conseguidos –lícitamente o no– por reducidos grupos que ostentan privilegiadas posiciones de poder dentro de regímenes democráticos catalogados, paradójicamente, como “ejemplares”.
En esta misma línea, podemos arriesgar una definición más: el sufijo Gate también puede ser utilizado apelando a su significación literal. Los escándalos “Gate” operan efectivamente como “puertas” mediáticas que, en su proceso de apertura, nos permiten observar públicamente los engranajes que dan vida a un sistema de relaciones de poder extremadamente asimétrico.
Ciertamente, las estructuras institucionales del Chile neoliberal han sido un verdadero “caldo de cultivo” para la reproducción de este patrón: PiñeraGate, MOPGate, PentaGate, NueraGate. La última “puerta” abierta es sintomática al respecto. En este caso, la presión mediática desencadenada tras la investigación periodística publicada en torno al “millonario negocio inmobiliario de la nuera de Bachelet”, fraguó un escenario en el que se ha acusado al hijo de la Mandataria de tráfico de influencias y acceso a información privilegiada; proceso que ha decantado en la renuncia de Sebastián Dávalos al cargo ad honórem de Director del Área Sociocultural de la Presidencia.
[cita] El dilema de fondo es bastante claro: en la propia Nueva Mayoría también cohabita el vínculo entre el dinero y la política. Tarde o temprano, Gobierno y oposición tendrán que formar un nuevo pacto en “aras de la gobernabilidad”: ¿estará esta vez la ciudadanía dispuesta a aceptar una reedición de la “política de los acuerdos”? [/cita]
La avalancha de críticas proveniente desde los más diversos sectores del mundo político y la ciudadanía en general, empañaron el momento más estable del oficialismo desde su retorno a la conducción gubernamental, en un entorno marcado por la aprobación y/o tramitación de las reformas comprometidas por Bachelet después del emblemático cónclave perpetrado en Cerro Castillo a fines de octubre pasado, la crisis permanente de la derecha política, el repunte parcial en los índices de aprobación de la Mandataria y el Gobierno en las encuestas de opinión, además del repliegue (momentáneo) de la derecha fáctica (que volverá con fuerza inusitada en el próximo debate constituyente).
Sin desconocer la preponderancia de estos coletazos políticos, es necesario destacar que la importancia medular de este caso no se juega en el deterioro del apacible clima político que había logrado alcanzar el oficialismo durante su primera semana de vacaciones; tampoco, en las notables diferencias que marcan los decursos biográficos del “galán rural” (Peñailillo) versus el “primer damo” (Dávalos). Por el contrario, el aspecto crucial del NueraGate se define en la consistencia interna de los argumentos políticos esgrimidos ante las acusaciones de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Es en esta dimensión donde se torna imperativo montar las diferencias. En efecto, los primeros en subirse al “carro de la denuncia” fueron, por supuesto, los sectores de la derecha política; los mismos que hoy buscan una “renovada identidad”, acorde a los “nuevos tiempos”. Es curioso observar cómo su ofensiva “táctica del empate” se ha obstinado en brindar los más bochornosos “autogoles”. Y es que la renuncia exigida al hijo de la Mandataria por parte del mismo sector, ¿no lleva explícitamente la misma exigencia para la totalidad de sus correligionarios involucrados en el PentaGate? O acaso el ejercicio de pedir el último “raspado de la olla para los últimos 100 metros de campaña”, ¿no es la más patética expresión de tráfico de influencias? Asimismo, ¿por qué la derecha no levantó nunca la voz ante la candidatura presidencial de Sebastián Piñera (2009-2010), a sabiendas de la multa de 363 millones de pesos que la Superintendencia de Valores y Seguros cursó al director de Lan Airlines S. A. en el 2007, por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada? ¿Lo harán en la próxima carrera presidencial? ¡Están a tiempo!
En paralelo, ¿cómo manejó el oficialismo la irrupción del NueraGate? Apelando a la táctica de siempre: desmarque y silencio. Lo interesante es que en esta oportunidad las voces progresistas al interior de la Nueva Mayoría enmudecieron flagrantemente, cuestión que lamentablemente ya se comienza a transformar en una tendencia. Las solitarias vocerías de Rodrigo Peñailillo y José Antonio Gómez tuvieron que ser complementadas con los “históricos de la Concertación” que –desde Sergio Bitar a Camilo Escalona– recomendaron la renuncia de Sebastián Dávalos. Por cierto, las declaraciones de los históricos sólo emanaron cuando estos vislumbraron la posibilidad de obtener dividendos políticos de la situación. De ahora en más, podrían pedir, si es que así lo deseasen, la renuncia de los parlamentarios involucrados en el PentaGate. ¿Decidirá la intelligentsia oficialista dar este golpe de nocaut a la derecha política antes de reeditar el “pacto de no agresión” convenido entre Ricardo Lagos y Pablo Longueira en el contexto del caso MOPGate (2003)? ¿O la Nueva Mayoría preferirá tratar con un contrincante golpeado y exhausto –mas no abatido en la lona– antes de llevar a cabo la negociación? El dilema de fondo es bastante claro: en la propia Nueva Mayoría también cohabita el vínculo entre el dinero y la política. Tarde o temprano, Gobierno y oposición tendrán que formar un nuevo pacto en “aras de la gobernabilidad”: ¿estará esta vez la ciudadanía dispuesta a aceptar una reedición de la “política de los acuerdos”?
Finalmente, por fuera de los conglomerados políticos tradicionales, se han levantado diversas voces que –a pesar de no estar unificadas en un organismo político común– han logrado superar, por lejos, la estrechez del “cálculo político” promovido por la derecha y la Nueva Mayoría. Los sectores ambientalistas y urbanistas críticos, fueron los primeros en advertir el inexorable vínculo que existe entre el dinero y la política detrás de la expansión urbana y la incalculable segregación social que este proceso deja a su paso. Tal como ha indicado Luis Mariano Rendón a través de este mismo medio: “Ya desde los 90, junto a organizaciones como Defendamos la Ciudad, hemos denunciado el maridaje entre especuladores y políticos en el terreno inmobiliario (entre otros)”; en otras palabras: planes reguladores hechos a la medida de la especulación inmobiliaria y financiera.
Por cierto, en el paraíso neoliberal en el que vivimos, es plenamente legítimo que una de los principales fortunas del mundo –el grupo Luksic– done millonarias sumas de dinero a las coaliciones políticas tradicionales, especialmente a la Nueva Mayoría; o que la plana mayor de los ejecutivos que dirigen sus empresas “salten” sin escrúpulo alguno desde el ámbito privado al público, espacio último en el que ejercen prominentes cargos ministeriales. El eslabón más visible de esta relación se encuentra en el ex director de las empresas Lucchetti y Banco de Chile –hoy, actual ministro de Energía– Máximo Pacheco. En esta misma línea, la denuncia que viene planteando el diputado Gabriel Boric desde que asumió como parlamentario se vuelve cada día más transparente: la “colonización empresarial de la política” se encuentra en el ADN del Chile neoliberal.
Y es que, a fin de cuentas, esta tercera línea político-argumentativa decanta en una conclusión digna de notificar: el pomposo “Chile de todos” no es más que un sofisticado “Chile de pocos”, un verdadero ChileGate.
