Opinión
En un Parlamento con muy pocos miembros, especialmente en el Senado, la tramitación de algún proyecto de ley depende del visto bueno de muy pocos parlamentarios. Lo grave es cuando estos pueden condicionar su apoyo al Gobierno –aunque formen parte nominalmente de la coalición oficialista, lo que debiera ser razón suficiente para actuar en consonancia con ella– para la designación en su región de autoridades políticas, y también las judiciales, que defiendan sus intereses, o en ocasiones los de empresas privadas que les son cercanas o forman parte de su sistema de financiamiento de campañas.
Mahmud Aleuy estuvo en la Intendencia de la VI región la semana pasada en una visita que duró menos de una hora. Ningún medio de prensa local dio cuenta de ella, ni el gobierno regional mostró interés en publicitarla. Aleuy tampoco se estresó por no aparecer en cámara. Sobre el motivo de su visita off the record se dijeron dos cosas: a raíz del caso Caval vino a hacer control de daños (lo mismo hizo el 2007 como hombre de confianza de Escalona, cuando explotó el escándalo Chiledeportes y éste también amenazó con golpear a actores del PS local); para otros, su recorrido se explica por la notificación de los cambios en los gobiernos regionales y que abarcarían varias regiones. Aleuy, sin el encanto de Saint-Just, pero con las mismas atribuciones –representante en misión del gobierno central–, en un papel que por lo demás le acomoda, reparte malas noticias y recoge información de las provincias aunque su presencia devela la naturaleza del régimen del que son presa las regiones desde la consolidación del Estado portaliano.
Recientemente los Cuadernos de Historia de la Universidad de Chile publicaron un artículo –»Infante y Matta: entre la disidencia y la cooptación. El fracaso del federalismo en el siglo XIX»– en el que exploramos el fracaso del federalismo y el autonomismo provincial en el siglo XIX a través del actuar de sus líderes, José Miguel Infante y Manuel Antonio Matta.
Ellos, ante la victoria de la coalición portaliana (1830-1859), fluctuaron entre la disidencia marginal y la integración. Infante optó por ser una voz testimonial desde El Valdiviano Federal, mientras Matta prefirió, luego de un largo proceso – rebeldía (50), transición (60) y cooptación (70)–, integrarse al sistema político oligárquico. Y es que en ese modelo los rebeldes líderes de provincia no tuvieron otra opción –si no querían permanecer en la marginalidad política como Infante– que integrarse a un sistema en el que la figura presidencial –vía intervención del intendente y de las listas cerradas– decidía quién llegaba o no al Parlamento. Matta, después de una condena a muerte que le fue conmutada por el destierro, aprendió pronto la lección: de ahí en adelante sería hombre del partido del orden y en esa condición, más la de propietario minero, se enfrentaría más tarde a Balmaceda.
[cita]En política casi nada es casual. Menos en un sistema político crecientemente mediado por relaciones de vasallaje en manos de señoríos semiautónomos y cuya relación con el Estado central está mediada por el condicionamiento más o menos estable de los votos –en este caso el apoyo a los proyectos emblemáticos del Gobierno– del señor a su superior jerárquico. A cambio de la adhesión a los proyectos del Gobierno, crecientemente éste obtiene plena autonomía para el ejercicio del poder administrativo en su feudo, sin interferencias ni mediaciones. Vistas las cosas de este modo, no solo las designaciones en el Estado pasan por él, sino incluso la relación con el empresariado y las oportunidades de negocio que se abren con proyectos emblemáticos. Por poner solo un ejemplo: la creación de la universidad regional y la selección de los equipos para orientar la decisión final de su instalación, implementación y selección de personal.[/cita]
Ese patrón, con senadores electos en provincias, pero casi todos de domicilio metropolitano, oligarquizó desde un comienzo a la política chilena, pese al esfuerzo de los presidentes, en especial de Balmaceda, por autonomizar al Estado del grupo social que le dio origen. De allí que en una explicación novedosa de la Guerra Civil de 1891, María Angélica Illanes viera en el proyecto de comuna autónoma del senador conservador Manuel José Irarrázaval el verdadero motivo de la disputa con un presidente bajo cuyo mandato el Estado-nación se desvinculó definitivamente de sus padres fundadores.
No es casual que, apenas vencido el bando balmacedista, una de las primeras medidas del nuevo Gobierno fuese precisamente aprobar la ley que permitió el nacimiento del grueso de las comunas de tamaño medio y pequeño que existen hasta hoy y que quedaron bajo la influencia del hacendado o terrateniente. En un modelo político así –“una monarquía pero sin rey”, con un Senado dominado por terratenientes y hacendados de origen santiaguino y comunas cuyas autoridades quedan bajo su vasallaje– era lógico que dichos congresistas consolidaran su condición de semiseñores feudales dueños de grandes extensiones de tierras (aunque sus fortunas provinieran con frecuencia en origen del ámbito comercial, bancario o minero), y que transan sus votos en el Congreso a cambio de prebendas personales y/o clientelares originadas en el poder central encarnado por La Moneda.
Con Teo Valenzuela –y siguiendo el modelo tipificado por Arturo Valenzuela, que describe un sistema político centralizado que esclaviza a los parlamentarios como intermediarios (brokers) con los ministerios centrales– aplicamos el concepto broker a la intermediación que caracterizó al quehacer parlamentario pregolpe de Estado de 1973 y lo extendimos a la transición. Hoy por hoy, nuevos argumentos me han ido convenciendo que el concepto, tal cual se ha ido solidificando el nuevo rol parlamentario chileno, especialmente en regiones, no se ajusta tan exactamente a la realidad y me pregunto si no estaremos más bien asistiendo a una verdadera feudalización de las provincias.
En una columna anterior describíamos cómo, en las designaciones regionales, La Moneda con frecuencia dejó esa potestad en manos del parlamentario oficialista más influyente, lo que llevó al Ejecutivo a enfrentar una serie de escándalos, pues no pocos de los nominados no cumplían con las propias exigencias, especialmente en materia de probidad, que el Gobierno se había autoimpuesto. El proceso tampoco estuvo exento de polémicas y en nuestra retina quedaron las disputas que enfrentaron al senador Rossi con el diputado Hugo Gutiérrez o a Juan Luis Castro con Juan Pablo Letelier, cuyas secuelas continúan hasta hoy. En aquella oportunidad señalé que, contra todo pronóstico, el abstencionismo no había hecho otra cosa que fortalecer el poder de los señores de los territorios y solo me faltó evidencia para fundamentar que estos habían pasado de brokers a señores feudales.
¿Por qué digo esto? Porque en un Parlamento con muy pocos miembros, especialmente en el Senado, la tramitación de algún proyecto de ley depende del visto bueno de muy pocos parlamentarios. Estos concentran un poder que otros sistemas de representación no les otorgan a escasos miembros, en particular de las cámaras legislativas, sino a partidos o bancadas, o en todo caso a grupos de parlamentarios más que a individuos. Lo grave es cuando estos pueden condicionar su apoyo al Gobierno –aunque formen parte nominalmente de la coalición oficialista, lo que debiera ser razón suficiente para actuar en consonancia con ella– para la designación en su región de autoridades políticas, y también las judiciales, que defiendan sus intereses, o en ocasiones los de empresas privadas que les son cercanas o forman parte de su sistema de financiamiento de campañas.
El gobierno central en Chile –en especial desde Lagos y Bachelet– ha ido dejando crecientemente la administración de las regiones bajo la potestad parlamentaria local, la que consolida sus redes clientelares y establece relaciones de subordinación con el personal político local –electo y no electo– de naturaleza vasalla. De allí la metáfora sobre el feudalismo y el poder de los señores feudales en la Edad Media, cuando prevalecían contratos de fidelidad entre el señor y sus siervos, donde el primero garantiza protección a los segundos, y estos, además de la debida obediencia, pasan a engrosar las filas del ejército de su señor y estarán dispuestos, a cambio de posición y estatus, a seguir a su señor donde éste vaya, incluso a morir por él. La época feudal se caracterizó en Europa por una gran fragmentación del territorio y por una fuerte descentralización, así como por incesantes querellas entre señores, con una precaria autoridad del rey que dependía de la sumisión individual de cada señor feudal, con frecuentes cambios de alianzas. Inestabilidades originadas en este modelo de distribución y disputa del poder se observaron con frecuencia en el período colonial en América Latina en el vínculo de los nuevos terratenientes con los virreyes y gobernadores.
Hoy en Chile prevalece un cierto abandono de las regiones por el poder central (no existe, por ejemplo, una administración territorial profesional que garantice la continuidad de las tareas de gobierno interior y la creación de capacidades para el desarrollo), por lo que, fuera de los modernos señores territoriales de carácter parlamentario, hay muy poco: solo páramo y praderas que a menudo incendian los bárbaros cuando los modernos señores disputan entre sí parcelas de poder.
Ese contexto es el que explica también que se hayan creado regiones solo por petición expresa de algún senador con poder, como ocurrió con la de Arica, que debe su existencia al paso por allí de Fernando Flores, contribuyendo a una fragmentación política del territorio que no hace sino debilitar las capacidades autonómicas regionales y locales para afianzar su desarrollo, al crear pequeñas regiones impotentes. No otro era el modelo provincial tradicional chileno, frente al cual desde la Corfo en los años 40 y 50 se argumentaba a favor de la creación de macrorregiones capaces de equilibrar la hipertrofia de Santiago, para permitir un verdadero desarrollo regional con más cohesión.
La pregunta es pertinente, pues en política casi nada es casual. Menos en un sistema político crecientemente mediado por relaciones de vasallaje en manos de señoríos semiautónomos y cuya relación con el Estado central está mediada por el condicionamiento más o menos estable de los votos –en este caso el apoyo a los proyectos emblemáticos del Gobierno– del señor a su superior jerárquico. A cambio de la adhesión a los proyectos del Gobierno, crecientemente éste obtiene plena autonomía para el ejercicio del poder administrativo en su feudo, sin interferencias ni mediaciones. Vistas las cosas de este modo, no solo las designaciones en el Estado pasan por él, sino incluso la relación con el empresariado y las oportunidades de negocio que se abren con proyectos emblemáticos. Por poner solo un ejemplo: la creación de la universidad regional y la selección de los equipos para orientar la decisión final de su instalación, implementación y selección de personal.
En forma paralela a la elección arbitraria del personal público, se establece toda una red informal –funcionarios municipales, ediles, pequeños burócratas, especuladores y empresarios– que van desnaturalizando el sentido de la política pública en este nuevo modelo parlamentario-feudal.
Y es aquí cuando nos encontramos con el caso Caval, aunque, como ya lo señalamos, no ha sido el único. Es decir, desde hace tiempo hay en regiones evidencia empírica sobre las relaciones anormales entre poderes públicos y agentes privados, consecuencia del peso indebido y desproporcionado del parlamentario local que abandonó definitivamente la representación de la nación, creación de la Revolución Francesa, para entregarse a la de grandes y pequeños intereses, incluyendo los suyos.
En este caso tenemos el surgimiento de un negocio especulativo que depende en buena medida de una decisión política-administrativa –la modificación de plan regulador intercomunal (PRI)– que echa abajo el Concejo de Rancagua por no estar asociado a la construcción de más vías urbanas. Y aunque la modificación queda en suspenso por un tiempo, ello no significa que no se avance. Ya sabemos que Caval recibe de la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, funcionaria de la Municipalidad de Machalí, el dato clave: se venía una alteración del PRI que elevaría el precio de esos terrenos a las nubes. El director de Obras de ese municipio, Jorge Silva, también le entrega información relevante a Mauricio Valero, y la empresa Caval por entonces comienza a gestionar el millonario préstamo para comprar los terrenos. Lo consigue finalmente con el Banco de Chile, de la forma que todos conocemos. Entonces Caval adquiere los terrenos de Wiesner por un valor superior a la oferta original.
Entretanto Michelle Bachelet está en campaña y una de sus ofertas significativas para la región es la instalación de una Universidad pública regional. No es casual que por entonces, y cuando el terreno ya era propiedad de Caval, se hiciera una oferta millonaria por parte de un grupo mexicano para “construir una ciudad universitaria” (según la revista Qué pasa). De hecho, al momento de instalarse el nuevo Gobierno Regional, son personas vinculadas a un parlamentario en quienes recae la responsabilidad de orientar la política regional, la distribución del presupuesto y la administración de áreas clave como vivienda y educación.
Junto a la Intendenta, allí estarán los equipos que monitoreen el carácter de la universidad y el lugar de su instalación. Luego que una indicación de Rodrigo Peñailillo de que se le borrara “Rancagua” como domicilio a la nueva universidad, Hacienda aprobó una partida de 7 mil millones para la adquisición de un terreno para su construcción en el periodo de tres años. Ese entorno favorable (Gobierno socialista nacional y local), más una buena conexión con otros señores feudales de raigambre privada –Los Vial– explican el por qué de Caval en O’Higgins.
Y empieza a rodar la máquina: apenas iniciado el actual Gobierno, el Seremi de Vivienda local –quien, como después nos enteramos, en 2013 hizo la tasación del terreno– reactiva la modificación del PRI, pero omite su participación en la tasación de los terrenos, y se encarga un estudio a propósito. En la oportunidad, la Intendente Morín Contreras manifiesta a un medio local que “hay que arreglar este problema”. La naturalidad de la ocurrencia de estos sucesos en la región llevará al propio senador Juan Pablo Letelier a manifestar unas palabras aclaratorias sobre el tema: “Lamento la imprudencia, pero tengo un juicio de que esto está inserto dentro de lo que hacen personas vinculadas a la industria inmobiliaria todos los días en Chile… Si Dávalos no fuera el hijo de la Presidenta Bachelet, nadie hubiera tomado ningún interés en esta compra de terrenos, que es algo que pasa cotidianamente en Chile… me imagino que inmobiliarias como la de él hay muchas presentes, no solo en la Sexta Región, sino que en todo el país (…). Seguro que esta no es ni la primera inmobiliaria ni la última que va a hacer ese tipo de operaciones» (Emol).
Apenas se publicita el caso, el diputado Juan Luis Castro, de la misma tienda política del senador, manifestará sus dudas sobre el proceder de la Intendenta, criticará el actuar del Seremi de Vivienda y el manejo comunicacional del tema: “Es conveniente que desde Vivienda aclaren las razones que tienen para haber insistido en el plan intercomunal, en cuanto a cambiar el carácter de uso de suelo” (El Tipógrafo, 10 y 26 de febrero de 2015). Dávalos, luego de que el Gobierno sostuviera la tesis de negocio entre privados, se ve forzado a abandonar su cargo, entretanto la policía allana las oficinas de Mauricio Valero, el socio de Natalia Compagnon, y lo propio hace el OS-9 en la Seremi de Vivienda. Con posterioridad, Sergio Bustos indica a los medios que ya entregó al fiscal el nombre del alto funcionario del Gobierno que estaría involucrado en el caso. Enseguida se hacen públicos los nombres de los funcionarios del municipio de Machalí que habrían aportado la información a Caval y que generan una querella del alcalde respectivo. A comienzos de la semana pasada, Aleuy visita privadamente la Intendencia de O’Higgins y ningún medio la reporta. Esa misma semana Canal 13 difunde que el fiscal a cargo de la investigación, Luis Toledo, solicitó incautar el registro de cámaras del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, “debido a versiones que señalan que la Intendenta Morín Contreras habría visitado el organismo para acelerar el trámite de las inscripciones de los predios que compró la empresa Caval” (Constanza Santa María, www.t13.cl). Unos pocos días antes, el seremi de Gobierno, el también socialista Mauricio Valderrama, salió a respaldar a nombre del Ejecutivo al Seremi Wilfredo Valdés.
Por último, quien compra el terreno es un conocido empresario local de quien se dice que, teniendo su corazón en la UDI, ha apoyado transversalmente campañas políticas y conoce bien a sus protagonistas: casi todos alguna vez han llegado a golpear las puertas de sus oficinas. Este personaje, que ha amasado una considerable fortuna sobre la base de contratos y licitaciones que dependen de decisiones públicas –Rodoviario de Rancagua, Terminal O’Higgins, arriendo de oficinas suyas por parte del Gobierno Regional en un céntrico edifico en que funcionan varias agencias públicas, etc.–, toma la decisión que mantiene intrigados a todos, incluso al diputado socialista por Rancagua: ¿por qué no compró los terrenos directamente? Habrá que esperar lo que ocurra en el futuro con el terreno en cuestión, con la suerte de la modificación del PRI y con las inversiones públicas en la región para saber la verdad definitiva. Aunque con este breve repaso tenemos al círculo completo de actores en el señorío de O’Higgins girando en torno a Caval.
Luego de los sucesos de Fiscalía y del noticiero metropolitano, Letelier rectifica sus dichos a la prensa e indica que: “Éticamente lo que correspondería hacer es echar para atrás el negocio… Estoy seguro que lo que está pasando en la zona de Machalí es más que una transacción, mucho más” (El Tipógrafo, 06 de marzo de 2015).
Bueno, y un negocio que por definición de Peñailillo comenzó siendo un “asunto entre privados”, tiene hoy sumido en la más profunda crisis al Gobierno nacional y puestas en el ojo del huracán a las autoridades políticas de la Región del Libertador.
El modelo político histórico –el presidencialismo condicionado por un Parlamento feudalizado– dejó a las regiones como patio trasero de la Nación, donde sólo caben los señores feudales como sujetos políticos. El resto –como tal vez les suceda a la intendenta y al Seremi de Vivienda local, y como antes le ocurrió al intendente Ricardo Trincado–, quizás son las cabezas turcas que tengan que rodar para que el modelo siga funcionando. Alejandro Guillier, perspicaz periodista y hoy senador de la Nueva Mayoría, descubrió prontamente la lógica del sistema político en regiones: “Y, en especial, debemos poner control a una práctica abusiva que consiste en ganar elecciones para tomar el aparato de Estado por asalto e instalar redes de poder dedicadas a forjar negocios privados” (El Mostrador, 6 de marzo de 2015).
Ya hay indicios de que tanto Gobierno como oposición buscan un acuerdo que permita superar la crisis institucional que han desatado estos escándalos financieros. Una vez que la justicia emita su veredicto y/o que se publicite el arreglo, estos casos irán perdiéndose en nuestra memoria y volverá la política a operar con el criterio “realista” que salta de coyuntura en coyuntura. A menos que los chilenos, con una capacidad de aguante que sorprende, digan otra cosa.
En algún momento se votará el proyecto de regionalización y descentralización que encabezó Esteban Valenzuela, que, entre otras cosas, pretende la elección directa de los intendentes que muchos celebramos, así como una serie de medidas administrativas y financieras destinadas a construir un modelo de cohesión social entre los territorios. A la luz de los hechos presentados y que han tenido como foco a la Región de O’Higgins, cabe preguntarse, no sin cierto temor, si estas medidas no terminarán produciendo exactamente lo contrario y concluirán por hacer total el poder de los señores de los territorios en cada región. No sería, en todo caso, la primera vez que la letra y el espíritu de las leyes terminen siendo drásticamente distorsionados por la cruda realidad del poder ejercido de facto.
