Después de conocer los documentos relativos al caso Penta, como correos, cartas y declaraciones de implicados, queda claro que el poder económico de la élite empresarial ha dominado la política y condicionado el mercado y la competencia. Los casos Penta y Soquimich no son un hecho aislado, sino una práctica generalizada de la elite empresarial. A través del lobby se ha impedido que se establezcan reglas, normas y medidas correctivas que favorezcan a las grandes mayorías.
Sin duda el caso Penta, la arista Soquimich y su relación con el financiamiento de campañas políticas debe ser el inicio de la transparencia total en materia de dinero y política. La ciudadanía está impactada y frente a lo conocido hasta ahora nadie puede estar tranquilo ni conforme.
Lo que comenzó afectando a un partido opositor hoy está salpicando a la Nueva Mayoría, dejando en evidencia la transversalidad política de las malas prácticas. En este marco se hace imprescindible que se transparente el financiamiento entregado por las empresas, no sólo por Penta y Soquimich, sino que todos los holdings y empresas, a partidos políticos y candidatos.
Después de conocer los documentos relativos al caso Penta, como correos, cartas y declaraciones de implicados, queda claro que el poder económico de la élite empresarial ha dominado la política y condicionado el mercado y la competencia. Los casos Penta y Soquimich no son un hecho aislado, sino una práctica generalizada de la elite empresarial. A través del lobby se ha impedido que se establezcan reglas, normas y medidas correctivas que favorezcan a las grandes mayorías.
[cita]Después de conocer los documentos relativos al caso Penta, como correos, cartas y declaraciones de implicados, queda claro que el poder económico de la élite empresarial ha dominado la política y condicionado el mercado y la competencia. Los casos Penta y Soquimich no son un hecho aislado, sino una práctica generalizada de la elite empresarial. A través del lobby se ha impedido que se establezcan reglas, normas y medidas correctivas que favorezcan a las grandes mayorías. [/cita]
Sin duda el contexto donde se generó este cuestionable y nebuloso modelo ha sido la falta de voluntad política para corregir sus fallas e impulsar medidas correctivas. También tiene que ver con el bloqueo o demora de importantes proyectos de ley y el acomodo al interés empresarial de iniciativas legislativas, reglamentos, normas o circulares. Lo cierto es que tenemos en ambas cámaras periodos de inexplicable sequía legislativa y consecuencia de ello es la acumulación de decenas de iniciativas que no prosperaron por falta de apoyo.
Un caso reciente fue la finalmente promulgada ley de Insolvencia y Reemprendimiento, frente a la cual en su oportunidad manifestamos las inconsistencias que contenía en su aplicación a personas individuales (Quiebras personales). Advertimos y solicitamos una modificación a la ley de regulación de tasa máxima convencional que regula la cláusula de aceleración que contienen los contratos de adhesión, y aumentar el plazo de aplicación de 60 a 120 días. La ley de insolvencia considera que para acogerse a la reorganización se debe tener al menos dos cuotas morosas por más de 90 días, frente a lo cual empresas reaccionaron aplicando la cláusula de aceleración inmediatamente cumplidos los 60 días, para impedir que los consumidores se acojan a dicha ley, haciéndola inútil en la práctica.
Ejemplos sobran, tales como el bullado caso Cencosud por el aumento unilateral de comisiones. Sernac presentó la demanda colectiva contra esta empresa en febrero del 2006. En abril de ese año la Sbif dictó la circular 17, que consideraba que el silencio del consumidor significaba aprobación, con lo cual durante 7 años hubo aumento unilateral de comisiones sin control, sin embargo, el fallo de la Corte Suprema la consideró abusiva y la Sbif tuvo que derogarla.
Otros casos fueron la derogación del reglamento de la llamada ley del Super-8, donde la propuesta del Gobierno significa un retroceso respecto a lo anterior debido al lobby de las empresas alimentarias. También el llamado Sernac financiero, que consideró que la revisión de contratos era voluntaria, ha significado que ninguna empresa ha sometido sus contratos a la revisión por parte de este servicio. También está la reinterpretación por parte de Subtel, a petición de Entel, respecto del Art.21 del Reglamento de Telecomunicaciones.
Los ejemplos anteriormente señalados despejan muchas dudas acerca de importantes iniciativas legislativas, que debieran haber protegido a los consumidores y luego se vieron frustradas por cambios introducidos en su tramitación o derechamente por decretos o circulares de organismos reguladores.
A esto se suma el surgimiento de un sinnúmero de influyentes centros de estudios o los llamados think tanks, integrados por equipos de destacados académicos y especialistas para apoyar a los partidos y parlamentarios con estudios, asesorías y apoyo en labores legislativas. Estas entidades son invitadas permanentes a las discusiones de proyectos de ley y juegan muchas veces un rol fundamental en la tramitación o en la presentación de iniciativas legislativas. Su financiamiento es poco transparente, algunos estudios se financian directamente de asesorías a parlamentarios, instituciones de Gobierno o apoyo internacional, sin embargo, por la infraestructura, equipos y personal que disponen, claramente sus fondos principales no provienen de esta fuente y algunos son abiertamente financiados por sectores de la élite empresarial.
En el Chile actual, los ciudadanos están cada vez más conscientes de sus derechos y también de las limitaciones para ejercerlos. Nuestra institucionalidad pública debe jugar un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos de todos los ciudadanos. Ese papel trascendental debe necesariamente ser ejercido por todas nuestras instituciones políticas y órganos del Estado, en promover y velar siempre por que se cumplan los derechos de los ciudadanos a tener salud de calidad, educación gratuita, una pensión justa y protección ante los abusos, etc., y cuando no se cumplan estos principios implementar las medidas correctivas correspondientes. De ahí la preocupación por el peso sin control del dinero y la crisis de legitimidad que se ha introducido en nuestro sistema político.
