Es sabido que la nueva ley de votaciones logró visibilizar la baja participación de la ciudadanía. Y que tal abstención se debe al actuar propio de la elite política, pues ha generado en la ciudadanía la opinión de que sus intereses y esfuerzos no se ven reflejados en transformaciones políticas concretas. A eso se suma que el gran poder e influencia de decisión de las autoridades electas se derivan justamente del actual ordenamiento que implica diversas trabas institucionales y jurídicas a la participación ciudadana y, por lo mismo, existe un asentado miedo a realizar cambios a favor de dicha participación.
Durante los últimos meses la agenda pública ha estado saturada por los avances y retrocesos de los casos Penta y SQM, así como del, hasta ahora, impasse Dávalos —cuya judicialización parece estar mordiéndole los talones—. Estos casos han azuzado un ardiente debate público sobre la capacidad de ciertas élites o grupos de poder para influenciar la política profesional, que en esta oportunidad se ha cifrado bajo la fórmula “política y dinero”. Ello ha hecho emerger un ambiente de desconfianza y cuestionamiento global al funcionamiento de nuestro sistema democrático (aunque las razones profundas de este cuestionamiento puedan rastrearse hasta los albores de la transición). Al estar atiborrado el escaparate de los medios de comunicación y las redes sociales con la sesgada y muchas veces editorializada contingencia, otras aristas y dimensiones igualmente relevantes sobre el funcionamiento de nuestra democracia han quedado excluidas. Y es que en un sistema como el nuestro, en el que las decisiones políticas se derivan con frecuencia de mecanismos y procesos ilegítimos, la ineficacia e impotencia de los mecanismos legítimos de levantamiento de demandas y de participación ciudadana terminan siendo el anverso necesario.
Los habitantes de la comuna de La Reina saben bien de esto, pues están enfrentándose duramente al anverso de este rostro Jano. De un tiempo a esta parte se han visto en la necesidad de organizarse para convocar a un plebiscito comunal que detenga el rápido avance de la construcción de varios megaproyectos, en donde los únicos beneficiados terminarán siendo las inmobiliarias que toman todo vacío en los planes reguladores comunales como oportunidad de especulación y éxito económico. Sin embargo, lo que parecía ser el comienzo de un funcionamiento sustantivo de la democracia, se ha transformado en impotencia y alarma; ello debido a que la legislación actual ofrece severos impedimentos y barreras para la ejecución de este tipo de iniciativas que son signo de una democracia sana.
[cita] Es sabido que la nueva ley de votaciones logró visibilizar la baja participación de la ciudadanía. Y que tal abstención se debe al actuar propio de la elite política, pues ha generado en la ciudadanía la opinión de que sus intereses y esfuerzos no se ven reflejados en transformaciones políticas concretas. A eso se suma que el gran poder e influencia de decisión de las autoridades electas se derivan justamente del actual ordenamiento que implica diversas trabas institucionales y jurídicas a la participación ciudadana y, por lo mismo, existe un asentado miedo a realizar cambios a favor de dicha participación.[/cita]
En el papel nuestra ley permite, a través del plebiscito comunal, el ejercicio del poder a los ciudadanos en algunas materias bien tipificadas que impactan en su calidad de vida. Este procedimiento resulta sumamente relevante para nuestro sistema político toda vez que se entienda que la participación directa de la ciudadanía sirve no sólo para ejercer en forma directa la democracia, sino que también actúa como barómetro e instancia de control para el mantenimiento de la representatividad de las decisiones de las autoridades electas. Justamente, en cuatro ocasiones en nuestro país han sido resueltas las discrepancias entre ciudadanía y autoridades por medio de plebiscitos comunales; dos de ellos convocados por la propia ciudadanía.
Sin embargo, aquello que el papel enuncia como posibilidad es impracticable en la actualidad debido a la última reforma introducida al sistema electoral.
Todos los plebiscitos que se han desarrollado en Chile han sido vinculantes, puesto que —en concordancia con la antigua ley— votaron en ellos más de la mitad de los inscritos en las respectivas comunas. Luego de la entrada en vigencia de la ley de inscripción automática y voto voluntario se modificó una serie de leyes relativas al sufragio y a la participación ciudadana. Cuando le tocó el turno a la ley sobre plebiscitos comunales, la comisión mixta del Senado propuso modificar el quórum de manera tal que un plebiscito resultara vinculante si votaba más de la mitad de los que sufragaron en la última elección municipal. En su lugar se optó por el quórum contemplado en la actual ley, es decir, más de la mitad de los habilitados para hacerlo.
Esta, aparentemente, pequeña diferencia de redacción deriva en una desproporción gigantesca. En efecto, si anteriormente se requería más de la mitad de los inscritos (siempre un porcentaje pequeño de aquellos que podían votar), la actual ley desestima un plebiscito en que no vote más de la mitad de los adultos de la comuna (excluyendo a aquellos condenados a pena aflictiva). Por ejemplo, en el plebiscito de Peñalolén, realizado en el 2011, votaron 74.501 personas, que correspondían a un 75,4% de los inscritos en la comuna. En su momento, el entonces alcalde Orrego lo consideró éxito en términos de participación. Sin embargo, si este se hubiera realizado bajo la actual ley, dicha cantidad de votantes correspondería solamente a un 43,3% de los habilitados para votar. En otras palabras, no hubiera resultado vinculante en las condiciones actuales. Ello sin considerar el efecto que la ahora inexistente obligatoriedad pueda tener sobre la participación.
A raíz de lo anterior, el grupo ciudadano que impulsa el plebiscito en La Reina ha buscado diferentes instancias para que el Parlamento se ocupe de este problema, pero el quórum necesario para cambiar dicha ley, y el tiempo de tramitación que implica, hacen muy difícil arribar a un resultado efectivo.
Es sabido que la nueva ley de votaciones logró visibilizar la baja participación de la ciudadanía. Y que tal abstención se debe al actuar propio de la elite política, pues ha generado en la ciudadanía la opinión de que sus intereses y esfuerzos no se ven reflejados en transformaciones políticas concretas. A eso se suma que el gran poder e influencia de decisión de las autoridades electas se derivan justamente del actual ordenamiento que implica diversas trabas institucionales y jurídicas a la participación ciudadana y, por lo mismo, existe un asentado miedo a realizar cambios a favor de dicha participación. La situación de los plebiscitos comunales es uno de los muchos ejemplos de este problema, en tanto obliga a las iniciativas ciudadanas a cumplir estándares que las mismas autoridades electas son incapaces de satisfacer. En las últimas elecciones municipales, el porcentaje de votantes en relación al total de los habilitados para sufragar fue cercano al 40%. A pesar de esto, la ley establece que un plebiscito comunal sólo resultará vinculante si vota en él más del 50% de los habilitados. Es decir, se requiere una participación mayor a aquella que las propias autoridades electas lograron mediante costosas campañas y un aparato institucional dedicado a tal fin.
Los plebiscitos y otras formas afines de participación ciudadana no deben percibirse como una herramienta excepcional que las autoridades electas utilizan para zanjar discusiones que entrampan los mecanismos representativos. Por el contrario, son instancias fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro aparato democrático que enfrenta una crisis asociada a estas mismas falencias. Este derecho político se encuentra consignado en nuestra Constitución a la par con los mecanismos representativos usuales. Sin embargo, y citando un mensaje del ex presidente Piñera, “toda esta filosofía constitucional, que incentiva la participación de la comunidad local en los asuntos de la comuna, ha sido durante estos veinte años, salvo excepciones, letra muerta”. El hecho de que una postura como esta emane de un gobierno cuyo subsecretario de Minería se encuentra actualmente formalizado por propiciar que élites económicas dictaminen la política pública, muestra que este problema no es patrimonio de ningún sector específico. Por el contrario, concierne a todo el espectro político, cuyos representantes suelen declarar encendidamente que la participación ciudadana es un componente clave de la legitimidad y funcionamiento efectivo del sistema democrático. Resta ver si las autoridades electas están dispuestas a actuar conforme a estas elevadas declaraciones o si, por el contrario, pretenden legitimar su poder rubricando más letra muerta.
