En la actualidad no existe en Chile ningún cuerpo legal integral que reconozca y garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado a Chile derogar su actual Ley de Menores y promulgar una Ley de Protección Integral a los Derechos de la Infancia en concordancia con la Convención de Las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Visité el jardín infantil Sol Naciente, institución emplazada en la comuna de Lo Espejo y que depende del Hogar de Cristo. Mi sorpresa fue grata al constatar el excelente trabajo que realizan las parvularias y las tías que con mucho cariño y dedicación, se preocupan de estos niños de escasos recursos.
En la ocasión me reuní con Verónica Monroy, Directora Social del Hogar de Cristo y Juan Cristóbal Romero, Director Ejecutivo, quienes me comentaron que en materia de educación inicial, están trabajando con jardines infantiles con el método Montessori, llegando a los sectores más vulnerables, más desposeídos, donde no encontramos probablemente la oferta educacional tradicional.
Con recursos escasos que otorga el Estado, poco más de 90 mil pesos por niño y gracias al aporte de los socios, pueden dar una buena educación, trabajar con las familias y ayudar a sacarlos adelante.
Esto es sólo uno de los múltiples frentes de “batalla” que tiene el Hogar de Cristo en materia de infancia, porque además realizan un importante trabajo con los niños en situación de pobreza o exclusión social, que han sido vulnerados en uno o más de sus derechos, a través de programas ambulatorios y residenciales, lo que claramente es un reflejo y una continuación de la gran obra del Padre San Alberto Hurtado.
Luego de esta visita, no puedo dejar de pensar en la gran deuda que tenemos con la infancia, con las niñas, niños y adolescentes que son el futuro de nuestro país. Hoy en día hay miles de menores de edad con discapacidad mental que requieren del apoyo del Estado. No hay ninguna institución pública que de apoyo a estos niños. Tenemos el psiquiátrico en Putaendo y algunas instancias para los adultos, pero nada para la infancia.
En segundo lugar, tenemos 80 mil jóvenes que han desertado al sistema escolar, de los cuales 21 mil viven en la pobreza dura, multidimensional, monetaria y estructural. Esos jóvenes hoy en día están en la droga, en el alcohol, en la delincuencia o en la explotación sexual comercial infantil. Tenemos que crear una oferta educativa para ellos, que no puede ser la oferta educativa tradicional.
El Hogar de Cristo tiene una escuela para ellos, que significa un costo de 225 mil pesos por niño, pero que claramente no da abasto. La propuesta que maneja el gobierno de la presidenta Bachelet es crear un centro de reforzamiento educacional justamente para estos niños que han desertado al sistema escolar y viven en pobreza. Vamos a pedir al gobierno que se pueda cumplir este compromiso pronto.
Junto con estos temas en el ámbito de la salud y la educación, se hace necesaria la creación de una ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En diciembre de 2012, junto a la Senadora Soeldad Alvear y los senadores Juan Pablo Letelier y Camilo Escalona presentamos un proyecto en esta materia, el que fue declarado inadmisible al no contar con el patrocinio del Gobierno.
En la actualidad no existe en Chile ningún cuerpo legal integral que reconozca y garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado a Chile derogar su actual Ley de Menores y promulgar una Ley de Protección Integral a los Derechos de la Infancia en concordancia con la Convención de Las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Pero esta la ley de protección integral de la infancia no es suficiente por sí sola, porque también se hace muy necesario la creación de la Defensoría del Niño y del Adolescente, una instancia encargada de velar por los derechos de los menores de edad, verificando el cumplimiento de las normas de la convención de los Derechos del niño y las distintas leyes para que se respeten los derechos de los menores.
Es importante que este ente autónomo no dependa de la confianza política del gobierno de turno, que pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y el respeto de los derechos de los niños en riesgo social, que son los más vulnerables.
Este defensor sería nombrado por el Senado, con el apoyo de cuatro séptimos de los votos de los senadores. La idea es que el defensor sea una especie de “pepe grillo’ que le esté diciendo a los gobiernos de turno cómo hay que respetar los derechos de los niños, además de hacer las denuncias respectivas.
Estos son sólo algunos temas en los cuales debemos trabajar, porque también se hace necesario mejorar el sistema de subvenciones del SENAME, darle urgencia al Proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, urgencia al proyecto que sanciona el maltrato contra los menores en contextos extra familiares y urgencia al Proyecto de ley que modifica el Código Civil con el objeto de prohibir el castigo corporal y cualquier trato degradante a niños, niñas y adolescentes.
Tal como lo señaló la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, el Gobierno presentará un proyecto de ley de Protección Integral de la Infancia antes del 21 de mayo de este año. Esperemos que esta iniciativa esté a la altura los desafíos que existen para pagar la deuda que tenemos con nuestros niños y sea sólo el primer paso de una serie de medidas, porque ellos no votan, y a diferencia de lo que alguna vez dijo el ex Presidente Piñera, muchas veces la voz de los niños parece que no se escucha fuerte en la Moneda.
