[Editorial] Conspiración contra la democracia

La línea de estabilidad institucional en el actual sistema político chileno está en la continuidad de la Presidencia de la República.

El equilibrio estable de poderes políticos en nuestra democracia reside en la soberanía del Congreso Nacional y en la legitimidad de su representación, la que no debe ser pensada de manera individual sino como un cuerpo.

A su vez, la garantía de la igualdad ante la ley y la vigencia del pacto social y los derechos ciudadanos se vincula estrechamente a la acción efectiva del poder jusrisdiccional, sin aceptar interferencias extraconstitucionales ni presiones de ningún tipo.

Es por estas tres premisas que se debe considerar que cualquier acción u omisión que tienda a subvertir las bases de un funcionamiento estable y sincrónico de esos poderes, es en la práctica una conspiración contra la democracia.

[cita] La notoria embestida de  sectores políticos, funcionarios de Gobierno y poderes económicos para lograr “un amplio acuerdo político nacional” para salir de la crisis originada por el descubrimiento de dineros ilegales  en el financiamiento de la política, tiene elementos claros de una abierta conspiración contra la democracia.[/cita]

La notoria embestida de  sectores políticos, funcionarios de Gobierno y poderes económicos para lograr “un amplio acuerdo político nacional” para salir de la crisis originada por el descubrimiento de dineros ilegales en el financiamiento de la política, tiene elementos claros de una abierta conspiración contra la democracia.

Es un hecho evidente que la política es dialógica y, por lo tanto, implica acuerdos y negociaciones. También, que implica un talante responsable y equilibrado en el ejercicio de las competencias. Pero el límite de acuerdos y negociaciones es que ellas no pueden estar encaminadas a minar los principios que sostienen a una democracia, ni menos crear un ambiente de privilegios legales e impunidad para aquellos que, con su acción, la han puesto en crisis. Esa sería una acción subversiva de aquellos que tienen en sus manos el poder de decisión política.

Bajo ninguna circunstancia los representantes del soberano pueden ponerse en situación de privilegio y al margen de su mandato legal. Si lo hacen, asumen una actitud que golpea, con pretensiones de legitimidad constituyente, la ley que juraron respetar. Eso sería un golpe de Estado blanco contra la democracia y no un salvataje de ella.

Ese es el carácter de fondo que tiene una idea como aquella que ha empezado a ventilarse en medio de la crisis actual de nuestro país.

De los tres poderes actuando, Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional, es evidente que aquel que está más en forma y propiedad de competencias es el judicial. El Ejecutivo se encuentra paralizado, en actitud errática y con un liderazgo que carece de horizonte político claro, aunque es necesario convenir que la crisis lo golpea de manera lateral y más en el carisma y la confianza que en las bases de su ejercicio.

Lo que sí es un hecho de fondo es que el Poder Legislativo es el tema institucional de mayor envergadura.

En un acelerado proceso de deslegitimización, es un punto complejo para encontrar una salida institucional, pues –en las actuales condiciones– no se sabe a ciencia cierta si, por el accionar de algunos de sus miembros, el Congreso es parte de la solución o del problema. La ola de cuestionamientos a legisladores por vínculos financieros poco transparentes o derechamente ilegales en los procesos electorales en que participaron arrastra la duda de cuerpo en el Parlamento.

Pareciera, por lo mismo, que entre las tareas más arduas y urgentes para una salida institucional con legitimidad, está recuperar la confianza y la credibilidad del Parlamento, lo cual, dadas las circunstancias, no tiene otro instrumento que ir a elecciones generales.

Cómo hacerlo no es un problema legal sino político, esencialmente de voluntad, y depende de los propios parlamentarios.