La responsabilidad del ministro y el subsecretario por esta falta de transparencia y respeto para la ciudadanía produce desconfianza en quienes participamos de las organizaciones de la sociedad civil. Habla también de la precariedad de la participación ciudadana en el país, y en el ambiente actual, induce inevitablemente a sospechas.
De manera sorprendente y poco antes de apagar la luz semanal, el viernes 10 de abril, la Contraloría tomó razón del Decreto que Promulga el Reglamento de la Ley de Televisión Digital.
Mientras el Consejo de la sociedad civil y el Consejo de implementación de la TVD, debatían la forma de superar las objeciones hechas por la Contraloría, entre cuatro paredes en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se redactaba la declaración pública celebrando la toma de razón del reglamento. Nadie se enteró, al menos públicamente, en qué momento y forma ocurrió el milagro.
La falta de transparencia en la redacción de las modificaciones y un secretismo a toda prueba, fueron determinantes para una tramitación exprés en la Contraloría, procedimiento que no consideró ninguna participación ciudadana en las enmiendas al documento ni menos de sus alcances, hasta el punto que a la hora de escribir esta columna aún se desconoce el contenido final del decreto aprobado.
[cita] La responsabilidad del ministro y el subsecretario por esta falta de transparencia y respeto para la ciudadanía produce desconfianza en quienes participamos de las organizaciones de la sociedad civil. Habla también de la precariedad de la participación ciudadana en el país y, en el ambiente actual, induce inevitablemente a sospechas.[/cita]
El proyecto de implementación de la Televisión Digital –TVD– fue discutido durante 6 años en ambas Cámaras del Parlamento. Dicho proceso legislativo fue controvertido por las diferentes posiciones al interior de la industria de TV abierta, los cableoperadores y la televisión satelital. Además, no había acuerdo para introducir las demandas de los canales regionales, la TV comunitaria y las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la mesa ciudadana por la TVD.
La tramitación trascendió dos gobiernos de distintos signos, y la ley finalmente fue promulgada en mayo del año pasado por la Presidenta Michelle Bachelet. Luego de ello, se inició un largo proceso de redacción del Reglamento para permitir su implementación, con una consulta pública abierta en la que todos quienes tuvieron interés a entregar opiniones pudieron hacerlo.
La controversia continuó con el envío del reglamento al trámite de Toma de Razón en la Contraloría, sin que las organizaciones que entregaron su opinión –CONADECUS, ANATEL, canales de TV abierta y Cableoperadores– pudieran saber de antemano si la autoridad acogió o no alguna de las observaciones expuestas en la consulta pública. Todo fue muy secreto.
Aquella vez la Contraloría rechazó la Toma de Razón con una contundente argumentación para cada punto que el organismo debía rectificar. Las impugnaciones de CONADECUS fueron en su gran mayoría reproducidas por la Contraloría y eran las mismas que enviamos resumidas a la consulta pública, ratificadas en la impugnación que se presentó a este organismo debido al desconocimiento del texto y el hermetismo del MTT.
La responsabilidad del ministro y el subsecretario por esta falta de transparencia y respeto para la ciudadanía produce desconfianza en quienes participamos de las organizaciones de la sociedad civil. Habla también de la precariedad de la participación ciudadana en el país y, en el ambiente actual, induce inevitablemente a sospechas.
Una línea constante en el ámbito de las telecomunicaciones desde que asumió el actual Gobierno ha sido la mala relación tanto del subsecretario Huichalaf como del ministro Gómez-Lobo con la ciudadanía. El subsecretario ha mostrado escasa receptividad y poca transparencia con las organizaciones ciudadanas, llegando incluso a actuar de manera soberbia frente a ellas.
Aunque en la Subtel está constituido el Consejo de la Sociedad Civil, el subsecretario rehuyó largo tiempo referirse en este organismo de participación ciudadana a la Ley de TVD.
Lo mismo sucedió con la licitación de la banda de 700 MHz, y con la reinterpretación de art. 21 del Reglamento de Telecomunicaciones que hizo a solicitud de Entel. Tampoco se refirió al reclamo de la agrupación de canales regionales –Arcatel– por la inexplicable eliminación presupuestaria del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 10 mil millones comprometidos por la Presidenta Bachelet para implementar la televisión digital.
En el caso del ministro, la situación también es digna de análisis. Mientras fue parte del equipo programático de la Presidenta Bachelet afirmó de manera categórica el rechazo a la licitación de la banda de 700 MHz. Al asumir el Ministerio cambió radicalmente su postura y pasó a apoyar dicha licitación. Parece razonable la pregunta acerca de qué lo hizo cambiar de opinión.
El ministro Gómez-Lobo Echenique hizo en su oportunidad el estudio de demanda para la licitación de cargos de acceso para las empresas Claro, Entel y Movistar, proceso que se inició en el Gobierno anterior y… concluyó en el actual Gobierno, ¡con el ministro Gómez-Lobo a la cabeza!
En el actual escenario, el ministro Gómez-Lobo busca introducir un proyecto de ley que crea un mercado secundario de espectro radioeléctrico, aun cuando, durante la tramitación de la Ley de TV digital, el Ejecutivo con Piñera a la cabeza consagró el espectro como un bien nacional de uso público cuyo dominio pertenece a la nación toda. Ahora Gómez-Lobo propone que una parte sea objeto de mercadeo, en franca contradicción incluso con el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet que sugiere que habrá una ley que fije una apertura pluralista a las concesiones de espectro.
Es indispensable considerar que tales actuaciones chocan tanto con la participación ciudadana como con la protección de los derechos de los consumidores, desde una actitud de no transparencia que contradice lo declarado por la Presidenta.
