Chile en el claroscuro: reformas, avanzada neoconservadora y democracia participativa

A principios de la década de los 30 y desde el presidio impuesto por Mussolini, Antonio Gramsci escribía la frase «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos». Dicha frase, daba cuenta de las complejas tensiones acaecidas en la sociedad italiana de los años 20, producto de las consecuencias económicas de la primera guerra mundial; la fragmentación de las fuerzas políticas y sociales representativas de los sectores populares (PC, PSI y el progresismo demócrata cristiano); y el surgimiento de una élite cohesionada en torno a un proyecto autoritario, nacionalista y concesional.

Si bien ya ha pasado bastante agua bajo el puente respecto a aquel contexto, junto con haberse manifestado en un país con profundas diferencias respecto a América Latina, existen ciertos elementos que se caracterizan por su similitud en escenarios donde acaecen dinámicos procesos de crisis sistémica como lo que ocurre en Argentina, Brasil, pero particularmente en Chile.

Primero, desde el fin de la dictadura a comienzos de los 90, han estallado múltiples tensiones sociales circunscritas en una profunda crisis de legitimidad con la élite y las instituciones. ¿El motivo?, la desigualdad y la existencia de una democracia de baja intensidad. Estos fenómenos, se han consolidado principalmente por incentivos institucionales ligados a la Constitución de 1980 que merman los principios de soberanía popular y expresión política de las mayorías: Estado subsidiario, sistema electoral no competitivo, quórums exorbitantes para realizar reformas, financiamiento empresarial de la política, reelección indefinida de las autoridades, carencia de mecanismos revocatorios y de democracia directa, tales como las iniciativas populares de ley y referéndums.

[cita]En cuanto a la agenda de mediano plazo, resulta imperioso avanzar en una reforma constitucional que permita consagrar el principio y los mecanismos para la expresión de la soberanía popular y la democracia participativa, que abra paso a un proceso de Asamblea Constituyente, y al alero de este, a la conformación de un bloque de centro-izquierda más amplio, con arraigo social y cohesionado identitariamente en torno a este hito.[/cita]

Segundo, desde la llegada de la Presidenta Michelle Bachelet de la mano con la heterogénea colación “Nueva Mayoría”, estas tensiones han alcanzado una escalada de insospechadas consecuencias, en base a reformas, y “expectativas de reformas” (como la reforma del sistema de AFP e Isapres) que han puesto en jaque, por un lado, intereses de la élite heredera de Pinochet (UDI, RN, oligopolio mediático, sostenedores y grandes grupos económicos). Pero por otro lado, estas reformas también han puesto en alerta a aquella élite que surgió a costa de las subvenciones, licitaciones y financiamiento privado de la actividad política durante los gobiernos de la concertación (sostenedores, inmobiliarias, alcaldes y parlamentarios), y que hoy se expresa en la “vieja guardia” y sus redes, que supuestamente forman parte del proyecto de la Nueva Mayoría.

Tercero, diversos estudios como el Informe Auditoria a la Democracia del PNUD, Informe de Derechos Humanos del INDH, y las recientes encuestas CERC-MORI, indican que existe un progresivo viraje de la opinión pública hacia posiciones estatistas y demandantes de mayores canales de expresión democrática, incluso de un proceso de asamblea constituyente (más allá de que aun la ciudadanía no tiene relativa claridad respecto a lo que ello implica) lo que haría hipotéticamente presagiar un próximo gobierno de tinte populista y transformador.

Cuarto, en este escenario, tanto la intelectualidad como los colectivos del neo-conservadurismo, han comenzado a debatir con mayor detalle la instalación de un nuevo meta-relato que haga frente al “reformismo igualitarista y Estatista” enarbolado por la centro izquierda, en donde el foco estaría puesto en la reducción del “corrupto” aparato estatal, la “libertad” para emprender (reducción de impuestos, estancamiento de salarios y profundización de las inversiones público-privadas) y “ampliación” de la cobertura de las prestaciones sociales en base al subsidio a la demanda.

En este escenario, el “monstruo” de la derecha más dura y fáctica, está jugando sus cartas mediante el impulso de una exacerbada y amarillista crítica del estado actual de la economía (que además es producto de sus propias políticas rentistas y mono exportadoras); de los efectos de las reformas; la instalación de un “empate” en materia de corrupción; generando una rápida convergencia en torno a una nueva candidatura presidencial de Sebastián Piñera (lo que permitirá mostrar cohesión frente a un bloque oficialista fragmentado); y articulando una estrategia mediática (y espada de doble filo) de desprestigiar a todo el sistema político para así lograr un porcentaje de participación electoral mínimo en las próximas elecciones municipales y generales. Esto último, en base a que gran parte del electorado más crítico, es decir, tanto el que no participó en las elecciones anteriores, así como el electorado blando de la nueva mayoría, difícilmente participaría en las próximas disputas electorales.

Y quinto, tomando en consideración experiencias exitosas para sortear las crisis políticas en gobiernos transformadores, como son los casos de los inicios del mandato de Evo Morales y Rafael Correa, se requiere reforzar el liderazgo presidencial mediante la instalación de una agenda a corto y mediano plazo de reformas sentidas por la población, que generen una mayor base social de respaldo con carácter movilizador y la proyección de las transformaciones más allá del 2018. En cuanto a la agenda corta, ya se están dando los primeros pasos en cuanto a la libertad dada al poder judicial para actuar, la promoción de iniciativas que permitan sancionar la corrupción, así como hacer más competitivo y transparente al sistema político. Pese a ello, se requieren mayores medidas de corte estatista, que en lo inmediato den cuenta de un gobierno que se sobrepone a los mezquinos intereses individuales y fortalece el aparato público. Estas medidas podrían ser un aumento sustantivo del impuesto a la minería, su re-distribución en base a criterios regionales, y una radical reforma de la educación que muestre sus frutos a comienzos del 2016.

En cuanto a la agenda de mediano plazo, resulta imperioso avanzar en una reforma constitucional que permita consagrar el principio y los mecanismos para la expresión de la soberanía popular y la democracia participativa, que abra paso a un proceso de Asamblea Constituyente, y al alero de este, a la conformación de un bloque de centro-izquierda más amplio, con arraigo social y cohesionado identitariamente en torno a este hito. Pero el impulso de esta iniciativa solo podrá darse en la medida que se genere un amplio acuerdo que involucre a actores sociales relevantes y un amplio abanico de fuerzas políticas, en particular, a sectores progresistas que no están en la Nueva Mayoría; y a modo de “chantaje” usando términos de Sartori, a sectores que hoy ven amenazada su libertad por los actos de corrupción cometidos. Solo así el proceso podría ser institucionalmente viable, tener un grado de legitimidad considerable, y la capacidad para movilizar a una sociedad civil con desconfianza e incertidumbre. Podrá sonar a una especie de borrón y cuenta nueva, o ha cierto olvido de fuertes disputas por identidades y terrenos electorales similares (como pasa con el PRO, RD, IA y el PL), pero como también señaló Gramsci en 1921: No se hace una revolución con los recuerdos del pasado.