Opinión
Zaldívar e Insunza, en uso de sus “facultades”, se encontrarán frecuentemente en los pasillos del Congreso. El primero en su condición de senador y el segundo en su calidad de ministro Secretario General de la Presidencia. Ambos, y a propósito de sus “antecedentes”, ¿constituyen garantía para las mayorías sencillas del país que luchan por recuperar los bienes comunes como el agua y la desprivatización de los servicios básicos? Juzgue usted.
Las últimas informaciones sobre la vinculación de la empresa Aguas Andinas con los actuales escándalos de corrupción que azotan al país no deberían sorprender a nadie. Desde los movimientos sociales que hemos luchado por la recuperación y defensa del agua, sabemos que las actuales investigaciones sobre la empresa sanitaria Aguas Andinas forman parte de un problema mayor, que radica en el actual modelo de lucro y usura con la gestión del agua en Chile.
En nuestro país, la privatización de las empresas sanitarias data del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1997), proceso que tuvo la particularidad de cautelar para el Estado el 35% de la propiedad. Durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2003) la propiedad pública de las empresas sanitarias fue liberada por completo al arbitrio del mercado; mientras que Sebastián Piñera, antes de cumplir el primer año de su mandato, en diciembre del 2010, anunció la venta total de la participación pública de las empresas sanitarias Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal.
[cita] En el ejercicio como representante de comunas como Combarbalá o Monte Patria, conocidas porque su población es abastecida con agua mediante camiones aljibes; o los Vilos y Salamanca, enfrentadas de manera directa por agua con la empresa minera Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic, (Jorge Insunza) siempre defendió los intereses de los grupos económicos por sobre los de sus representados.[/cita]
La privatización de las empresas sanitarias en Chile se realizó bajo la máxima de que los privados garantizarían seguridad y saneamiento en el suministro de agua a la población, cuestión que se tradujo en la privatización del 99% de estas empresas.
Particularmente, Aguas Andinas es la empresa de mayor cobertura en el país, ya que abastece de agua potable a la Región Metropolitana. Esta empresa, que en el año 2013 reportó utilidades de $116.000 millones, no sólo se ha encargado de distribuir y lucrar con el agua que distribuye a la población, sino que también se ha transformado en una fuente de empleo y negocios para aquellos conspicuos políticos que fluctúan entre el Congreso y el sector privado. Prueba de ello es el senador en ejercicio Andrés Zaldívar (DC), quien recibió pagos por más de 150 millones de pesos en más de tres años. El mismo senador, recién comenzado el segundo mandato de Bachelet, sostuvo que la reforma tributaria debía fraguarse en la “cocina”, a espaldas de la opinión pública.
A propósito del tránsito desde el sector privado hacia el Congreso y del Congreso hacia el Gobierno, es pertinente señalar que Jorge Insunza (PPD) ha sido designado como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en el momento en que ejercía como diputado por el noveno distrito. Esto nos parece sumamente preocupante, ya que en el ejercicio como representante de comunas como Combarbalá o Monte Patria, conocidas porque su población es abastecida con agua mediante camiones aljibes; o los Vilos y Salamanca, enfrentadas de manera directa por agua con la empresa minera Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic, siempre defendió los intereses de los grupos económicos por sobre los de sus representados. Afirmamos esto, recordando que Jorge Insunza, hace un tiempo, en su calidad de diputado de la Nueva Mayoría e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja, votó junto a la UDI y RN para fortalecer el “Derecho Real” sobre los recursos hídricos, y recientemente con diputados del mismo sector votó en contra de la derogación de las “Aguas del Minero”, lo que significa que las empresas extractivas de minerales se pueden apropiar sin regulación alguna de las aguas presentes en sus dominios.
Lo vergonzoso es que este connotado lobbista, que trabajó en el Parlamento defendiendo los intereses de empresas tan cuestionadas como Soquimich y Penta cuando no era diputado, hoy está a cargo del Ministerio que tiene la facultad de asesorar al Presidente y sus ministros en materia legislativa; la de articular el trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso; y la de definir la agenda legislativa y dar seguimiento a la tramitación de las leyes.
Zaldívar e Insunza, en uso de sus “facultades”, se encontrarán frecuentemente en los pasillos del Congreso. El primero en su condición de senador y el segundo en su calidad de ministro Secretario General de la Presidencia. Ambos, y a propósito de sus “antecedentes”, ¿constituyen garantía para las mayorías sencillas del país que luchan por recuperar los bienes comunes como el agua y la desprivatización de los servicios básicos? Juzgue usted.
