Inactividad y desposesión: lo que revela el mundo de los jubilados que siguen trabajando

Recientemente el INE publicó las cifras actualizadas de empleo correspondientes al trimestre febrero-abril 2015, mostrando una tasa de desocupación de un 6,1%, cifra similar a la del año pasado y del trimestre anterior. De hecho, desde el trimestre septiembre-noviembre 2014 esta tasa se mantiene casi inalterada (6,05%). Esta estabilidad ha causado ciertas suspicacias, debido a que durante el último año se ha producido un aumento de personas inactivas, lo que sería supuestamente excepcional.

En una columna publicada en El Mercurio el lunes 1 de junio, CLAPES UC argumenta que “el gran aumento en los inactivos se explica por inesperados cambios en la situación laboral de los mayores de 60 años”. La hipótesis es que durante el período previo a 2014 (Gobierno de Piñera) las “buenas condiciones del mercado laboral” habrían dado las condiciones para una “activación” de parte de esta población. Luego, al “empeorar las condiciones del mercado laboral”, estos “activados” mayores de 60 años habrían pasado a la inactividad, lo que habría explicado en gran parte el aumento de inactivos del último año, principalmente en las mujeres.

El citado centro de estudios dirigido por Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda del Gobierno de Sebastián Piñera (período previo al 2014), invita a su vez a que el INE entregue explicaciones de los “sorprendentes vaivenes” de las cifras de inactividad para resguardar la credibilidad. Asimismo, en relación a la discusión de la Reforma Laboral, hace un llamado de atención sobre grupos vulnerables a las “condiciones socioeconómicas” como son las mujeres, los adultos mayores y los jóvenes.

Con esto logra instalar dos temas relevantes: por un lado, la duda técnica sobre la tasa de desocupación (que se supone no se correlacionaría con la desaceleración experimentada por la economía) y, por otro, la instalación de la idea de que los adultos mayores deben mejorar sus condiciones en el mercado laboral. Esta última idea da por supuesto el hecho de que este grupo debe ingresar al mercado laboral y no cuestiona qué es lo que está operando mal para que personas que deberían estar en edad pasiva, jubilándose, estén trabajando.

Frente a estas cuestiones, cabe hacer algunas aclaraciones. En relación al cuestionamiento técnico de la tasa de desocupación, el instrumento que utiliza el INE para dar las cifras es la Nueva Encuesta Nacional del Empleo (NENE), que comenzó a ser la encuesta oficial desde el trimestre diciembre-febrero 2010. Esta se ciñó a estándares actualizados internacionales sobre estadísticas de empleo, dictadas por la OIT y asumidas por la Ocde, como metodologías estadísticas oficiales. No es una arbitrariedad del INE o del Gobierno cambiar la encuesta, sino que fue una necesidad tanto interna – el tener un instrumento más complejo para analizar la realidad laboral– como externa: al tener que ingresar Chile a la Ocde, sus

Tales directrices permitieron tener información más desagregada sobre la inactividad, pues el objetivo era lograr medir y tener información sobre las zonas grises de la desocupación, que se entendía como una zona dinámica de medición estadística y no tan solo un espacio estático. Este dinamismo está dado por la definición de desocupación que se hace más exigente al considerar sólo si: a) no ha trabajado la semana de referencia de aplicación de la encuesta; b) ha buscado trabajo las últimas cuatro semanas desde la semana de referencia; y c) estaría disponible para comenzar un trabajo los próximos quince días.

Como se observa, es una definición estricta y rígida, pues basta que una persona haya buscado 5 semanas atrás o no esté disponible, y no será desocupado. Como punto de comparación, la anterior encuesta –que funcionó hasta 2009– tenía un período de referencia de dos meses de búsqueda (más amplio que la actual) y sin criterio de disponibilidad. Esta es una de las razones por las cuales es importante analizar la inactividad, y en ese sentido CLAPES-UC tiene toda la razón al poner el acento en ese grupo, pues es clave –pero no lo único clave– para entender las dinámicas de inserción.

Sin embargo, las cifras de aumento no son nada sorprendentes. Entre enero-marzo de 2012 y 2013 hubo un aumento de 120 mil inactivos y la variación anual del último trimestre publicado, febrero-abril 2015, fue de 149 mil (CLAPES analiza el período enero-marzo 2014-2015). Si se relaciona con la desaceleración, esto tampoco es tan claro en una primera aproximación, puesto que entre 2012 y 2013 el PIB creció 4,1% (y la inactividad 120 mil personas), cifra superior al promedio de crecimiento del último año de 1,6% (y la inactividad en 149 mil). Es decir, el crecimiento económico no es un indicador tan directamente relacionado con el aumento o disminución de la inactividad, por lo menos no de forma transparente.

De este modo, parece algo arbitrario poner el foco en el aumento de inactividad y aún más particularmente en las personas de 60 años y más. Incluso, los datos tampoco muestran algo sorprendente si se toma una mirada de más largo plazo. Entre enero-marzo 2010 y febrero-abril 2015, este grupo etario aumentó en 636 mil personas, de las cuales un 58% era ocupada y un 42% inactiva, lo que evidencia un aumento en su tasa de ocupación en 6,1 puntos porcentuales (pp), similar aumento para hombres (6,3 pp) y mujeres (5,6 pp). Durante el último año, la tasa de ocupación disminuyó 0,5 pp, llegando en la actualidad a 32,9% y, como es de esperar, mucho más alta para los hombres –con 48,4%– que para las mujeres, con un 19,7%, lo que a nivel de tasas son cambios mínimos y residuales –nada sorprendente–.

Lo que queda en cuestión en este diagnóstico no es tanto el problema de la inactividad en el marco de un “mercado laboral” con rigidez para permitir la inserción laboral de este grupo de población, sino más bien un problema severo de desprotección social. La pregunta no es por qué su inserción laboral no es la adecuada, sino por qué deben hacerlo. Al dar una mirada a la calidad del empleo de estos grupos etarios el panorama resulta aún más clarificador. Para los mayores de 65 años (que en un 100% corresponde a edad legal de jubilación para hombres y mujeres), el 33,3% de quienes se desempeñan como asalariados no tienen contrato laboral, mientras que el promedio para la población en general es de 18,7%. Desde otro punto de vista, sólo el 38,2% tiene contrato laboral de duración indefinida con cotizaciones en previsión, salud y seguro de cesantía.

Esto provoca un bajo valor del trabajo: según NESI 2013, de quienes trabajan (excluyendo a empleador) con 60 años y más, el 50% obtiene ingresos líquidos menores a $210 mil (misma cifra a la cual se llega usando CASEN 2013). El mismo indicador para toda la población es de $299 mil. El ingreso promedio real (calculado a pesos de noviembre 2013) entre 2010 y 2013, tuvo un descenso de 1,5%, a pesar de que aumentó la tasa de ocupación en similar período.

La pregunta que nace, es ¿para qué trabajar? Si tuvieran información de los que les espera, las condiciones no serían las óptimas para hacerlo. Desde el punto de vista de los mismos hogares volvemos al problema profundo de la ausencia de un sistema de protección social adecuado para la población en edad de jubilarse. Según datos de la Superintendencia de AFP, el 91% de los jubilados en modalidad vejez edad de retiro programado (sólo pensiones pagadas por AFP) obtiene una pensión menor a $148.529.

A su vez, cada vez se recurre a mayor endeudamiento para poder solventar el día a día, sobre todo los gastos en salud. Según datos de la Universidad San Sebastián, obtenidos de DICOM-Equifax, los nuevos morosos entre 60 y 69 años aumentaron un 25% durante diciembre 2013 y 2014, mientras que en los mayores de 70 años la cifra es de un 33%. Para el primer tramo etario el monto promedio de deuda morosa es de $1.402.316 y para los segundos, de $1.211.058. No muy distinto a montos de endeudamiento de otros tramos etarios, pero de particular urgencia por tratarse de un grupo en edad pasiva y con las características del mercado laboral precarizadas que ya se observaron.

Ante la ausencia de un sistema de protección social adecuado, tanto en pensiones como en salud, los adultos mayores deben recurrir al mercado laboral, de crédito y de salud. En ese trío de “monopolios” –como diría Manuel José Ossandón, senador de RN– la población “vulnerable económicamente” se encuentra atrapada.

La Nueva Encuesta Nacional del Empleo sólo es un instrumento que mide de forma técnica cuestiones relativas a la actividad económica de los hogares y el INE la institución encargada de velar que los datos sean producidos bajos los estándares más rigurosos. Ni la NENE ni el INE pueden cambiar técnicamente lo que sucede en los hogares, ni tampoco agotan los datos precisos y necesarios para dar un buen diagnóstico social de lo que ahí ocurre.

El problema, en consecuencia, no se agota en aumentos de población inactiva, ni en una tasa de desocupación estancada, tampoco en gobiernos puntuales que tuvieron o no la oportunidad de pasar por un ciclo económico favorable. El problema son las extendidas formas de desposesión a las cuales la población se enfrenta, y en esto los adultos mayores son el fiel reflejo de aquello: desposeídos de sus derechos a una pensión y salud dignas, deben recurrir cuando se pueda a un trabajo que permita presentar un contrato o credencial para endeudarse. El sistema de protección social financiarizado hace el resto y el mercado laboral solo lo ahonda.

* Según NESI 2013 para personas de 60 años y más, con datos de la ocupación principal y excluyendo a empleador.

*** Tramos entre 60 y 69 años. U. San Sebastián DICOM- Equifax. Diciembre 2014.