En una nota publicada en este medio el día 11 de junio de 2015, se indica que el fundador de Educación 2020, Mario Waissbluth, concuerda con el senador Fulvio Rossi al desestimar las demandas del Colegio de Profesores respecto del proyecto de carrera docente enviado al Congreso por el Ejecutivo –lo que ha llevado a la masiva movilización de docentes en el país–, indicando a través de Facebook que “Fulvio Rossi tiene razón”.
Rossi compara la situación de los médicos con la de los profesores, indicando que “los médicos damos el Examen Médico Nacional y no veo por qué se ve como algo negativo”. Al respecto, Waissbluth sugiere que “es un hecho demostrado que en muchas carreras pedagógicas se admite a estudiantes sin requisito alguno (…) y hasta hoy a muchos se les continúa entregando un cartón de profesor en las mismas circunstancias. De vocación y conocimientos, ni hablar”, lo que justificaría la certificación al inicio de la carrera profesional.
A pesar de no estar al tanto de la evidencia respecto de la relación entre los resultados del EUNACOM en el desempeño profesional futuro de los médicos, sí puedo afirmar con seguridad que la evidencia en educación sugiere que los exámenes de habilitación o certificación de profesores al inicio de la carrera profesional no ofrecen garantías respecto del nivel de formación ni del futuro desempeño de quienes lo aprueban. Pero, más importante, creo firmemente que a pesar de acertar en su diagnóstico respecto de la formación inicial de profesores, Mario Waissbluth NO tiene razón en su conclusión.
Él señala, y con justa razón, que por años ha existido un libertinaje en la formación inicial de profesores impartida en universidades e institutos profesionales, “un negociado de venta de cartones” como él le llama, lo que se refrenda en estudios nacionales que evidencian el explosivo aumento de carreras de pedagogía desde el año 2000. Por ejemplo, en 2010, Cristián Cox, Lorena Meckes y Martín Bascopé reportaban que, entre el año 2000 y 2008,el número de carreras de pedagogía se triplicó, con programas de baja selectividad que agrupan a más del 80% de la matrícula de profesores en formación. Asimismo, este estudio indica que cerca del 60% de las carreras de baja selectividad no se encontraba acreditada, sugiriendo que su funcionamiento no cumple con los mínimos requisitos para la formación de profesionales.
Sin embargo, Waissbluth erra groseramente en su conclusión al sentenciar que la movilización de los profesores busca defender los derechos de los “futuros profesores mediocres”, “de un titulado de pedagogía que no sepa sumar fracciones”, como él describe despectivamente. Si bien este menosprecio a los profesores no es nuevo en el discurso de Waissbluth, sorprende el irracional vínculo entre su diagnóstico y posterior conclusión: dado que los programas de pedagogía son en su mayoría poco selectivos y entregan una pobre formación profesional, la responsabilidad recae en los profesores en formación, de certificar sus capacidades profesionales.
[cita] Los futuros profesores necesitan una mejor formación profesional que la que han recibido hasta el momento, sin duda, y los programas de pedagogía parecen estar dispuestos a realizar los cambios necesarios en su funcionamiento interno para que ello suceda. Sin embargo, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo prefiere poner toda la presión y responsabilidad en los futuros profesionales, al establecer un examen de certificación luego de la titulación para acceder a la nueva carrera docente. [/cita]
Me temo que Mario Waissbluth NO tiene razón. Y entiendo que no soy el único que podría ver el error en su conclusión. Otros investigadores, además de altas autoridades y académicos de universidades chilenas, también reconocen que la formación inicial de profesores es un tema crítico, pero no por ello eluden el hecho de que la responsabilidad por cambiar esto es de las universidades y no de los profesionales en formación. Ejemplo de esto son las opiniones publicadas por Nelson Vásquez y Carmen Montecinos, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en El Mercurio de esa ciudad, y la columna de Andrea Ruffinelli, de la Universidad Alberto Hurtado, en este mismo medio, por nombrar algunos.
Asimismo, el compromiso de las universidades chilenas se ha expresado con claridad en la suscripción de convenios de desempeño con el Gobierno, con el fin de mejorar sus programas de formación de profesores, los que han promovido una serie de innovadoras iniciativas que buscan fortalecer el conocimiento pedagógico de los futuros docentes y una vinculación más efectiva con el sistema escolar durante su formación práctica. A esto se suma a un amplio grupo de investigadores e investigadoras nacionales, quienes han levantado evidencia y propuestas, tanto en Chile como en el extranjero, para reformar la profesión docente en nuestro país, apuntando preferentemente a una sólida formación inicial y continua como la clave para desarrollar mejores profesores y revalorizar la profesión.
Los futuros profesores necesitan una mejor formación profesional que la que han recibido hasta el momento, sin duda, y los programas de pedagogía parecen estar dispuestos a realizar los cambios necesarios en su funcionamiento interno para que ello suceda. Sin embargo, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo prefiere poner toda la presión y responsabilidad en los futuros profesionales, al establecer un examen de certificación luego de la titulación para acceder a la nueva carrera docente. Con ello, el proyecto menoscaba seriamente el rol de las universidades en el mejoramiento de la docencia en nuestro país. De este modo, es importante escuchar las demandas y propuestas que los profesores están defendiendo con su movilización, antes que juzgarlos sobre la base de prejuicios respecto de su estatus como profesionales, responsabilizándolos por la crisis de la educación pública y apuntándolos con el dedo cuando levantan propuestas que pueden ser positivas para la ruta de reforma que el actual Gobierno comprometió durante la campaña presidencial y de la cual muchos esperamos que no se desvíe.
