Opinión
El amiguismo no solo ayuda a los políticos, sino también los protege a través de vivir en pequeño mundo, alejado de los problemas prioritarios de los chilenos, sin la necesidad de hacer una autocrítica de los errores que han cometido y sin considerar la necesidad de trabajar por recuperar la confianza ciudadana. En esa burbuja llegan a la conclusión de que la política está en un buen estado y que son los ciudadanos los equivocados, al hacer una evaluación crítica de su sacrificada labor en “el servicio público”.
¿Qué posibilidades existen en Chile de superar la desconfianza que predomina en la población hacia las instituciones políticas y en los parlamentarios y dirigentes de partidos si estos no respetan las leyes de transparencia y probidad, escondiendo –o no queriendo reconocer– sus conflictos de interés? ¿Cómo mejorar la calidad de la política si sus principales protagonistas la conciben como acuerdos entre amigos, se distribuyen puestos de poder durante décadas y excluyen a quienes no lo son? Estas preguntas surgen ante la crisis de confianza en las instituciones y los escándalos de financiamiento ilegal de la política, que el Gobierno desea enfrentar con una amplia agenda legislativa.
El amiguismo es uno de los principales obstáculos para la renovación de la política y es frecuente en partidos en países con una democracia imperfecta, que también se da en Chile. El PDC es un ejemplo de ello, pero también se da en otras colectividades, con políticos que tienen una carrera jalonada por el apoyo que se han dado amigos de una misma generación, que compartieron algunas experiencias comunes que los marcaron, como ocurre con la G90 en el PPD.
En una serie de libros de la Editorial Zig-Zag con entrevistas a dirigentes de partidos, que incluye uno a Camilo Escalona (PS), otro a Andrés Allamand (RN) y un tercero a Gutenberg Martínez, el “Gute” (PDC), ex diputado (1990-2002), este mencionaba a sus compañeros de generación en el partido, con los cuales ha compartido durante décadas posiciones en las luchas de poder, desde los estudios secundarios y en la Universidad de Chile en los años sesenta. Ellos son Soledad Alvear, su esposa, ex ministra en varios ministerios y gobiernos de la Concertación y senadora; Edgardo Riveros, ex diputado y actual subsecretario de Relaciones Exteriores; Mario (“Peta”) Fernández, ex subsecretario, ex ministro y ex integrante del Tribunal Constitucional, actual embajador en Austria; Juan Carlos (“Kako”) Latorre, ex subsecretario y ex diputado; y Jorge Pizarro, ex diputado y actualmente senador. Tres de ellos han sido presidentes del PDC: Alvear (2006-2008); Latorre (2008- 2010) y Pizarro, desde abril de este año. Martínez lo fue en 1994. El senador Ignacio Walker rompió el control de este grupo, pero lo consiguió en un acuerdo con este, pues fue presidente entre 2010 y 2015.
[cita] Entre los beneficiarios de pagos por SQM hubo políticos del PDC. Su presidente, el senador Jorge Pizarro, ha recibido $ 45 millones, que han sido justificados a través de una empresa de sus hijos, Ventus. El diputado Roberto León, cercano a las posiciones de Pizarro y que fuera presidente de la colectividad algunos meses en 1999, ha recibido $ 123.750.000 a través de su hijo Roberto, con 55 boletas, al tiempo que uno de sus asesores recibió $ 6.7 millones entre noviembre de 2014 y marzo de 2015. [/cita]
El amiguismo tiene una dimensión económica que se ha conocido en los últimos meses, constituida por los aportes ilegales o “alegales” (no infringen la ley, pero sí el espíritu de la misma) que han recibido parlamentarios y dirigentes de partidos de parte de empresas o grupos económicos. Algunas han financiado a parlamentarios de un partido (la UDI por Penta) y otra, como SQM, a políticos de varios partidos y centros de estudios, incluso de izquierda (Fundación Chile21).
Estos pagos ponen de manifiesto que existen límites a la autonomía de la política respecto del poder económico, que ayuda a explicar el hecho de que la agenda pública ha estado dominada desde hace años por temas que interesan a los empresarios y no por las preocupaciones prioritarias de los chilenos.
SQM se destaca por el hecho de que su controlador es Julio Ponce Lerou, que fuera yerno del general Pinochet cuando logró el control de la empresa durante la dictadura y porque ha distribuido pagos a políticos de diferentes partidos, de izquierda, centro y derecha por una suma cercana a los diez millones de dólares, entre 2012 y 2013. Es evidente el objetivo de ellos: proteger sus intereses económicos, estableciendo un campo minado constituido por políticos que frenarán iniciativas contra la empresa, como las concesiones que le permiten la explotación del litio.
Entre los beneficiarios de pagos por SQM hubo políticos del PDC. Su presidente, el senador Jorge Pizarro, ha recibido $ 45 millones, que han sido justificados a través de una empresa de sus hijos, Ventus. El diputado Roberto León, cercano a las posiciones de Pizarro y que fuera presidente de la colectividad algunos meses en 1999, ha recibido $ 123.750.000 a través de su hijo Roberto, con 55 boletas, al tiempo que uno de sus asesores recibió $ 6.7 millones entre noviembre de 2014 y marzo de 2015.
Un tercer DC, Marcelo Rozas, ha tenido una relación más estrecha e intensa con SQM, pues recibió pagos considerablemente superiores a los montos recibidos por Pizarro y León, por encima de los $600 millones. Fueron hechos a Rozas, a su esposa y a uno de sus hijos. Rozas, además, evaluó los informes de los hijos de Pizarro, recibiendo “informes verbales”. Filósofo de formación y con una trayectoria política controvertida, Rozas es conocido en la DC por su estrecha relación con Gutenberg Martínez, “el Gute”, uno de los políticos más influyentes en el referido partido. Por tanto, el beneficiario de los pagos de SQM no fue Rozas, sino Martínez.
Pizarro ha sido interpelado por dirigentes y militantes del PDC para que renuncie como presidente de la colectividad, porque esa relación con SQM es inaceptable, negándose a ello. Lo ha hecho uno de sus hijos, que abandonará próximamente su puesto en la dirección del Comité de inversiones Extranjeras. La Presidenta Bachelet le ha dado señales de disconformidad, al no recibirlo desde su elección como presidente de la DC hace tres meses. Pese a todo ello, sus amigos y camaradas en el partido lo respaldan en esa decisión. El problema “Pizarro” muestra una defensa corporativa, que también se ha dado a conocer en el PPD en relación con las acusaciones contra ex ministros que recibieron financiamiento de empresas.
También en otros partidos de la NM hay políticos que comparten la postura de Pizarro, León y Martínez, en el sentido de no ver conflictos de interés en los aportes hechos a ellos por empresas. El ex ministro Jorge Insunza (PPD), admitió no haber informado a la Presidenta que sirvió a dos patrones: a todos los chilenos, como parlamentario, y al grupo Luksic, como asesor de una empresa minera en su distrito electoral.
Uno de los problemas de los políticos profesionales, en la definición de Max Weber, que viven de y para la política, es que su dedicación al “servicio público” les impide mantener una actividad profesional que les dé autonomía económica y les permita retirarse de ella cuando lo determinen los electores o los militantes del partido, por sus derrotas o fracasos políticos. Ello conduce a una continuidad indefinida en la política, buscando la reelección en los cargos de representación o puestos en el Gobierno, sin enfrentar las carencias y debilidades en el ámbito político que ellos han ayudado a provocar. La falta de autonomía económica permite a empresarios con “malas prácticas” apoyarlos a superar sus dificultades económicas.
Pizarro tiene una empresa de transportes y Martínez es rector y controlador de una pequeña universidad privada, la Miguel de Cervantes, con una matrícula inferior a mil estudiantes y de muy baja calidad académica, pues es una de las pocas que no ha sido acreditada, que explica su postura crítica al fortalecimiento de las universidades públicas. Pareciera que ninguno de los dos “emprendimientos” les proporciona suficientes recursos económicos.
El amiguismo no solo ayuda a los políticos, sino también los protege a través de vivir en pequeño mundo, alejado de los problemas prioritarios de los chilenos, sin la necesidad de hacer una autocrítica de los errores que han cometido y sin considerar la necesidad de trabajar por recuperar la confianza ciudadana. En esa burbuja llegan a la conclusión de que la política está en un buen estado y que son los ciudadanos los equivocados, al hacer una evaluación crítica de su sacrificada labor en “el servicio público”.
No bastan las leyes para mejorar la calidad de la política, fortalecer a los partidos y evitar los conflictos de interés de la política y el poder económico. Es necesario tomar iniciativas para que hagan efectiva esas leyes y combatir las prácticas de amiguismo, que siguen dañando a la calidad de la política y debilitan a los partidos.
El PDC, que fue el principal partido de Chile y tuvo tres presidentes de la república (Eduardo Frei Montalva, 1964-1970; Patricio Aylwin, 1990-1994; y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994-2000), lo que sólo el PR ha logrado en el pasado (Pedro Aguirre Cerda, 1938-1941; Juan Antonio Ríos, 1942-1946; y Gabriel González Videla, 1946-1952), debe tener una actitud decidida por terminar con las malas prácticas entre sus dirigentes y participar activamente en la renovación de la política, lo cual comienza con la renuncia del senador Pizarro a la presidencia del partido y que Gutenberg Martínez se dedique exclusivamente a su preocupación universitaria, en un plantel privado, con fines de lucro.
