Las leseras del escenario político

La democracia chilena aparece poseída por el espíritu de su elite que no obedece al ethos de una relación colectiva sana entre ciudadanos y poderes del Estado. El poder político se encuentra completamente fragmentado y ensimismado en dramas personales, y los mecanismos de la democracia funcionan tironeados por los intereses individuales de las distintas facciones. Por suerte, el escenario aún carece del componente social disruptivo que tornaría explosiva la situación, transformándola en una crisis de sistema.

No obstante ello, el instrumentalismo extremo de los actores podría generar a la larga este ingrediente, más como una actitud de audaces ante el vacío de poder que por representación real de un malestar social violento. Nada de lo que está en la agenda social produce o debiera producir un conflicto encarnizado entre sus actores, a menos que alguien lo cultive de manera expresa. Por ello, todavía esta es una crisis eminentemente política.

Si, a fin de cuentas, a lo que la sociedad aspira es a cosas simples como probidad, transparencia y buen gobierno, capaces de ser satisfechas por izquierdas y derechas decentes, las decisiones a adoptar para salir de la crisis no debieran ser tan dramáticas como parece. A excepción de la desigualdad y extrema concentración del poder económico, aspectos estructurales del país y que requerirán de ingeniería mayor, basta con una noción profesional sobre maniobras y procesos en tiempos de crisis para dar con las fórmulas correctas.

Sin embargo, sin ser dramáticas, no son fáciles de producir. Principalmente porque las arenas políticas donde se dan los debates –y que apenas si existen– y los sistemas decisorios que deben adoptarlas, se encuentran contaminados por los actos corruptivos que dieron lugar a la crisis. Y ronda en el ambiente la sospecha –por cierto no sin pocos fundamentos– de que las decisiones que se adoptan se orientan más a cubrir la responsabilidad de los culpables que a devolverle normalidad al país.

Muy mala apuesta táctica hizo el poder político gubernamental cuando declinó –a inicios de la crisis– su capacidad de actuación dejando los hechos al curso judicial. Lo legal y lo judicial son aspectos insoslayables para un gobierno democrático, pero solo un aspecto más de la realidad política. Y un país –a no olvidarlo– no se gobierna con el Código Penal en la mano sino con la Constitución, expresión jurídica última y viva de los hechos sociales y políticos del mismo.

[cita] En ese escenario hamletiano y de extrema fragmentación hay actores que valen muy poco o son evidentes obstáculos a un salto adelante. Es el caso de los partidos políticos, cuyo problema no es doctrinario sino transversal y de eficiencia. Están en la posición más débil junto con los gremios empresariales y el Parlamento y solo pueden servir para amplificar y sostener una iniciativa de salida, pero nada más. La propuesta de reinscripción terminó por contagiarlos de VIH.[/cita]

Para encontrar una salida hoy, cuando todo parece ir a la deriva, y recomponer el cuadro político de conducción del Estado hacia una situación de normalidad, se deben tomar decisiones complejas. El esfuerzo corresponde principalmente al Gobierno, que posee en las competencias y facultades del Presidente de la República la capacidad de iniciativa para romper la inercia. Pero el éxito o fracaso de que efectivamente lo haga depende tanto de sus competencias, habilidades y carácter, como de su voluntad y convicción de que ello es necesario y posible. Este es el primer gran obstáculo del escenario actual. El hermetismo errático del poder presidencial no exhibe señales de hacia dónde se dirige e, incluso, de si efectivamente hay consciencia de gobierno y de la profundidad de los problemas que enfrenta.

Es necesario, además, simplificar los escenarios por razones analíticas, aunque parezca algo artificial. Nadie maneja una crisis sin priorizar variables ni seleccionar los temas que considera prioritarios y, por lo tanto, los artefactos útiles para hacerlo.

El actual escenario de la política chilena está completamente fragmentado. Tanto desde una base de poder a otra como en la base misma de poder. El poder económico o el Congreso son los mejores ejemplos. El empresariado se encuentra fragmentado, pues la potencia y voluntad corruptiva de algunas grandes corporaciones, puestas hoy en el banquillo de los acusados, ha deshelado el amparo empresarial que contiene el sistema político en su consenso inicial, y chorrea desprestigio y amenazas al resto de los empresarios. Un dilema similar lo tiene el Congreso Nacional, donde la corrupción de unos pocos arrastra a la debilidad a la Corporación en su conjunto, haciéndola parte del problema y su solución, preferentemente como responsable que debe pagar para restablecer el equilibrio social.

Determinar cuál es el poder de impulso político sano y eficiente frente a la crisis es también un acto de discriminación política, que no tiene que ver con resultados judiciales sino, precisamente, con capacidad de impulso y sostenimiento coherente de las soluciones seleccionadas por parte del actor que las emprende.

Ningún actor tiene todo el poder suficiente para hacerlo por sí solo, pero tal como lo demuestran los casos de empresarios y Congreso, hay algunos más aptos que otros, con capacidad de convocar a acuerdos.

Lo importante es tener presente que no hay solución posible si carece de legitimidad social y ella pasa por sancionar a los responsables, sin perjuicio de aceptar las responsabilidades propias.

En ese escenario hamletiano y de extrema fragmentación hay actores que valen muy poco o son evidentes obstáculos a un salto adelante. Es el caso de los partidos políticos, cuyo problema no es doctrinario sino transversal y de eficiencia. Están en la posición más débil junto con los gremios empresariales y el Parlamento y solo pueden servir para amplificar y sostener una iniciativa de salida, pero nada más. La propuesta de reinscripción terminó por contagiarlos de VIH.

El mejor de los peores de esta columna se basa en una suposición enteramente discrecional. No hay solución de continuidad dentro de la crisis pero la institución Presidencial es la más apta para convocar a una salida. Una vez abierto el curso judicial como eje de la crisis, toda decisión o hecho político vive bajo la espada de Damocles de la justicia, pero, aun así, es el actor político con más capacidad y flexibilidad institucional para recomponerse. En ella convergen los elementos institucionales sustantivos del sistema político chileno, más allá de todos los problemas prácticos que hoy pueda exhibir.

Pero, en este escenario, la Presidenta debe querer jugar su rol y –usando su mismo lenguaje– “dejarse de leseras” y enfrentar el escenario. Seguir en la inercia es admitir de manera implícita que no existe salida institucional y es abdicar silenciosamente del poder de representación que le entregó la mayoría de la ciudadanía. La única tentación a la que la Presidenta no debe sucumbir, es a creer que puede convocar a la salida política a instituciones esenciales y permanentes del Estado como son las Fuerzas Armadas. Ese sería un error estratégico para el desarrollo de la institucionalidad democrática.

Dicho lo anterior, no hay solución de crisis sin que los responsables directos enfrenten su culpabilidad. Entre ellos, Soquimich, Penta y otros pocos empresarios que, junto a políticos y funcionarios, han jugado un rol corruptivo de las instituciones políticas del país que va más allá de cualquier límite.

El caso de Soquimich es el de mayor impacto y atenta contra el Interés Nacional, pues afecta la capacidad de decisiones soberanas del Estado de Chile sobre sus recursos naturales, además de impactar en el valor intangible de su reputación política y económica en el escenario internacional.

Soquimich debe ser estatizada por razones de Interés Nacional, limitación a la propiedad establecida en la propia Constitución; y su red de corrupción, sometida a todo el rigor de la ley. Aquí no hay un problema de propiedad privada sino un conflicto de soberanía entre un Estado y una empresa que genera la paradoja de que los ciudadanos pudieran no ser tales de un país soberano sino habitantes de una mera división administrativa de Soquimich. La solución de esto no es económica sino política, por lo cual se debe despojar a Soquimich de sus concesiones y regalías de Estado.

Existe una segunda dimensión que tiene que ver con la convocatoria a generar un acuerdo nacional de legitimidad política que tenga como medida principal el llamado a elecciones parlamentarias generales anticipadas. Insistir en enviar leyes al Congreso como si no ocurriera nada, es generar una rutina hipócrita y la sensación de que todo lo ocurrido es normal y posible, y que solo merece el olvido.

Así como son los propios empresarios los llamados a recomponer la transparencia de su poder de base y no dar amparo a actitudes corruptivas que dañan su prestigio y sus negocios –además del Estado–, corresponde al poder público la iniciativa para la recomposición de la legitimidad de sus instituciones.

La cirugía que ayuda a recomponer el tejido de representación política en la sociedad chilena es, en este caso, las elecciones parlamentarias generales anticipadas.

Nada de lo esbozado es fácil. Pero el gran bazar de la incoherencia y el oportunismo políticos que es el escenario actual fue generado por la elite política y las empresas, si no por todos, al menos por aquellos con poder suficiente para mover o adoptar decisiones. Corresponde entonces que la “defensa del modelo” y el ejercicio de gobierno se haga de cara a la sociedad, aceptando errores y dando término legal a los demiurgos y mecanismos que fracasaron en su promesa de honestidad, prosperidad y administración estables.