Los escándalos de corrupción y cohecho que han salido a la luz pública en este principio del año 2015 en Chile, han sacudido la clase política y toda la sociedad chilena a tal punto que muchos hemos llegado a la conclusión que la crisis en cual se encuentra el país, no es coyuntural sino estructural. No bastarán los mea culpa de los políticos, ni siquiera de la Presidenta de la República, para solucionar esta crisis. La amplitud del problema es tal que se necesitará modificar el sistema político en sus fundamentos para lograr recuperar la confianza de los ciudadanos. Los chilenos, con esta crisis, han empezado a sentirse molestos con tanta evidencia de corrupción. De a poco, tomamos consciencia que no vivimos en una democracia verdadera, como lo pensábamos genuinamente, sino en algo más parecido a una plutocracia, o sea, en un sistema político donde quien manda no es el pueblo, ni la mayoría, sino la ínfima minoría con más dinero.
Para encontrar la solución, es indispensable entender bien el problema de las relaciones entre dinero y política. ¿Cómo puede ser que no sea el pueblo que gobierna? Todos queremos vivir en democracia. ¿Por qué los representantes elegidos no representan realmente el pueblo, si son efectivamente designados por un sistema de elecciones transparentes que nadie cuestiona? Aquí debemos buscar el origen del problema, en las elecciones como sistema de designación de los representantes del pueblo.
Una elección es la designación por un grupo de personas, de una persona para representar a este grupo. Es un sistema muy antiguo, pero para funcionar bien, necesita que se cumplen algunas condiciones implícitas: la primera es la igualdad de los ciudadanos. Para que la persona elegida sea realmente representativa del grupo que la ha elegida, es necesario que las personas que la eligen, sean más o menos iguales, en situación y en derecho. Así una elección es adecuada para designar un Presidente de Curso, un Consejo de Administración dentro de una Asamblea de Copropietarios o un Papa dentro de una asamblea de cardenales. Pero a nadie se le ha ocurrido organizar una elección para designar un jefe de familia, porque evidentemente no existe la condición de igualdad entre los padres y los hijos. La igualdad en derecho es una linda teoría, pero no una realidad cuando hay personas que tienen ingresos y propiedades 100 o 1000 veces mayores a los de otros ciudadanos.
Una segunda condición implícita para que una elección sea representativa, es el conocimiento, que las personas del grupo puedan conocer bien a todos los candidatos, para que puedan elegir entre todos ellos el representante que les parezca más idóneo. Por eso el sistema de elecciones funciona bien en grupos chicos, en pequeñas comunidades y aldeas. Son conocidas las dramáticas consecuencias de elegir personas que los electores no conocen bien. Sin hablar de los casos de dictadores latinoamericanos o africanos, el caso histórico más dramático es seguramente la elección por el pueblo alemán del canciller Adolf Hitler.
[cita] La corta permanencia y la rotación en el poder me parece una segunda pista fundamental para garantizar la democracia y evitar la corrupción. Es también una condición básica de la democracia, para reflejar la realidad del principio de igualdad. No solo para los Presidentes, como lo prevé la actual Constitución chilena, sino para todos los puestos políticos, y en particular para los puestos electivos. Mi opinión es que se debería prohibir toda reelección, en todos los casos, en todos los puestos. [/cita]
Una tercera condición básica para que las elecciones sean representativas, es la participación. Es necesario que los electores participen masivamente en elegir a sus representantes, y para eso que crean en el sistema de elección para nombrar sus representantes. Era una locura obligar a la gente a votar por la fuerza, pero ahora que la participación en las elecciones es libre, se puede ver claramente que casi la mitad de la población no participa en las elecciones, como en muchos países desarrollados.
Los electores no pueden votar en conocimiento de causa si solo saben de los candidatos por lo que dicen estos mismos, y en sus propagandas electorales.
Las elecciones no pueden funcionar bien cuando estas tres condiciones no se cumplen. Y las tres condiciones tienen estrechas relaciones con el dinero. La noción de igualdad en las elecciones se ha profundizada desde la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Poco a poco, se ha pasado a ampliar cada vez más el número de los electores para elegir los gobernantes, eliminando primero la esclavitud y el sufragio censitario (en el cual solo los ricos censados votaban), para finalmente incorporar a las mujeres en el siglo XX, llegando así al sufragio universal, y luego bajar la edad de la votación hasta los 18 años. Muy lógica y adecuada esta evolución de los derechos cívicos. El problema es que esta evolución del derecho no ha sido acompañada de una evolución similar del sistema económico. La igualdad existe en derecho, pero no en hecho, no en la realidad social, económica y cultural de nuestras sociedades. Es más fácil declarar en un texto de ley que todos los hombres son iguales, que implementar concretamente esta voluntad teórica en una realidad social.
Desde la Edad Media, las estructuras políticas no han dejo de crecer, y los estados-naciones de hoy se miden en decenas o centenas de millones de ciudadanos, lo que hace absolutamente imposible que la inmensa mayoría de los electores tengan un conocimiento personal de los candidatos por los cuales tienen que votar. La única manera para un candidato de darse conocer es hacer campaña electoral, con uso de grandes medios de comunicación. Y lamentablemente, en nuestra sociedad, estos medios son privados y se venden por dinero. Hasta el siglo XIX, solo los ricos sabían leer y escribir, y podían ejercer sus derechos cívicos. Dinero y política eran íntegramente ligados. A partir del siglo XX, cuando los pueblos han conquistado sus derechos y están en condición de ejercerlos, el crecimiento de las poblaciones y de los países hacen imposible de presentarse a elecciones sin disponer de grandes cantidades de dinero para pagar las campañas electorales: dinero y política siguen íntegramente ligados.
La inmensa mayoría de los votantes nunca ha conversado personalmente con los candidatos, ni puede conocer realmente las personas entre cuales se le obliga a elegir. Este error de obligar a la gente a votar por personas que no conocen, aparece más evidente hoy, en Chile como en Estados Unidos y en Europa, cuando la mayoría de los ciudadanos con derecho a voto, renuncia, cada vez más, a hacer uso de este derecho.
Las sociedades necesitan para gobernar los mejores corazones y los espíritus más inteligentes. Las elecciones no permitirán encontrarlos si los electores votan sin conocer realmente los candidatos, generalmente sin haber escuchado la mayoría de los candidatos ni leído sus declaraciones que la propaganda electoral les puede transmitir. Desde la antigüedad, los líderes elegidos han sido en su mayoría los mejores oradores, luego muchas veces los letrados y los abogados. Hoy en día, claramente, en Chile como en todas las democracias modernas, son elegidos los candidatos que tienen más dinero y pueden pagarse las mejores campañas electorales. Así nace la dramática relación incestuosa entre dinero y política, el pecado original de las democracias modernas.
Si el problema parece tan evidente y grotesco como el traje nuevo del emperador en el cuento de Andersen, ¿cuál es la solución? Tener claro el origen del problema ayuda a visualizar la solución, pero no implica que esta solución sea sencilla de implementar. Creo que la solución de este problema necesita una modificación fundamental del sistema político, un cambio en las bases mismas de la democracia. Seguramente, esto no será posible sino a través de una Asamblea Constituyente, una organización política que nunca ha existido en Chile, pero cuyo concepto empieza lentamente a hacer su camino en la sociedad chilena. Lógicamente, las personas elegidas dentro del sistema electoral actual no van a querer una Asamblea Constituyente, porque podrían perder la fuente de su poder.
No dudo que solo las Asambleas Constituyentes de cada pueblo podrán encontrar las mejores soluciones a la corrupción de sus democracias por el dinero, pero permítame esbozar pistas en tres direcciones para proponer tres propuestas concretas para solucionar el problema del dinero en la política: bajar los salarios de los políticos, limitar el tiempo de permanencia en el poder, y cambiar el sistema de elección de los representantes populares.
La definición del nivel del salario de los políticos es importante y delicada, y tiene relación estrecha con la corrupción. De un lado, se necesita un salario que permite a cualquier ciudadano dedicarse seria y completamente a esta importante labor, sin tener necesidades básicas que lo podrían poner en situación de dependencia. De otro lado, se necesita que los políticos sean interesados en primer lugar por el bien común, y no por sus ganancias personales. La situación se complica cuando una Constitución deja a ciertos políticos definir ellos mismos sus propios sueldos. El caso de Chile es vergonzoso con diputados que se han fijado el mayor sueldo de todos los países de la OCDE, que corresponde a 40 veces el salario mínimo. Ganan más en un mes que la mayoría de los chilenos en dos años. Considerando el objetivo supuestamente altruista de una carrera política, mi opinión personal es que lo ideal sería que los sueldos de todos los políticos sean ligeramente inferiores a lo que estos ciudadanos podrían ganar en un trabajo privado, de manera de garantizar su interés por la «res publica», el tema público, como decían los romanos. Si el sueldo de los diputados y senadores tuviera una relación razonable con el sueldo mínimo, los candidatos al Congreso no serían los mismos.
La corta permanencia y la rotación en el poder me parece una segunda pista fundamental para garantizar la democracia y evitar la corrupción. Es también una condición básica de la democracia, para reflejar la realidad del principio de igualdad. No solo para los Presidentes, como lo prevé la actual Constitución chilena, sino para todos los puestos políticos, y en particular para los puestos electivos. Mi opinión es que se debería prohibir toda reelección, en todos los casos, en todos los puestos. Primero por un tema de igualdad de derechos: un político en el puesto siempre tendrá enormes ventajas para competir contra un outsider que quiere postular a su puesto. También por un tema de eficacia: un político que va a postular por la reelección dedicará una gran parte, sino la mayor parte de su tiempo y de su energía, a seducir y favorecer sus futuros electores, en vez de cumplir con su mandato. Pero sobre todo para poner un límite a la corrupción y las malas prácticas en política. Lo más tiempo un político está en el poder, lo más alejado va a quedar de la vida real de sus conciudadanos.
Finalmente, la metodología de elección de los representantes populares es seguramente el tema más delicado y más importante para corregir las deficiencias del sistema actual de sufragio universal y para mantener el concepto fundamental de la democracia: debe ser el pueblo el que manda. Quiero proponer un sistema de elección que podría ser utilizado para diputados y senadores, y que puede ser utilizado, en un primer tiempo, a modo de prueba, como el sistema para designar los miembros de la Asamblea Constituyente. Me parece mucho más democrático que el sufragio universal, y elimina la colusión original del dinero con la política. También permite reducir otro efecto pernicioso de las elecciones que le hace mucho daño a la política: el culto de la personalidad y del ego. Es sencillo y mucho más económico que el sistema electoral actual. Para explicar en detalle el procedimiento propuesto, tomaremos el caso de Chile. Aquí va mi propuesta para la elección de los miembros de una Asamblea Constituyente para Chile:
Se definen las circunscripciones para la Asamblea Constituyente (AC), en función del número de miembros que se considera más adecuado para su mejor trabajo. Podrían corresponder a las circunscripciones geográficas actuales de diputados o de senadores, o bien a las comunas del país. Este número será aumentado de otras circunscripciones no geográficas correspondientes a los sectores que se consideran necesarios tener representados en una AC, como las minorías étnicas o los discapacitados. Para garantizar de una vez la igualdad de representación de género, lo más simple sería definir circunscripciones de hombres y de mujeres. El Servicio Electoral (Servel) tomaría las medidas para asegurar que cada ciudadano sea miembro de una sola circunscripción.
Una vez aprobado y publicado el procedimiento, clarificadas las circunscripciones y definidas las fechas de la elección, se abre en el Servicio Electoral la posibilidad para que todos los ciudadanos con derecho de sufragar puedan inscribir sus candidaturas a la Asamblea Constituyente durante un periodo definido, por ejemplo un mes.
Cumplido este periodo, cada candidata/o debe buscar 100 electores de su circunscripción que respalden su candidatura. La idea es que estos 100 ciudadanos certifiquen al país que conocen personalmente este candidata/o y que, en su opinión, este tiene las competencias para asumir el cargo postulado. Este respaldo público se debe formalizar en una oficina del Servicio Electoral, o por un sistema seguro en internet garantizado por el Servel. Cada ciudadano puede respaldar un solo candidato. El número 100 está pensado como un número humano, un número de personas al que cualquier ciudadano pueda acceder sin necesitar la utilización de publicidad ni medios masivos de comunicación. Es una manera de garantizar la igualdad de los ciudadanos: todos pueden acceder a 100 personas para ser candidatos. A diferencia del voto secreto, el respaldo público de una candidatura responsabiliza a los ciudadanos. Esta etapa debe tener una duración definida, por ejemplo, dos meses, para darles tiempo a los candidatos de visitar y convencer a 100 conciudadanos.
Al final de este periodo, el Servicio Electoral convoca a una gran reunión pública en un lugar adecuado de cada circunscripción. En esta reunión, el Servel anuncia oficialmente los resultados de los dos periodos anteriores, es decir, el listado de todos los candidatos inscritos que lograron el número de 100 respaldos ciudadanos comprobados. Luego, el Servel procede inmediatamente a un sorteo al azar entre estos distintos candidatos validados con 100 respaldos ciudadanos. El candidato sorteado es declarado por el Servicio Electoral electo Miembro de la Asamblea Constituyente para esta circunscripción. Se procede luego al sorteo, entre los otros candidatos con 100 respaldos, de un Miembro Suplente de la AC, que reemplazará al titular en caso de impedimento de este. La idea es tomar en cuenta la voluntad popular, con la exigencia de los 100 respaldos, para garantizar que todos los candidatos sean seriamente respaldados. Esta propuesta considera que el sorteo no será más injusto que una campaña electoral financiada por partidos políticos, por empresas y por millonarios, para determinar cuál deberá asumir el cargo. Nadie podrá considerar a los elegidos como seres superiores a sus conciudadanos, ya que su designación se deberá parcialmente al azar. Este procedimiento será evidentemente mucho menos costoso para el país que una votación por sufragio universal, y podría lograr mejores resultados.
Con toda seguridad, estas tres propuestas sencillas no tendrán el respaldo de los partidos políticos cuyos objetivos reconocidos son llegar al gobierno y lograr la mayor cantidad de poder dentro de la sociedad. Tampoco serán apreciadas por la mayoría de los alcaldes, diputados y senadores electos gracias al sistema actual. Ni les gustará a los millonarios ni a los empresarios acostumbrados a poder comprar el poder político. Pero creo que muchos ciudadanos podrán ver en ellas las primicias que permitirían solucionar el dramático problema del dinero en la política, para lograr finalmente un sistema de gobierno mucho más democrático.
