Todos x Chile y el aniquilamiento de la Nueva Mayoría

Las señales políticas otorgadas por el retorno de la “vieja guardia” a la conducción gubernamental son el resultado de la avasalladora restauración concertacionista. Es este el sello de la deslucida impronta comunicacional: “TODOS X CHILE!”.

El cambio de gabinete que provocó el ascenso de Jorge Burgos y Rodrigo Valdés al núcleo del comité político de La Moneda, fue solo el punto de inflexión de un proceso que venía consolidándose sistemáticamente durante el primer año del Gobierno de Michelle Bachelet. Con la derecha política sumida en la irrelevancia y crisis política permanente, la Democracia Cristiana había logrado consolidarse como el conductor efectivo de reformas que en su tramitación acababan “derechizándose”.

El otrora presidente de la DC, Ignacio Walker, anticipaba de manera magistral en septiembre de 2014, la orientación conservadora que hoy hegemoniza los destinos de la Nueva Mayoría: “La lógica refundacional, que es ingenua, simplista y voluntarista, compromete la viabilidad de las reformas. En cambio, la lógica de la reforma, del cambio gradual y con acuerdos, es el camino más eficaz”. Si incluso nos retrotraemos un poco más, nos daremos cuenta de que era el propio Jorge Burgos –en ese entonces, vicepresidente de la DC– el que auguraba el pragmatismo concertacionista del actual Gobierno. En su respuesta a la famosa tesis propuesta por Camila Vallejo a fines del año 2012, el actual ministro del Interior planteaba que la estrategia de “tener un pie en el Gobierno y otro en la calle era de una ingenuidad absoluta, brutal”.

[cita] El punto de partida de cualquier proyecto político que pretenda concretizar reformas estructurales en nuestro país, es que debe plantearse como necesidad primaria una modificación sustancial del diseño institucional forjado en el largo proceso transicional, el cual ha sido creado a “imagen y semejanza” del gran empresariado, utilizando el mismo pincel con que fue pintado el arcoíris concertacionista. [/cita]

Con todo, tras un año y cuatro meses de Gobierno, la Nueva Mayoría no solo ha “perdido la mayoría” –tal como ha declarado Gutenberg Martínez– sino que, también, ha sepultado las últimas aspiraciones de quienes veían en aquel acuerdo político-programático un espacio de disputa que permitiría viabilizar reformas en contra de un modelo de sociedad que ha mercantilizado hasta el más ínfimo rincón del entramado social.

Es por ello que llama profundamente la atención una de las tesis que el Gobierno ha esgrimido para justificar la imposibilidad de llevar a cabo transformaciones estructurales; esta es: “La administración estatal no estaba preparada para procesar cambios estructurales”.

Claramente, este es uno de los puntos cruciales de la discusión actual. Incluso, es mucho más relevante que la excusa de la “falta de recursos” para cumplir con el programa de Gobierno, cuestión solucionable con una genuina reforma tributaria que pusiese en el centro del debate las estratosféricas ganancias del gran empresariado y la irrisoria recaudación que las arcas fiscales obtienen de la explotación de nuestros recursos estratégicos, especialmente los provenientes del cobre.

En efecto, el punto de partida de cualquier proyecto político que pretenda concretizar reformas estructurales en nuestro país, es que debe plantearse como necesidad primaria una modificación sustancial del diseño institucional forjado en el largo proceso transicional, el cual, ha sido creado a “imagen y semejanza” del gran empresariado, utilizando el mismo pincel con que fue pintado el arcoíris concertacionista.

Es por esta condición que “la administración estatal no estaba preparada para procesar cambios estructurales”. Esta misma situación es la que permite poner en tela de juicio la efectividad de la propuesta más interesante de la derecha política en la actualidad: para levantar una “muralla china” entre el dinero y la política –tal como ha propuesto insistentemente Andrés Allamand– no basta con prohibir el financiamiento empresarial a los partidos políticos reemplazando estos recursos (y sus consecuentes defensas corporativas) por aportes estatales neutrales, ya que el levantamiento de una genuina “muralla china” entre dinero y política debe cimentarse a nivel estructural. Es en este nivel donde el incestuoso maridaje entre dinero y política “hace de las suyas”.

Respecto a estos dilemas, Juan Carlos Monedero ha desarrollado –en su libro Disfraces del Leviatán– un análisis que es necesario traer a colación tras la reprochable justificación esgrimida por la hegemonía concertacionista: “Instituciones independientes de la sociedad terminan siendo el peor enemigo de la sociedad. Sin embargo, esa es la petición del neoliberalismo: la devolución a un mercado autorregulado de los ámbitos desmercantilizados durante el keynesianismo y el desarrollismo, la recreación de un Estado que privatice los espacios de la estatalidad, el triunfo de una lógica guiada por el integrismo de la oferta y la demanda (el populismo de mercado), la apuesta por unas instituciones que se alejen del control ciudadano y las exigencias electorales, la conversión de la política en una gestión técnica entre managers y clientes y no una tensión política entre el poder y los ciudadanos”.

Aniquilada la Nueva Mayoría como instancia transformadora, resulta imperativo que las fuerzas de cambio asuman el compromiso de conformar un nuevo sujeto político capaz de plantearse, como primera medida, las modificaciones institucionales que permitan concretizar las expectativas ciudadanas defraudadas por la demagogia “novo mayorista”. En este plano –y sin excluir otras posibilidades– la “vía constituyente” pareciera ser el espacio adecuado para potenciar un fehaciente nuevo ciclo político. A pesar del avasallador retorno de la hegemonía concertacionista, la disputa política seguirá estando abierta durante el “tercer Gobierno” de Michelle Bachelet.