Con motivo del encuentro de todas las defensas públicas del continente en la reunión AIDEF – Santiago 2015, surgen algunas reflexiones sobre el valor de que nuestro país sea sede de debates relevantes para las libertades en la región.
En concreto, resulta a lo menos contrastante la visión internacional de los derechos humanos, que avanza firmemente hacia garantizar la ‘seguridad de los derechos’ de todos, cuando Chile parece caminar en el sentido inverso.
En efecto, nos centramos tanto en nuestra particular forma de percibir la realidad, en nuestro propio temor, que aceptamos incluso relativizar garantías universales en pos de una ‘seguridad’ que nos proteja del enemigo de turno. Así, avanzamos sin tener conciencia de la pérdida de nuestros derechos individuales, creyendo que nos defendemos de una amenaza cuando en realidad limitamos nuestra propia libertad.
Al contrario, la tendencia actual en este tema la marcó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 31 de diciembre de 2009 emitió un “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”.
[cita] Si en época de dictaduras el concepto aludía solo a ciertos delitos cometidos por agentes del Estado –asesinatos, torturas y otros–, hoy es visto de modo más amplio, incorporando la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. [/cita]
Además de definir como ‘gobierno de la seguridad’ el tipo de seguridad pública que un Estado democrático debe garantizar, el texto señala que varios países de la región han aplicado políticas ineficaces para resolver las demandas de seguridad ciudadana, “basadas en planteos de incrementar la presión punitiva; reducir las garantías procesales; o bajar la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal de adultos a los niños y niñas”.
Una segunda reflexión se vincula a cómo la CIDH y otros organismos entienden hoy el concepto de ‘derechos humanos’, sobre todo tras la recuperación de nuestras democracias.
Si en época de dictaduras el concepto aludía solo a ciertos delitos cometidos por agentes del Estado –asesinatos, torturas y otros–, hoy es visto de modo más amplio, incorporando la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, cuya vulneración ya no ocurre por acción de órganos policiales o de inteligencia, sino esencialmente por vulneraciones de derechos cometidas en los ámbitos de la prevención y combate del delito, la persecución penal y el sistema penitenciario.
La Defensoría Penal Pública ha promovido la importancia de incorporar al debate jurídico los criterios y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal internacional integrado por todos los países miembros de la OEA, entre ellos Chile.
Pese a ello, aún queda mucho por avanzar para que los derechos humanos sean entendidos cabalmente en el país, no solo por violaciones vinculadas a etapas específicas de la historia sino también como un estandarte amplio y vigente que nos resguarda a todos.
En este contexto, hay que destacar el esfuerzo del Ministerio de Justicia para crear una Subsecretaría de Derechos Humanos y el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para mantener en la agenda temas tan importantes.
No obstante, si la discusión y el debate legislativo local sobre seguridad ciudadana siguen sin recoger estos elementos y centrándose solo en ópticas particulares, no es difícil aventurar que, junto con alejarnos de soluciones eficaces, habrá nuevas afectaciones de derechos ciudadanos, tal como la propia Corte Interamericana lo ha sancionado, a propósito de los eventuales peligros de la persecución penal en Chile.
