Lo bueno que tiene el debate sobre la reforma laboral es que ha sido una oportunidad única para que los políticos revelen lo que piensan. No siempre se tiene el privilegio de apreciar con claridad las opiniones de diputados y senadores, habitualmente propensos a hablar con consignas, promesas y excusas, que en realidad muestran bien poco de sus convicciones. Por eso, cuando se debaten temas de tanta importancia como los impuestos a los ricos o los derechos de los trabajadores, los ciudadanos podemos escuchar –por fin– qué ideas tienen y a quiénes defienden nuestros políticos.
Pues bien, nuestros políticos –los que ejercen cargos de representación pública y quienes ocupan posiciones de influencia como opinólogos– han tenido a su disposición muchos argumentos para oponerse a que la reforma laboral reconozca mejor la libertad sindical y el derecho de huelga.
La actual desaceleración económica que atraviesa el país fue el primer argumento en contra de la reforma. Pero olvidaban que ello no tiene nada que ver con las ideas plasmadas en el proyecto de reforma laboral, cuya implementación –según las nuevas indicaciones del Gobierno– se pospone a ¡nueve meses! después de su publicación. Es evidente que el desempeño económico de China, la baja en el precio del cobre y el comportamiento del dólar, son cosas que están pasando ahora y no en nueve meses más.
Después volvieron a agitar el fantasma del empleo. Pero nunca ha habido evidencia de que las empresas no seguirán contratando por causa de la reforma laboral y, en realidad, siempre dicen lo mismo cuando sube el ingreso mínimo, se regula la subcontratación o van a subir los impuestos.
Algunos renombrados economistas se apresuraron a firmar una cartita pública –pequeña por lo escueto de su texto y la ausencia total de argumentos en su contenido–, en la que abogaban por replicar la experiencia de otros países, que según ellos reconocían expresamente el derecho de las empresas a “reemplazar a trabajadores en huelga”, lo que no solo era falso sino políticamente oportunista. Ninguno de quienes firmaron esa cartita ha salido a explicar qué leyes y de qué forma permiten en otros países que las empresas reemplacen a los huelguistas.
Pero nada de esto impidió que finalmente las indicaciones que presentó el Ejecutivo no incluyeran el derecho empresarial a reemplazar a los huelguistas. Así debía de ser, por lo demás, porque la ley no incluye ninguna norma que permita que la huelga se extienda a trabajadores de la empresa que no participan en la respectiva negociación colectiva y, antes bien, las nuevas indicaciones que ha presentado el Gobierno reconocen expresamente su derecho a seguir trabajando.
[cita] La insistencia de algunos senadores de Gobierno de incorporar a como dé lugar el reemplazo de los huelguistas en la reforma laboral, revela cuán lejos están de la ciudadanía y cuán cerca están de los intereses de las empresas. La señal que están enviando es fuerte y clara: su auténtica preocupación es que las empresas no enfrenten contrapartes sindicales con real poder de negociación, lo que solo puede entenderse como un espaldarazo a las pretensiones más antisociales y egoístas de nuestros más exitosos empresarios. [/cita]
Así las cosas, es este momento en el que surgen con cruda sinceridad las verdaderas intenciones de quienes, desde el inicio de la tramitación del proyecto de reforma, se han opuesto a otorgar mejores medios de negociación a los sindicatos. No era la situación económica; no era el desempleo; no era copiar lo que parecía que hacían otros países de la OCDE. Era la pura y simple convicción de que no conviene que los trabajadores negocien mejores salarios a través de sus sindicatos. Era defender a las empresas y no a los trabajadores. Era mejorar las utilidades empresariales y no los sueldos.
En efecto: el presidente del Senado, Patricio Walker (DC), se ha apresurado a decir a La Tercera lo siguiente: “Se puede revisar la redacción de algunos artículos para permitir que trabajadores que no estén en huelga puedan –dentro del concepto de polifuncionalidad– sustituir las funciones al interior de la empresa de aquellos que están en huelga”. ¿Y por qué debiera otorgarse tal derecho a las empresas, senador Walker? ¿Por qué valora más el derecho de las empresas a seguir funcionando que el derecho de los trabajadores a implementar una huelga efectiva?
El senador Andrés Zaldívar (también DC) fue mucho más sutil al declarar al mismo diario que “las leyes siempre pueden ir mejorando”. ¿Mejorar la ley para beneficiar a quién? ¿A los trabajadores o a las empresas? Se dirá que las empresas y los trabajadores no son bandos opuestos, se dirá que es necesaria la ganancia de las empresas para que los trabajadores mejoren sus sueldos, claro que es así, pero en los últimos 40 años solo una muy pequeña proporción de la ganancia empresarial ha ido a aumentar los sueldos de quienes trabajan para ellas, y sin libertad sindical y sin huelga efectiva eso no va a cambiar. El senador Zaldívar lo sabe: la ley puede mejorar o empeorar; el asunto es tener claro si con ello mejora la protección legal al deseo de las empresas de no tener que negociar aumentos salariales, o se mejora la protección legal al deseo de los trabajadores de sí poder negociarlas. La votación del senador nos dirá qué interés desea proteger.
El Ejecutivo ya jugó su carta y lo hizo bien: el derecho de huelga de los trabajadores que negocien colectivamente es del todo compatible con el derecho de quienes no estén negociando a seguir trabajando con normalidad.
Uno puede entender, pero no aprobar, la cerrada resistencia empresarial a las indicaciones del Gobierno, ya que apuntan a que las empresas pierdan parte importante del poder irresistible que han conservado por más de 40 años, que les ha permitido pagar a la inmensa mayoría de sus trabajadores bajos salarios y quedarse con las ganancias. La falta de visión y de perspectiva de este reclamo empresarial ahonda aún más la profunda desconfianza y desprestigio que producen las empresas en la ciudadanía.
Pero la insistencia de algunos senadores de Gobierno de incorporar a como dé lugar el reemplazo de los huelguistas en la reforma laboral, revela cuán lejos están de la ciudadanía y cuán cerca están de los intereses de las empresas. La señal que están enviando es fuerte y clara: su auténtica preocupación es que las empresas no enfrenten contrapartes sindicales con real poder de negociación, lo que solo puede entenderse como un espaldarazo a las pretensiones más antisociales y egoístas de nuestros más exitosos empresarios: esas que los han llevado a decir, todos estos años, que si ellos no ganan lo suficiente, la economía irá del todo mal. Pero para ellos nunca es suficiente. ¿Y cuánto será suficiente para Walker y Zaldívar?
