«¿Se justifica restringir aún más nuestra capacidad regulatoria y el espacio para la generación de nuevas políticas públicas sólo para ser parte de un bloque económico estratégico que por lo demás, no incluye a las potencias asiáticas?»
El Transpacific Parneship Agreement (TPP) es el acuerdo comercial más grande que se haya negociado en la historia. Comprende un 40% del comercio mundial y se propone eliminar las barreras comerciales entre las doce economías que lo integran: EEUU, Chile, Perú, México, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Singapur, Malasia, Japón, Brunei y Vietnam.
Chile es un país pequeño con una economía pequeña, razón por la que los Tratados de Libre Comercio suscritos en el pasado reciente han sido cruciales para su crecimiento económico, permitiendo la exportación de diversos productos chilenos a los mercados mundiales. Las exportaciones de Chile explican en torno al 34% del PIB de nuestro país. En la actualidad tenemos 24 acuerdos comerciales con 63 mercados que representan el 63,3% de la población mundial y el 85,3% del PIB global.
El TPP no representa beneficios significativos para nuestro comercio exterior precisamente porque Chile ya tiene acuerdos comerciales en vigencia con todos los países partícipes en este Acuerdo. A mayor abundamiento, no se conoce estudio que acredite lo contrario. Por otra parte, sí se sabe que podría implicar costos importantes para nuestro país, en la medida de que contiene disposiciones que van más allá de los compromisos suscritos con la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en otros acuerdos multilaterales vigentes.
El impulso para la conformación de este Acuerdo esgrime como uno de sus fundamentos centrales la desaceleración de las negociaciones en la OMC desde el 2001, en gran medida por las asimetrías entre países desarrollados y países en desarrollo. Frente a esto, el TPP es el Acuerdo mega regional que posibilitaría el establecimiento de nuevas reglas para el comercio mundial acordes al dinamismo del actual escenario económico internacional, conteste a la diversidad de sus economías integrantes.
Sin embargo, estas nuevas reglas suponen alterar significativamente el ya frágil equilibrio entre el régimen normativo del comercio internacional y los ámbitos propios del sistema internacional de derechos humanos, tales como salud, medio ambiente y laboral, por nombrar algunos. Asimismo, fragiliza aún más la relación entre mercado internacional y soberanías nacionales.
En TPP, EEUU y sus principales aliados (Japón y Canadá) se proponen establecer un estándar muy por encima del vigente, obligando a los países en desarrollo a implementar normas que en nada responden a las necesidades y desafíos propios de sus realidades y muy por el contrario, delimitan el curso de su historia a un trazado hecho a la medida de estas potencias. Esto es especialmente visible en el capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo.
Nuestro país recientemente tuvo que implementar en su ordenamiento jurídico exigentes estándares comprometidos en el Tratado de Libre Comercio con EEUU, suscrito el 2004. Para Chile la negociación de dicho tratado fue un proceso difícil tras el cual se lograron equilibrios cruciales y fueron necesarias concesiones significativas. Hoy en este Acuerdo se vuelven a negociar las mismas materias y otras nuevas que profundizan los objetivos de los TLCs de EEUU en Latinoamérica, en detrimento de los intereses soberanos de las naciones. Recordemos el caso de Colombia.
Una de las propuestas más conflictivas del TPP supone modificar nuevamente nuestro régimen de propiedad intelectual. El capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo se desentiende abiertamente del estándar internacional de los ADPIC (OMC) que promueve el equilibrio normativo en pos de permitir innovación a la vez que facilitar acceso y aprovechamiento de las innovaciones de impacto para bienes jurídicos claves como salud y educación. Este equilibrio normativo también atiende la diversidad de desafíos de los países integrantes según sus grados de desarrollo económico. TPP en abierta colisión con estos objetivos se propone, entre otras reformas, la implementación de un estándar de protección ampliado de 12 u 8 años para medicamentos biológicos, recogiendo deliberadamente la demanda de la industria farmacéutica norteamericana. Esta propuesta sigue en negociación y representa la última “línea roja” para nuestro país, lo que se espera resolver esta semana para el cierre definitivo de todo el Acuerdo. Para Chile, con un mercado absolutamente desregulado para farmacéuticos, con un régimen de protección de fármacos ya complejo tras lo comprometido en el TLC con EEUU, ir tan sólo un año más allá en protección significa llevar al desastre el presupuesto para salud, en particular, para el tratamiento de enfermedades de alto costo, como las incorporadas en la Ley Ricarte Soto. Así lo ha señalado en reiteradas oportunidades nuestro Ministerio de Salud.
Hoy los negociadores se encuentran en Atlanta trabajando arduamente para concluir la negociación. Se ha sabido, Presidenta Bachelet, que usted ha mandatado que nuestro límite es el tema medicamentos. Si no se respeta nuestro estándar de 5 años de protección, no se firma. Sin poner en duda ese compromiso político, el que fuera explicitado por el Ministro Muñoz en el Congreso a mediados de este año, de todas maneras cabe la pregunta, ¿es de veras ese nuestro último y único problema para cerrar el Acuerdo?
¿Se justifica restringir aún más nuestra capacidad regulatoria y el espacio para la generación de nuevas políticas públicas sólo para ser parte de un bloque económico estratégico que por lo demás, no incluye a las potencias asiáticas?
¿Cómo se justifica ser parte de un Acuerdo que no prueba beneficios significativos pero que sí da cuenta de los riesgos que implica su firma?
Presidenta Bachelet, en su Programa de Gobierno usted hizo un compromiso frente a una ciudadanía ávida por el paso definitivo a la democracia, hastiada de sus instituciones heredadas de la dictadura, dispuestos y comprometidos con el forjamiento de una Nueva Constitución. También se comprometió a realizar una revisión exhaustiva de los alcances e implicancias del TPP para velar por el interés de Chile. Ante esto, nos es forzoso concluir que hoy ambos parecen ser compromisos incumplidos. Por favor, considere lo siguiente: la revisión técnica de DIRECON y un par de agencias colaboradoras no es sinónimo de revisión exhaustiva de los alcances e implicancias del TPP. Esto sólo es posible con la participación de la ciudadanía y el parlamento, junto con todas las agencias involucradas. Se trata de un Acuerdo que presenta características de Supra-Constitución, nada menos.
Queremos Nuestra Constitución.
Presidenta, esta es la oportunidad para que saque la voz en nombre del pueblo chileno.
