La decisión del SERVEL de rechazar la inscripción de RD será recordada como una de las excentricidades jurídicas más difíciles de entender del último tiempo.
Las razones invocadas para la censura del nombre «Revolución Democrática» tienen tan poca fuerza, que resulta difícil estructurar un argumento para rebatirlo, sin caer en un diálogo del tipo Napoleón: «Amigo, yo creo que tú no eres napoleón/Te digo que sí lo soy/Amigo, pero todo el mundo sabe que Napoleón está muerto/¿No estás viendo que estoy vivo?», y así hasta la eternidad.
El miedo a las palabras y la consecuente censura de ellas, apunta contra elementos centrales de cualquier democracia. No hay quién desconozca que la libertad para expresarse alcanza la máxima protección jurídica precisamente en los ámbitos del debate político, aun cuando las expresiones usadas sean fuertes, molestas, cuestionables. Un búsqueda rápida en internet podría llevarnos a encontrar literalmente miles de sentencias de los tribunales más importantes del mundo en este sentido (Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Supremo de Estados Unidos, y las Cortes Constitucionales de prácticamente todos los países de Europa y América Latina).
[cita] Aparte de una interpretación inadecuada del derecho aplicable, ¿Cuál habrá sido el objetivo del acto de censura impuesto por este organismo público? ¿Evitar, merced de este cambio, que sus dirigentes consigan financiamiento irregular, interno o externo? ¿Lograr que dejen de sentir simpatía por la democracia de Fidel, Mao o cualquier otra? ¿Dar más garantías al derecho de propiedad (quizá hayan pensado que un nombre del tipo «acción democrática» lo lograría)? [/cita]
Pensar que la palabra «revolución», por si misma, tendrían capacidad de provocar daño a la economía o seguridad de la nación, o sea contraria a la constitución, es una mezcla de infantilismo y falta de juicio de realidad. De hecho, cuando la institucionalidad y la cultura democrática de nuestro país era bastante más débil, el best seller de Joaquín Lavín titulado «La Revolución Silenciosa» no provocó efectos desestabilizadores de ningún tipo.
El aspecto más grave de esta resolución, sin embargo, no es la que afecta al partido que busca constituirse. Es la que tiene que ver con la forma en que las autoridades podrían llegar a entender las normas que nos son aplicables.
Será del todo inútil plantear cambios constitucionales si vamos a tener intérpretes con esta mentalidad. Ni la actual constitución ni ninguna otra operan por sí misma. Todas requieren autoridades que entiendan su sentido y lo pongan en práctica. Del mismo modo como sería inútil entregar a quien escribe estas líneas un violín «stradivarius» para que toque mejor lo que con un violín de raza común no puede, cambiar la constitución manteniendo a los mismos intérpretes y operadores políticos, podría dar pie a una versión aún menos graciosa del chiste de don Otto y su sofá.
Una reflexión final. Aparte de una interpretación inadecuada del derecho aplicable, ¿Cuál habrá sido el objetivo del acto de censura impuesto por este organismo público? ¿Evitar, merced de este cambio, que sus dirigentes consigan financiamiento irregular, interno o externo? ¿Lograr que dejen de sentir simpatía por la democracia de Fidel, Mao o cualquier otra? ¿Dar más garantías al derecho de propiedad (quizá hayan pensado que un nombre del tipo «acción democrática» lo lograría)?
¿No nos aporta acaso más información sobre las ideas del partido y de sus dirigentes el nombre propuesto por ellos mismos? Sabemos que varios de sus dirigentes miraron con simpatía procesos revolucionarios llevados a cabo por la vía de las armas, y es bueno que lo expliciten. El debate político sólo se entorpece con la censura.
La actitud del SERVEL sólo tendría sentido de una forma, pero afortunadamente estoy seguro de que no obedece a los objetivos perseguidos. Porque la censura al nombre de RD funciona muy bien como una movida política, ciertamente mañosa, que ha permitido dar abundante publicidad al nuevo partido, victimizar a sus dirigentes y criticar a una Constitución que decentemente interpretada, jamás hubiera llevado a este exceso.
El SERVEL pareciera tener sólo una posibilidad razonable de actuar: echar pié atrás, y corregir lo hecho.
