«La deuda del Estado con sus territorios, y peor, la introducción de políticas estandarizadas y ciegas a las diferentes formas de habitar, convivir y decidir que tenían las comunidades, ha generado y sigue generando quiebres sociales y desarticulación. Aún es tiempo de dejar de girar en torno al centro, y volver a dar vida al Chile diverso y rico que late en cada rincón».
* Hoy en día es evidente que hay una deuda del Estado respecto al modo en que se relaciona con la comunidad y los territorios más apartados. La ciudadanía manifiesta, a través de su opinión en movimientos o foros y en las encuestas, esta disconformidad, que no sólo tiene que ver con la forma de hacer política, sino que es una sensación de distanciamiento con las esferas de poder, que tiene su correlato en el excesivo centralismo, que históricamente se ejerce sobre un territorio nacional caracterizado precisamente por sus grandes distancias y rica diversidad cultural.
La historia de los lugares evidencia que esta diversidad se generó y enriqueció, en contextos en los que sus habitantes disponían de un control o empoderamiento respecto de los recursos presentes en los territorios en que habitaban, sobre los espacios de explotación de dichos recursos, y sobre el modo en el que interactuaban entre sí. Para decirlo de otra forma: existía una praxis de pertenencia y de autogobierno, sin desestimar por ello la pertenencia a una identidad mayor, una región, un país.
Con el tiempo, el Estado se aproximó a los territorios aislados. Este desafío asumido por obligación, y que ocurrió en el marco dictatorial de un estado subsidiario que tuvo que asumir que el mercado no se interesaba en ciertos territorios, implicó la aplicación de una estrategia de focalización para optimizar la efectividad del gasto público. El problema es que dicha focalización se aplicó uniformemente sin considerar la diversidad de modos de ser, hacer y estar del país, pero además desconociendo las capacidades locales y regionales de tomar decisiones sobre los recursos del territorio. Esta tozudez se mantuvo un vez restaurada la democracia, se ha mantenido hasta ahora, y explica en parte el descontento actual.
En la región de Los Lagos podemos mencionar dos ejemplos: 1) en las islas del mar interior de Chiloé aún no existen condiciones mínimas de presencia efectiva de una Estructura de Oportunidades del Estado, para que sus habitantes aprovechen algunos beneficios otorgados por éste. Básicamente, se trata de miles de familias que ganan, en su mayoría, menos de $100 mil mensuales. A pesar de llevar dos décadas conviviendo con la industria salmonera, siguen siendo en buena medida agricultores de subsistencia y recolectores de algas (lo que implica trashumancia). Llevan siglos viviendo en estas islas, pero no poseen títulos de dominio pues siempre fue válido, para la cultura local, el reconocimiento consuetudinario de sus parcelaciones y traspasos, los que dependen en gran medida de la confianza y en la palabra. Dadas estas barreras, es predecible que las familias mencionadas no puedan considerar la Estructura de Oportunidades Estatal como un apoyo a sus habitabilidades y vidas. Sin embargo, actualmente y tras experiencias muy positivas como el Plan Excepcional de Vivienda de San Juan de la Costa (dirigido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en coordinación con la I. Municipalidad de San Juan de la Costa y la Fundación Superación Pobreza), es posible pensar que estos obstáculos sean considerados como parte de un modo de habitar que sí es válido localmente, y que requiere, por tanto, la adecuación de las políticas públicas para integrarse al territorio, y no forzarlo.
Pero no sólo ocurren estos fenómenos en el sur de Chile, donde aún permanecen sus habitantes viviendo en la ruralidad e insularidad: en la región de Arica y Parinacota la concentración de los habitantes en la ciudad de Arica demuestra que el despoblamiento de su territorio rural ha ocurrido de manera dramática, con más del 98% de la población regional habitando dicha ciudad. Se hace evidente aquí que la Estructura de Oportunidades urbana ha motivado procesos migratorios probablemente irreversibles en el mediano plazo, invisibilizando y anulando completamente la perspectiva de oportunidades en el ámbito rural y comunitario. En dicho contexto, el 72% de los territorios de esta región se encuentran afectados por aislamiento, sin que todos los esfuerzos municipales, estatales y de organizaciones sociales hayan logrado disminuir esta situación o al menos frenarla. Nos preocupa observar que estamos ante un orden público y un Estado que impone y mantiene un tratamiento homogéneo y uniforme de sus políticas públicas, de la gran mayoría de los instrumentos públicos, y de la distribución de los recursos girando siempre en torno a su centro y recordando su periferia cuando se considera afectado en sus límites administrativos; o cuando busca facilitar la explotación privada de materias primas. Es bajo esta situación que se genera una tensión negativa entre un territorio natural y cultural diverso, que fue capaz de hacerse cargo de sí mismo por siglos, y un orden público uniforme, que no reconoce capacidades en sus ciudadanos y anula procesos de gobernanza locales de larga data.
Aysén es otro ejemplo de la permanente tensión entre el centralismo y el ser, hacer y estar del territorio. La focalización que busca priorizar quienes son más vulnerables, pobres o excluidos, con criterios centrales y estándares, desconoce completamente las dinámicas locales y los ritmos bio-sociales, generado además del beneficio de la focalización en los más pobres, efectos no esperados de segregación y desestructuración del capital social local, descompensación territorial de la población, etc. Un ejemplo es el sistema de financiamiento de la educación actualmente vigente, que opera a través de subvención por asistencia. Es decir, las unidades educacionales existen según la demanda. Bien para los territorios con gran número de población. Sin embargo, en territorios pequeños y aislados el número de habitantes/niños no cubre la matrícula mínima para operar un establecimiento de educación básica, menos aún educación media. En el mejor de los casos, la compensación a dicho efecto es que los Municipios subsidian grandes cantidades de recursos a través del Fondo Común Municipal para evitar cerrar el servicio de educación local. La situación se hace crítica si no se modifica definitivamente la disposición de traspasar 7° y 8° a Enseñanza Media. Los efectos más complejos se dan en territorios que cerraron o no poseen escuelas o liceos y los estudiantes deben cubrir grandes distancias para vivir en el establecimiento o en una familia de acogida. No es necesario describir los detalles, pero efectivamente la desvinculación de la familia de origen, de su comunidad, de su territorio y cultura son parte de las causas de la migración sin regreso de los jóvenes y las muchas problemáticas sociales asociadas a este proceso.
La deuda del Estado con sus territorios, y peor, la introducción de políticas estandarizadas y ciegas a las diferentes formas de habitar, convivir y decidir que tenían las comunidades, ha generado y sigue generando quiebres sociales y desarticulación. Aún es tiempo de dejar de girar en torno al centro, y volver a dar vida al Chile diverso y rico que late en cada rincón.
*Son coautores de este artículo los directores regionales de la Fundación Superación Pobreza de Arica y Parinacota, Edwin Briceño, y de Aysén, Irina Monred.
