El 9 de julio de 2015, el Gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que pretende reformar el Código de Aguas (Boletín N° 7543-12), por medio de la cual se espera fortalecer las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA), permitiéndole reducir temporalmente el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de las aguas, exigir la instalación de sistemas de medición de caudales y niveles freáticos, además de implementar un sistema de transmisión de la información que se obtenga. Este proyecto también busca que la DGA pueda autorizar o disponer el trasvase de aguas entre cuencas, lo que permitiría “el traspaso” de caudales de aguas de una cuenca a otra. De esta manera, la reforma persigue que el recurso agua disponible en ciertas zonas del país sea trasladado por sendas obras hidráulicas a otras regiones donde no exista disponibilidad de aguas para el desarrollo de proyectos de inversión u otras iniciativas.
En términos muy imprecisos, el Gobierno faculta a la DGA para autorizar o disponer (entendemos, cuando así se le solicite o ella lo decida de oficio) el “traslado” a otras cuencas “de los recursos hídricos disponibles”, sin aclarar cuándo debemos entender que hay disponibilidad o para qué se entiende disponible el agua. El proyecto de ley señala además que este “traspaso” (que en otros países es conocido como “trasvase de cuencas”) se podrá hacer con las “aguas residuales” de los ríos o cauces naturales en su tramo inmediatamente anterior a su desembocadura en el mar, estando obligada la autoridad a considerar un caudal ecológico en este tramo.
La alternativa propuesta es ambientalmente muy compleja y merece mayores reflexiones. Ella no se hace cargo de la compleja relación río/mar o las interacciones ecológicas que han existido entre las cuencas, sus sistemas fluviales y sus áreas costeras-marinas de influencia. En la VIII Región, por ejemplo, el agua del Bío Bío “no se pierde en el mar” (como se escucha con frecuencia), sino que ella (y sus nutrientes) permiten, entre otras cosas, asegurar parte de la pesca extractiva para la alimentación y economía de nuestra población.
Es importante tener presente que las cuencas hidrográficas, con sus componentes atmosféricos, terrestres e hidrográficos, constituyen sistemas naturales esenciales y de gran complejidad, interrelacionados con otra variedad de ecosistemas (sistemas costeros marinos), cuyos componentes básicos son tanto las aguas superficiales como las subterráneas, que en conjunto brindan una amplia diversidad de bienes y servicios ecosistémicos a la sociedad.
La DGA tiene identificadas alrededor de 100 cuencas hidrográficas, repartidas en diversas regiones del país. Por su parte, la Comisión Nacional de Riego identificó (el año 2013) cerca de 10 cuencas con déficit hídrico, ubicadas desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Metropolitana. Pese a ello, la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025 señala que “dentro del contexto mundial, Chile podría ser calificado como un país privilegiado en materia de recursos hídricos, puesto que al considerar todo el territorio chileno, el volumen de agua procedente de las precipitaciones que escurre por los cauces es de 53.000 m3 por persona al año, superando en 8 veces la media mundial (6.600 m3/habitante/año), y en 25 veces el mínimo de 2.000 m3/habitante/año que se requiere desde la óptica de un desarrollo sostenible”, considerando la alta disponibilidad que de este recurso hay en el sur del país. Así, Chile ocupa el lugar 14 en el mundo en cuanto a riqueza de disponibilidad de agua, pero el problema es que nosotros hemos hecho una ocupación del territorio muy deficiente, ya que estamos concentrando la población en Santiago y sus alrededores, área que muy pronto va a ser deficitaria respecto de este recurso.
Ahora bien, si desde un punto de vista económico el “trasvase de cuencas” puede constituir una salida más que atractiva para alcanzar los niveles de crecimiento económico que el país se ha fijado, desde el punto de vista ambiental y social una medida como la indicada puede implicar alteraciones en los balances hidrológicos y, con ello, un alto deterioro de nuestra biodiversidad ( a nivel de especies y ecosistémica) y una mayor conflictividad social, situación que se ha dado en otros países. La experiencia de trasvase de cuencas que existen en otros países así lo demuestra, tal como ha ocurrido en México o España, donde aún se discute el éxito de este tipo de proyectos hidráulicos.
[cita] El “trasvase de cuencas” puede constituir una salida más que atractiva para alcanzar los niveles de crecimiento económico que el país se ha fijado, desde el punto de vista ambiental y social una medida como la indicada puede implicar alteraciones en los balances hidrológicos y, con ello, un alto deterioro de nuestra biodiversidad (a nivel de especies y ecosistémica) y una mayor conflictividad social, situación que se ha dado en otros países.[/cita]
Dentro de los costos ambientales, sociales y económicos del trasvase de cuencas, están no sólo aquellos que se dan en las cuencas que “donan” las aguas, sino también en las cuencas receptoras, así como en las zonas afectadas por las obras que permitirían el traslado de las aguas. Las más fundamentales problemáticas ambientales que este tipo de iniciativas acarrean la alteración del hábitat fluvial (por alteraciones de los régimen de caudal, el principal factor ecológico por su incidencia en la ecología de los ríos) y de los recursos hidrobiológicos, capacidad depurativa y organismos y microorganismos trasladados, así como la dinámica de los ríos (avance o retranque de los cauces), al igual que la afectación de la calidad de los cauces involucrados en los trasvases, entre otros.
La sola expresión recursos hídricos “disponibles” que emplearía el Código de Aguas en caso de aprobarse los artículos relativos al trasvase de cuencas es cuestionable, dado el alto desconocimiento e inexperiencia que nuestro país tiene respecto de que el agua está realmente disponible (material, ambiental y jurídicamente hablando) y de los servicios ecosistémicos que estos ecosistemas entregan a las comunidades ubicadas en las áreas de influencia directas e indirectas de estas iniciativas.
Desde un punto de vista social, los trasvases de cuencas aumentarán la conflictividad que ya existe sobre las aguas nacionales. Una vez más, los índices de justicia socio-ambiental no serían considerados, puesto que la alta probabilidad de que se utilicen trasvases que extraigan aguas disponibles desde el sur hacia actividades económicas instaladas en el norte del país, generaría que sólo ciertas comunidades se vieran afectadas con la extracción del recurso sin obtener, a cambio, beneficios de ningún tipo, además de los mencionados problemas que los trasvases provocarán en las regiones receptoras de aguas. Por otra parte, estas zonas receptoras tendrán una mera ilusión de que con estas iniciativas saldrán de la situación de escasez hídrica que les aqueja, ya que el solo anuncio de un trasvase de aguas generará que más industrias se trasladen a estas zonas en búsqueda del agua, aumentando el consumo, afectando la calidad de las aguas y aumentando la concentración de la población, entre otras situaciones, que confluirán en un aumento de la conflictividad social a proyectos que puedan ser considerados como la gran solución a los problemas que actualmente les aquejan.
Partamos, entonces, por reconocer que esta “solución” del trasvase no podrá resolver los problemas de fondo que nos aquejan: la nula planificación territorial o la mala ocupación del territorio de Chile, que ha concentrado la población urbana, justamente en la mitad del país que tiene escasez de agua, pues más del 70 % de la población y las principales actividades productivas se localizan desde Santiago al Norte, donde junto a la escasez del recurso hídrico debemos agregar la escasez en recursos energéticos (olvidando que ambos recursos van de la mano).
Y junto con asumir que debemos de manera urgente planificar debidamente el uso del suelo y de las aguas; antes de “importar” esta “solución”, es imperioso detenernos y analizar seria y como interdisciplinariamente la efectividad del “trasvase de cuencas” en otras latitudes.
