Opinión
Lo más grave es que un número muy importante de estas supuestas consultorías se vincula directamente a la prestación de servicios en el ámbito de las comunicaciones. Siendo todavía más específicos, han aparecido vinculadas varias empresas y personajes del mundo de la Comunicación Estratégica.
El 23 de octubre es el plazo fatal que tiene Marco Enríquez-Ominami para presentase ante la Fiscalía en calidad de imputado por los aportes ($362 millones) que SQM Salar entregó a la empresa Warner Comunicaciones, Publicidad y Marketing EIRL, propiedad de Cristián Warner. Hasta aquí el ex candidato presidencial había logrado desligarse del problema y dejar abandonado a su suerte a su colaborador más cercano. Incluso en el PRO trataron de hacerle “la desconocida” a quien, aparentemente, facilitó no solo la factura sino también su prestigio personal y el de su consultora en favor del ex presidenciable. ME-O, por su parte, ha negado cualquier vínculo e incluso insinuó una suerte de complot, pero el sentido común parece indicar que Warner no prestó servicios para la minera no metálica y tampoco se quedó con esos aportes.
Es muy probable que Enríquez-Ominami sea el próximo candidato en perder ese extraño atributo que alguien bautizó como “incombustible”. Ya le pasó a la Presidenta Michelle Bachelet gracias al actuar de su hijo y nuera en el llamado Caso “Caval”. Seguramente Piñera también se verá afectado en el mediano plazo, cuando avance la investigación contra el jefe de finanzas de su campaña. Pero para Marco, esto puede significar perder la “pole position” que alcanzó en la encuesta CEP de agosto. Seguramente será gradual, partiendo por aumentar su nivel de rechazo que llegó al 23%. La palabra “imputado” –que es solo el inicio de una investigación– tiene una carga emocional muy fuerte, genera desconfianza en las personas, pero especialmente provoca aislamiento, como si se tratara de una peste. Si no, pregúntenle al propio Cristián Warner que se quedó solo, sin clientes, confesando hace unas semanas que estaba tratando de vender sus servicios en Paraguay –qué error advertirles a las empresas de ese país que lo hace porque está siendo investigado en Chile–.
Pero más allá de este episodio, hay un elemento en común en casi todos los casos de aportes ilegales, el cual está provocando un daño a la industria de las empresas de Comunicación Estratégica de Chile, que es muy injusto y no se ha dimensionado. Así como lo hizo Warner, las boletas o facturas “ideológicamente falsas” son prestaciones no realizadas que corresponden a áreas de servicio denominadas “blandas”, difíciles de probar o justificables de manera muy poco profesional –como un sistema de recortes de prensa o señalar que fueron “asesorías verbales”–.
[cita]Solo si nos remitimos a SQM, la minera no metálica está siendo investigada por varias facturas que caen en el mismo ítem. Es decir, se podría deducir que al menos habrían tenido unos 200 asesores de comunicaciones y desembolsado varios millones de dólares. Este tipo de situaciones, sin duda, ha instalado la sospecha acerca de estos servicios, además de asociarlos al lobby, tráfico de influencias, entre otros actos cuestionables. [/cita]
Pero lo más grave, es que un número muy importante de estas supuestas consultorías se vinculan directamente a la prestación de servicios en el ámbito de las comunicaciones. Siendo todavía más específicos, han aparecido vinculadas varias empresas y personajes del mundo de la Comunicación Estratégica, como el caso de Azerta, a cuya socia, Cristina Bitar, se le atribuyó el cobro de honorarios vía dineros ilegales en la campaña presidencial de Joaquín Lavín; VOX Comunicaciones, ligada a Laurence Golborne –el SII se querelló recientemente contra él por el caso Penta–; la empresa de comunicaciones Ventus Consulting, en que participan los hijos del Senador Pizarro; Pablo Zalaquett –dueño de Triangular Comunicaciones– que habría prestado asesorías a varias empresas, pero que en definitiva eran aportes para su costosa campaña senatorial, entre otros.
Un capítulo especial merece el caso del senador Fulvio Rossi cuando se divulgó un correo electrónico en el que solicitaba recursos al Gerente General de SQM para un grupo de 32 personas que postulaban a distintos cargos. El tono de la comunicación era coloquial y evidenciaba cercanía, cotidianeidad y confianza con el ejecutivo. Casi todos los involucrados manifestaron gran sorpresa –luego un grupo de ellos se querellaría contra el parlamentario– y el senador reaccionó molesto por la “filtración” y contraatacó con el argumento de que la solicitud fue en el “marco de la ley”.
Agregó que los recursos eran “reservados”, por tanto, sus apadrinados nunca habrían sabido de esta generosa gestión. Todo sonaba muy legal, pero comunicacionalmente iba contra el sentido común de los ciudadanos. ¿Alguien podría pensar que Rossi no se jactaría o les refregaría a los 32 las gestiones que hizo por ellos? Definitivamente no se veía creíble. Lo que sí es un hecho, es que el senador y el gerente de esa empresa sí sabían de estos posibles aportes. ¿Qué podría pasar cuando se deba votar una ley en el Congreso que los afecte o se busque aprobar un proyecto que necesite contar con el beneplácito del municipio vecino a la empresa? Es probable que con la misma confianza, el ejecutivo le escribiera o llamara por teléfono al honorable y le sugiriera o pidiese “la vuelta de mano”. ¿Y qué tiene que ver esto con la Comunicación Estratégica en Chile? Que en un segundo correo el senador corregiría el listado, acotándolo a un grupo más pequeño en el que privilegiaba a su padre candidato, pero añadiría: “Pueden entregarte boleta por asesorías comunicacionales”.
Sólo si nos remitimos a SQM, la minera no metálica está siendo investigada por varias facturas que caen en el mismo ítem. Es decir, se podría deducir que al menos habrían tenido unos 200 asesores de comunicaciones y desembolsado varios millones de dólares. Este tipo de situaciones, sin duda, ha instalado la sospecha acerca de estos servicios, además de asociarlos al lobby, tráfico de influencias, entre otros actos cuestionables.
Creo que este es un momento de aclarar el mal uso de una disciplina que tiene un nivel de desarrollo importante respecto de otros países y hace grandes aportes a las organizaciones. Pero especialmente de aquellos que han contribuido a generar una de las peores crisis políticas de la historia en democracia. Es de esperar que sean capaces de reconocer estas faltas y responder, no solo ante los ciudadanos sino también ante la Justicia. Seguramente les costará mucho recomponer las confianzas con sus electores o tal vez algunos de ellos deban abandonar la política, pero como varios de los involucrados han argumentado por años, podrían estar haciendo un verdadero “servicio público”, no para ellos, sino para la sociedad chilena.
