Opinión
Lo que interesa, a estas alturas, no es que el programa educativo sea neutral respecto de esa intención original, sino que sea neutral –además de frente a las diversas posibilidades ideológicas del nuevo texto– entre las distintas alternativas de mecanismos posibles.
Los anuncios constituyentes de Michelle Bachelet han inquietado a la derecha, especialmente en lo relativo al proceso pedagógico-cívico que inaugura el proceso. El gobierno ha encargado la tarea a la Dirección de Organizaciones Sociales (DOS), que dirige el militante comunista Camilo Ballesteros. De ahí que parte importante de la oposición esté levantando la voz para acusar que el oficialismo está tramando un verdadero programa de adoctrinamiento, afín a las sensibilidades ideológicas de la Nueva Mayoría. Por supuesto, la militancia de Ballesteros es más anecdótica que crucial. La cuestión relevante es si acaso una empresa educativa de estas características puede entregar garantías de imparcialidad a todos los sectores políticos.
La teoría política liberal entrega ciertas pistas para resolver esta cuestión. El filósofo norteamericano John Rawls distinguía entre las doctrinas comprehensivas que abrazaban las personas y el dominio eminentemente político que estructuraba las bases de la convivencia social. El ejemplo tradicional de una doctrina comprehensiva es el credo religioso, pues se sostiene sobre una serie de premisas metafísicas, convicciones morales y aspiraciones normativas que dan sentido a nuestra vida y a nuestra relación con los demás. Pero también, recordaba Rawls, hay doctrinas total o parcialmente comprehensivas seculares. Perspectivas filosóficas como el kantianismo o el utilitarismo entran en esta descripción.
Lo mismo podría decirse de sistemas ideológicos profundamente afirmados, dentro de los cuales Rawls mencionaba al marxismo, al libertarianismo minarquista e incluso a ciertas formas de liberalismo comprehensivo como el expuesto por J.S. Mill. El propio modelo que Rawls defiende en Teoría de la Justicia califica como comprehensivo desde la mirada que desarrolla luego en Liberalismo Político. Aquí, Rawls propone una idea de liberalismo no-comprehensivo sino exclusivamente político. Tomando en cuenta que las sociedades contemporáneas son plurales, el liberalismo político considera que no es legítimo que una parte de la ciudadanía le imponga al resto su doctrina comprehensiva, su visión de la sociedad, su idea de la vida buena. Por tanto, los diversos grupos deben buscar un consenso en torno a los principios e instituciones básicas de la vida social. Ese consenso opera como un mínimo común denominador para las diversas doctrinas comprehensivas. Una de sus expresiones más tangibles es el acuerdo constitucional.
[cita]El temor de la derecha en el debate actual es comprensible. La idea de elaborar una nueva Constitución ha ido –en el discurso de varios actores políticos y sociales– asociada a una serie de demandas sustantivas respecto del contenido que debiese incluirse en ella. Así, algunos confunden la promoción de una nueva Carta Fundamental con el objetivo de atenuar el derecho de propiedad, de nacionalizar algún recurso natural o de consagrar una serie de beneficios sociales, por nombrar solo algunas demandas.[/cita]
El temor de la derecha en el debate actual es comprensible. La idea de elaborar una nueva Constitución ha ido –en el discurso de varios actores políticos y sociales– asociada a una serie de demandas sustantivas respecto del contenido que debiese incluirse en ella. Así, algunos confunden la promoción de una nueva Carta Fundamental con el objetivo de atenuar el derecho de propiedad, de nacionalizar algún recurso natural o de consagrar una serie de beneficios sociales, por nombrar solo algunas demandas. Todos estos son objetivos constitucionales válidos, pero quienes los promueven confunden los planos de la discusión constituyente. Si la DOS de Ballesteros siguiera esta línea argumentativa, las quejas de la oposición tendrían completo asidero.
Sin embargo, si el proceso de educación cívica que se pretende no está conectado a demandas sustantivas propiamente tales sino a la socialización del aspecto procedimental del debate, no hay violación del principio de imparcialidad. Para ello, vale la pena insistir en la idea del liberalismo político. En esa cancha, comunistas como Ballesteros y gremialistas como el senador Hernán Larraín encuentran terreno común a través de un set de reglas cuya racionalidad es compartida. En lugar de obedecer a concepciones ideológicas particulares, el mensaje central a comunicar es que chilenas y chilenos exploraremos la posibilidad de construir un nuevo pacto constitucional que refleje nuestros acuerdos de convivencia básicos. Ése es el papel que debe cumplir un gobierno “neutral” respecto de las distintas alternativas comprehensivas en disputa.
Este planteamiento resiste dos objeciones. Primero, que los resultados de un proceso constituyente de estas características no serán completamente neutrales. En teoría, eso es correcto. Dependerá de la fuerza electoral y representativa de las partes en competencia. En un modelo equilibrado, los consensos serán amplios y fundamentales. Proyectando el espíritu del liberalismo político, los actores políticos serán alentados a esgrimir razones públicas y no argumentos sectarios. En cualquier caso, la promesa de imparcialidad no se extiende a los resultados del proceso constituyente, el que será justo en la medida que el procedimiento haya sido correctamente observado. El liberalismo del mínimo común denominador invita a todos a jugar con las mismas reglas, pero no predetermina el marcado final.
La segunda objeción es que ningún proceso pedagógico puede ser neutral si parte de la base de que Chile necesita una nueva Constitución. En efecto, el itinerario descrito por Bachelet contempla una serie de pasos pero siempre en el entendido de que lo que resta por despejar es una cuestión metodológica. Quienes bajo ninguna circunstancia quieren un nuevo texto están en desventaja frente al despliegue de recursos fiscales que hará la DOS.
Pero esa es una batalla que, en cierto modo, ya se perdió en las elecciones presidenciales de 2013, toda vez que el programa victorioso explicitaba las intenciones constituyentes de la Nueva Mayoría. Lo que interesa, a estas alturas, no es que el programa educativo sea neutral respecto de esa intención original, sino que sea neutral –además de frente a las diversas posibilidades ideológicas del nuevo texto– entre las distintas alternativas de mecanismos posibles.
Por todo lo anterior, las críticas que varias figuras de RN y la UDI han esbozado a este respecto son perfectamente rebatibles. Si el gobierno, a través de la DOS, impulsa un programa de educación cívica que subraye las propiedades del liberalismo político en tanto consenso traslapado de diversas sensibilidades políticas, estará siendo fiel a su promesa de imparcialidad. En esta tarea particular, Ballesteros no puede ser marxista sino rawlsiano.
