Desde la recuperación de la democracia, Chile ha avanzado sustantivamente en materia de reducción de la pobreza y la extrema pobreza. Del 38.6% de pobreza que teníamos en 1990, descendimos a un nivel de 7.8% en 2013 utilizando una metodología comparable, lo que ha sido destacado por todos los organismos internacionales.
Sin embargo, a medida que el país fue mejorando sus índices de desarrollo humano, se fue incrementando el PIB per cápita, cambiaron sus patrones de consumo y se hizo más compleja la comprensión de la pobreza y la vulnerabilidad. Surgió la necesidad de contar con instrumentos más sofisticados para elaborar las políticas sociales.
El actual gobierno asumió decididamente este desafío, y es así que en 2014 implementamos dos cambios muy importantes. En primer lugar, perfeccionamos la metodología de medición de pobreza por ingresos, que se había mantenido sin modificaciones desde 1987, ajustándola a los patrones de consumo actual de la población. Utilizando esta metodología más exigente, pudimos determinar que la pobreza por ingresos en Chile alcanza en realidad al 14.4% (para el mismo año de referencia 2013).
En segundo lugar, instauramos una nueva medición de la pobreza multidimensional, que implica un verdadero cambio de paradigma para comprender y evaluar la pobreza, ya que, reconociendo que los ingresos son un factor vital para el bienestar de los hogares, se considera que este también depende de la satisfacción de las necesidades en educación, salud, trabajo, seguridad social y vivienda. En consecuencia, medir estas dimensiones sociales del desarrollo permite reflejar más adecuadamente las condiciones de vida de toda la población.
[cita] Una solidaridad institucionalizada que funciona en conformidad con el principio de justicia facilita la gobernabilidad y el sentirse parte de un “nosotros”. Esto es consistente con los desafíos programáticos del actual Gobierno, particularmente con la reforma tributaria, la reforma educacional, el fortalecimiento de los derechos colectivos del trabajo y la ampliación del sistema de protección social [/cita]
El nuevo Premio Nobel de Economía, Angus Deaton, señaló recientemente que la medición de la pobreza en América Latina se había quedado atrás. En contraste, Chile –junto a Costa Rica, México y Colombia– está ocupando un rol de vanguardia en este ámbito, bajo la premisa, que destaca este economista de la Universidad de Princeton, de que “solo con una medición correcta podemos pensar en las soluciones adecuadas”.
Justamente, imponernos una vara más alta y una mirada más holística sobre las distintas dimensiones del bienestar, nos permite evitar caer en la autocomplacencia y podemos plantearnos políticas públicas más integrales. De hecho, al usar esta metodología y sobre la base de la CASEN 2013, el Ministerio de Desarrollo Social estableció que la pobreza multidimensional alcanza el 20.4% de la población y, de ellos, el 14.9% no son pobres según ingresos pero mantienen carencias en otras dimensiones del bienestar.
Ahora bien, es indudable que un Sistema de Protección Social como el que ha ido construyendo Chile a lo largo de los años es fundamental para combatir la pobreza, ayudar a las personas y familias en situación de vulnerabilidad (lo que incluye a sectores medios) y garantizar derechos de manera progresiva. Pero para que tal sistema funcione de manera eficiente y equitativa, se requiere un sistema de apoyo a la selección de usuarios de prestaciones sociales adecuado. Ese es otro de los cambios que estamos implementando: la creación de un Registro Social de Hogares, el que entrará en vigencia gradualmente a partir de enero de 2016.
Este sistema reemplazará a la actual Ficha de Protección Social (FPS), que fue útil durante un periodo –dadas las capacidades del Estado chileno y las bases de datos integradas disponibles en ese entonces–, pero que adolece de problemas técnicos y es fuertemente cuestionada por la ciudadanía, por considerarla injusta, poco transparente y arbitraria, ya que los puntajes derivados de ella no reflejan adecuadamente la realidad social.
El problema matriz de la FPS es que se basa en información declarada o autorreportada por las personas, sin contrastarla con información objetiva existente en distintos registros administrativos de instituciones públicas y privadas con las que las personas y hogares se relacionan. El nuevo sistema, por lo tanto, recurrirá ampliamente a los registros administrativos del Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil, la Superintendencia de Pensiones, las ISAPRES, FONASA, el Seguro de Cesantía y el Registro Escolar de Chile, entre otros. Esto permitirá constatar rentas del trabajo, rentas del capital, posesión de propiedades o vehículos, valor de los planes de salud y valor de las colegiaturas de los hijos –por ejemplo–, datos objetivos que harán posible determinar la condición económica real de los hogares, y lo que es más necesario, sus ingresos efectivos.
Por otro lado, el Estado adquirirá un rol más activo en la responsabilidad de identificar y seleccionar potenciales beneficiarios del Sistema de Protección Social; y la prioridad no estará en la persecución de los llamados “falsos pobres” –terminología utilizada por autoridades del Gobierno anterior, que no nos parece adecuada– sino en la correcta y equitativa asignación de los beneficios a los usuarios, excluyendo a los sectores de mayores ingresos detectados por los mecanismos de control.
Además, se homogenizarán los procedimientos y criterios a utilizar por las municipalidades para el registro de usuarios del sistema, y se contará con mecanismos de actualización, rectificación y complemento de información expeditos.
En definitiva, el nuevo sistema se regirá por datos objetivos y por los principios de transparencia y justicia, lo que resulta fundamental para que las condiciones de acceso a los distintos beneficios y prestaciones del Sistema de Protección Social sean percibidas como legítimas.
Esto último es de vital importancia, porque las políticas de transferencias, de promoción social y de garantías de derechos están vinculadas también con la legitimidad del sistema democrático, en tanto apuntan a la inclusión y la cohesión social, y a generar condiciones de ciudadanía para todos y todas. En el fondo, democracia y derechos sociales se retroalimentan mutuamente, y lo que buscamos es que ello ocurra en un sentido positivo.
Una solidaridad institucionalizada que funciona en conformidad con el principio de justicia facilita la gobernabilidad y el sentirse parte de un “nosotros”. Esto es consistente con los desafíos programáticos del actual Gobierno, particularmente con la reforma tributaria, la reforma educacional, el fortalecimiento de los derechos colectivos del trabajo y la ampliación del sistema de protección social.
Quisiera destacar, finalmente, que el nuevo Registro Social de Hogares está en coherencia con el enfoque de pobreza multidimensional y proporcionará información clave para construir políticas sociales más holísticas y para repensar los programas sociales vigentes, tanto desde la perspectiva de su pertinencia como de su articulación. Ambos desafíos son cruciales para el Ministerio de Desarrollo Social.
