El reciente caso de colusión de precios durante 10 años por parte de las empresas papeleras CMPC (grupo Matte) y SCA (ex PISA), descubierto por la Fiscalía Nacional Económica, ha generado una serie de reacciones sobre la crisis de confianza y legitimidad del modelo económico imperante en Chile. En esta columna de opinión y reflexión ética, quisiera ofrecer una propuesta constructiva con horizonte de futuro y largo plazo basada en la Economía del Bien Común.
El modelo económico neoliberal imperante busca como criterio de éxito a nivel empresarial la maximización de beneficios y la acumulación de capital. El balance financiero es el que manda por sobre toda otra consideración ética. Es secundario si se genera trabajo decente o precario, si se contamina el medioambiente o hay producción limpia, si se respeta a los consumidores o se les estafa, si se pagan los impuestos debidamente o se buscan mecanismos de elusión y/o evasión, etc. Los ejecutivos están contratados para maximizar el valor de los accionistas como “prioridad sagrada”. A ellos se les pagan altas remuneraciones y bonos a modo de incentivos para cumplir las metas aprobadas por los dueños del capital. Una empresa exitosa, en los parámetros de este modelo, es aquella que genera riqueza, crecimiento, acumulación de capital, sus acciones se cotizan alto en bolsa y muestra un balance financiero solvente.
A nivel macro-país, el éxito se mide por el crecimiento económico, el PIB per cápita. Hay preocupación en las autoridades políticas y económicas cuando el crecimiento se estanca. Pareciera no importar o pasar a segundo plano de qué manera se crece, si aumentan o disminuyen las desigualdades, si se conserva el medioambiente limpio o se destruye, si se genera trabajo decente con derechos colectivos o empleo precario con bajos salarios, si la confianza aumenta o disminuye entre los ciudadanos y las instituciones democráticas, si aumenta la corrupción o hay transparencia, si aumenta la violencia o prevalece la paz social, si la gente está contenta o crece el malestar y la indignación.
[cita tipo=»destaque»] La propuesta de la Economía del Bien Común apunta a cambiar el actual sistema de incentivos del sistema económico, sin sustituir el mercado al cual se le reconoce como un mecanismo eficiente de asignación de recursos pero sin idealizarlo ya que presenta múltiples fallas y arbitrariedades.[/cita]
En el modelo de la Economía del Bien Común, propuesto por el académico de la Universidad de Viena Christian Felber (2012), hay una redefinición del éxito empresarial donde lo que realmente importa es maximizar el aporte o contribución al bien común desde las empresas. El rendimiento financiero se convierte en un medio que posibilita esa finalidad, el capital tiene meramente un carácter instrumental superando la lógica de idolatría (fin en sí mismo) y codicia que el actual modelo neoliberal fomenta de manera estructural. El balance financiero pasa a segundo plano y lo que realmente importa es el puntaje que obtiene la empresa en el balance del bien común, a mayor puntaje agregado mayor aporte al bien común. Los valores que mide el balance son respeto a la dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, participación democrática y transparencia. Estos valores se cruzan con los distintos grupos de contacto de la empresa, es decir, proveedores, trabajadores, financiadores, clientes o consumidores, comunidad o ámbito social. El balance propone un conjunto de 17 indicadores con sus respectivos puntajes para intentar medir la manera cómo se viven los valores por parte de la empresa en relación a cada grupo de contacto. Además, están los criterios negativos con puntajes que “castigan” a la empresa en el balance agregado si transgrede gravemente las normas de la OIT, hace compra hostil o tiene prácticas de colusión, genera grave impacto negativo en el ecosistema, evade impuestos, y oculta información sobre participaciones económicas a externos (financiamiento ilegal de la política por ejemplo).
Si hacemos un análisis rápido de la empresa papelera CMPC del grupo Matte con este instrumento del balance del bien común (el cual ha sido aprobado recientemente por el consejo económico-social de la Unión Europea para que las empresas lo puedan utilizar en sus informes de responsabilidad social corporativa), seguramente nos encontraremos con una evaluación muy negativa en los indicadores que dan cuenta de una relación ética con los consumidores (estafa a la población con un producto de primera necesidad), en la competencia desleal con otras empresas (guerra de precios, hostilidad frente a la entrada de nuevos competidores), falta de transparencia (10 años de cartel, gobierno corporativo con malas prácticas), impacto negativo al ecosistema a través de Forestal Mininco con masivas plantaciones de pino y eucalipto (materia prima del papel higiénico que consume abundante agua y genera erosión de la tierra entre otros impactos), relación conflictiva con muchas comunidades mapuche que reivindican territorio usurpado donde opera Mininco. Todo esto, sin tomar en cuenta otra acusación de colusión entre la empresa CMPC, Carabineros y la justicia de la época, pero esta vez por violaciones a DDHH cometidos en la dictadura cívico-militar con el asesinato de 19 trabajadores en Laja el año 1973. Aquí haría falta algo más que una declaración pública pidiendo perdón.
La propuesta de la Economía del Bien Común apunta a cambiar el actual sistema de incentivos del sistema económico, sin sustituir el mercado al cual se le reconoce como un mecanismo eficiente de asignación de recursos pero sin idealizarlo ya que presenta múltiples fallas y arbitrariedades (externalidades negativas, tendencia al monopolio u oligopolios, carteles de colusión en los precios, asimetrías de información, etc.) Por tanto es fundamental la regulación del Estado, pero debe ir más allá fomentando y apoyando a aquellas empresas que más contribuyen al bien común (puntaje más alto en el balance), de manera que los productos y servicios que ofrecen en el mercado sean más accesibles a los consumidores. Por otro lado, el Estado debe castigar severamente a aquellas empresas antisociales que más dañan a la sociedad (puntaje negativo en el balance). A modo de ejemplo, CMPC es beneficiaria de la compra pública estatal de papel higiénico (40 millones de U$S en los 10 años de cartel), subsidio a través del DL701 de fomento forestal para las plantaciones de pino y eucalipto (invento de Julio Ponce Lerou cuando era director de CONAF en 1974 y que los gobiernos democráticos han seguido impulsando), acceso a financiamiento barato a través de las inversiones de las AFP con los ahorros previsionales de los trabajadores.
Si queremos una economía al servicio del bien común, deberíamos apoyar con financiamiento accesible, subsidios de fomento, compras públicas, transferencia tecnológica, exenciones tributarias, acompañamiento en los procesos de internacionalización, etc. a aquellas empresas que generan trabajo decente, producción limpia, buena relación con las comunidades, distribución equitativa de la riqueza que generan los trabajadores, son transparentes, tratan bien a los proveedores, en definitiva, aquellas empresas que se comportan éticamente y más contribuyen al bien común. Todo esto debería formar parte de una convención democrática donde se delibere sobre el sistema económico que queremos para en el siglo XXI. Habrá que reflexionar creativa y civilizadamente, por cierto, sobre la propiedad privada de los medios de producción aunque el empresariado tenga miedo o se resista.
El empresariado chileno está en una seria crisis de legitimidad. Buena parte de ellos dicen ser muy católicos. El papa Francisco en su reciente encíclica Laudato Si (n. 93) envía un mensaje que vale la pena reflexionar profundamente en estos tiempos de crisis, “el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada…la iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social, para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. No es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan solo a unos pocos. Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la humanidad”. La sociedad chilena en el siglo XXI exige y se merece empresas decentes, con estándares ético-sociales más altos.
